La ciudadanía no entiende hasta cuándo y por arte de qué o de quién, se desarrollará un plan estratégico adecuado e inteligente para hacer frente a la ola de delitos que vienen ocurriendo no solo en nuestra ciudad sino a nivel nacional, sin que se perciba la mínima intensión de conjurar tal situación.
Analistas entendidos en el tema, señalan, es más, aseguran que la velocidad y crecimiento de la ola delictiva en el país, es producto de la serie de leyes que en su contexto protegen al delincuente con un sinnúmero de beneficios carcelarios, que burlan el cumplimiento de las sentencias impuestas por el único poder autorizado para sancionar todo tipo de delito cometido en el país, el Poder Judicial.
Sabido es que la delincuencia organizada tiene estudiada toda la gama de delitos que están prácticamente protegidos por leyes benignas que atenúan cualquier sentencia, ya que tales leyes, amparan inclusive a los sentenciados por asesinato y terrorismo, sin parar en mientes en la gravedad del delito.
Como si fuera poco, ayer la prensa capitalina dio a conocer como al amparo de las facultades legislativas, se ha elaborado un decreto legislativo que da paso a la impunidad en el cometimiento de delitos sumamente graves, como es el terrorismo; a todos los sentenciados por dicho delito y quienes cometieron brutales asesinatos de la mano con los ataques a los bienes nacionales, por un monto en dólares similar al de nuestra deuda externa.
De acuerdo al texto del citado decreto, todos los procesos, ahora en vigencia, serían archivados permitiendo la libertad de todos los encausados y sentenciados por terrorismo y otros delitos, entre ellos los integrantes del Grupo Colina y los culpables de las matanzas en Cayara, los Barrios Altos y otros.
El citado decreto que lleva el Nº 1097, permite prever que servirá para alentar aún más la ola delincuencial que en estos momentos mantiene en vilo a la población que luce inerme frente a tal peligro, sin que hasta ahora se de una ley que nos proteja.
