Tribunal Constitucional destraba impedimento para juicio oral del alcantarillado II

  • Quizá el más importante del Bicentenario ya que permitirá investigar la presunta mega estafa del alcantarillado II.
  • La parte constructiva del alcantarillado (PTAR, estaciones de bombeo y redes de alcantarillado) que demandó a Loreto casi 1,000 millones de soles.


Por: Luz Marina Herrera Lama.


Desde el año 2013 Loreto venía esperando el juicio oral del alcantarillado II, sin embargo, el empresario Werner Guevara Vargas (conocido ahora como río/Odebrecht por obra en Sedaloreto) se había dado el lujo de paralizar las investigaciones poniendo como pretexto que en Loreto los magistrados no eran independientes y que le recortarían su libertad de tránsito en el extranjero donde tiene propiedades (Reino Unido, Estados Unidos).
Por lo que fue a un juzgado de Piura (Tambogrande) a interponer una acción de amparo que le declararon procedente. Frente a las apelaciones y al ver peligrar su libertad, con fecha 6 de julio de 2018 Werner Saúl Guevara Vargas interpone demanda de hábeas corpus contra Paul Michael Peralta Chota, fiscal provincial adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto.
Bethy Vilma Palomino Pedraza, jueza del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas (ahora integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones). Víctor Jovael Avelino Cruz, fiscal superior adjunto de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas (hoy presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto), Reynaldo Elías Cajamarca Porras (hoy al frente de ODECMA) y Roxana Chavela Carrión Ramírez; magistrados integrantes (en ese entonces) de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
“Werner Guevara Vargas, alega la amenaza cierta e inminente de una posible vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en su manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con su derecho a la libertad de tránsito.
Solicitando que se declare la nulidad de I) la Disposición Fiscal 13-2013 (Folio 18), de fecha 12 de febrero de 2014, expedida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, que dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el recurrente por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y peculado doloso agravado” resume el Tribunal Constitucional.
Lo que llama poderosamente la atención es que la sentencia del Tribunal Constitucional, algo tan importante y esperado para la región Loreto a fin que se inicie el juicio oral del “Alcantarillado II”, salió luego de la sesión del pleno del TC el pasado 10 de marzo 2020. Sí, así como leen 2020 y recién dicha resolución fue publicada en Internet el último 05 de mayo 2021. Y al parecer aún ni notifican de manera formal al poder judicial para que nuevamente inserten el caso en la noria judicial de Loreto.
Sería oportuno que el órgano de control del TC observe ese retraso inmenso en la publicación de sus decisiones que son vitales para la continuidad de una mejor administración de justicia de todo el país. Asimismo, el TC al final de su mandato ORDENA a ODECMA de la Corte Superior de Piura que intervenga frente al trámite irregular que dieron allá. O sea, haber ordenado que se SUSPENDA el proceso penal del alcantarillado II.
Lo que causó un descomunal atraso en esta investigación medular para que se ejecute justicia en Loreto, donde se gastó casi 1,000 millones de soles en un proyecto como el alcantarillado que nunca sirvió a nadie. Ni en los primeros días, donde jugaron a que sí funcionaba cuando la sala de cloración por donde tenían que pasar las aguas pestilentes del desagüe (a fin que salgan limpias al río); era un garaje lleno de excremento de murciélagos, palomas, guarida de sapos y culebras.
“En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 10 de marzo de 2020, los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, han emitido por mayoría, la siguiente sentencia que declara IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus que dio origen al Expediente 04404-2018-PHC/TC” reza el mandato.
ANTECEDENTES.
“Guevara Vargas, alega que su derecho a la libertad de tránsito, específicamente a la libertad de circulación internacional, se encontraría gravemente amenazada al contar con visa, así como propiedades en Estados Unidos y Reino Unido, y ante la posible expedición de un auto de enjuiciamiento en su contra, esta podría ser revocada; toda vez que, de acuerdo con las leyes migratorias de diversos países, es un requisito indispensable no haber sido condenado por algún delito o encontrarse inmerso en algún proceso penal.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda y solicita que sea desestimada al considerar que no existe amenaza de violación cierta y de inminente privación de la libertad ambulatoria del recurrente, en tanto no hay un mandato judicial que disponga la privación de su libertad personal, la cual puede ser una detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria en su contra.
Así, como el cuestionamiento del favorecido se cimienta en conjeturas, posibilidades o probabilidades, se debía desestimar la demanda. Además de señalar que, de dictarse un auto de enjuiciamiento en la jurisdicción ordinaria, esta no es amenaza cierta ni inminente de la restricción de la libertad locomotora del recurrente”.
Resolución de primer grado (lo que generó la traba del inicio del juicio oral del alcantarillado II).
Con fecha 7 de setiembre de 2018, el Primer Juzgado Mixto con funciones de Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Tambogrande de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante la Resolución 7 (folio 734), declaró fundada en parte la demanda por
EXP. N.° 04404-2018-PHC/TC PIURA WERNER SAÚL GUEVARA VARGAS, al considerar que no existía congruencia fáctica entre los hechos investigados (formalización de investigación), los requerimientos acusatorios fiscales subsecuentes.
La Resolución 41 (folio 267) de fecha 28 de mayo de 2018, expedida por el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Penal de Maynas y la Disposición Superior 097-2018-FSEDCF-LORETO (folio 41) de fecha 15 de junio de 2018, expedida por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto.
Resolución de segundo grado.
“Con fecha 15 de octubre de 2018, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante la Resolución 10 (folio 1373), revocando y reformando la apelada, declaró improcedente la demanda al considerar que las disposiciones emitidas por el Ministerio Público no atentan contra la libertad personal, máxime si se encuentran sometidas a un debate penal, donde el juez del proceso ordinario es quien debe decidir al respecto.
En tal sentido, mientras no exista orden judicial alguno que prive al favorecido de su derecho a la libertad personal, de tránsito o cuente con alguna medida de coerción personal que limite su libertad individual, sería un error señalar que existe una amenaza cierta e inminente hacia sus derechos constitucionales”.
“La ejecución de la sentencia estimatoria de primer grado en el presente caso”.
En el presente caso, el juez de la causa, al momento de decidir ejecutar la sentencia emitida en primer grado, se basó en hechos distintos a los que motivaron la demanda de habeas corpus. En efecto, la resolución de primer grado que declaró fundada la demanda determinó que había incongruencia fáctica entre los hechos señalados en la formalización de investigación y la acusación fiscal, y que no se había respetado la cosa juzgada del laudo arbitral que declaró la licitud de los actos referidos en la Carpeta de Control 011-2014-CG-MPROY-EE, así como la cosa decidida sobre la resolución de archivo respecto del señor Ángel Rafael Ortiz Rodríguez.
En cambio, en la Resolución 3 que dispone la ejecución de la sentencia, el juez se pronuncia por aspectos que no habían sido materia de proceso de habeas corpus (los derechos de contar con abogado defensor de libre elección y a los recursos, y cuestiones relativas al derecho a la debida motivación de una resolución expedida en el proceso penal posterior a la sentencia de primer grado en el habeas corpus). Además, la medida consistente en la paralización del proceso no coincide con lo que se ordenó en la sentencia.
En efecto, conforme consta en las fojas 772, la sentencia que declaró fundada la demanda en primer grado dispuso: “[…] requiérase a los magistrados intervinientes en el proceso penal No 303-2014-71-1903-JR-PE-02, cesen en los agravios a los principios constitucionales vulnerados y repongan el estado de cosas hasta antes de su vulneración […]”, lo cual no guarda relación con la orden de suspender el proceso penal.
Al respecto, este TRIBUNAL ADVIERTE que dicha PARALIZACIÓN del proceso penal hasta que resuelva el Tribunal Constitucional no solo pretendía ejecutar una sentencia ya revocada, además de no coincidir con lo dispuesto en esta, sino que en el caso constituye una medida inadecuada por cuanto es contraria al derecho a la tutela procesal efectiva.
Al respecto, emitir una sentencia definitiva que resuelva la controversia sometida a su competencia constituye una obligación de los órganos jurisdiccionales, derivada de la manifestación objetiva del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Como consecuencia de dicha decisión, el órgano jurisdiccional a cargo del proceso penal está imposibilitado de emitir una sentencia que resuelva la controversia de manera definitiva.
Conforme a lo expuesto, más allá de que la resolución que dispone la ejecución de sentencia cita un criterio del Tribunal Constitucional que entonces no había sido revocado expresamente por la jurisprudencia constitucional, esta no se condice con los hechos ni el fallo de la sentencia que pretende ejecutar y resulta violatoria del debido proceso. Esto es a todas luces irregular y se debe dar a conocer a la Oficina de Control del Magistratura, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones” puntualiza el TC, o sea, manda que se investigue la irregularidad.
Efectos de la presente sentencia sobre el proceso penal (ALCANTARILLADO II) que fue materia de cuestionamiento en el presente proceso de habeas corpus.
“Conforme a la propia Resolución 3 de fecha 9 de mayo de 2019, expedida por el Juzgado Penal Unipersonal y Liquidador de Tambogrande, el proceso penal se suspendería hasta el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional. En este sentido, la emisión de la presente sentencia, en la que se declara la improcedencia de la demanda, tiene por efecto la continuación del Proceso Penal 00303-2014-71-1903- JER-PE, el cual ha sido objeto de cuestionamiento en el presente proceso constitucional”.
“No se puede disponer la ejecución de una sentencia que ya ha sido revocada. En este sentido, los operadores de justicia deberán observar lo señalado en la presente
Sentencia. Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, Exp. n.° 04404-2018-phc/tc Piura Werner Saúl Guevara Vargas:
HA RESUELTO. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. Disponer la notificación de esta sentencia a la Presidencia de cada distrito judicial del país para que se tomen en cuenta los criterios expuestos en la presente sentencia respecto de la figura de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado.
Remitir copias de los actuados a la Oficina Distrital de Control de la Magistratura del distrito judicial de Piura para que actúe de acuerdo con sus atribuciones. Firman: Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Espinosa-Saldaña. Como ponente Miranda Canales.
Con lo que el ministerio público y la corte superior de justicia de Loreto, quedan expeditos para continuar ya juicio oral del alcantarillado II a fin que se logre la justicia que por años esta región (donde aún le siguen descontando a los distritos más pobres por el alcantarillado de Iquitos, sin que sean beneficiados) ha estado esperando.

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