Tráfico de la salud

Cuando los negocios no son rectos, se dice, en el argot popular, que ha sido una movida chueca. Y esa es nuestra lectura sobre el escándalo que ha reventado gracias a la publicación en este diario, de un informe de la periodista Luz Marina Herrera, sobre los entre telones existentes en el otorgamiento de la buena pro a una empresa prestadora de servicios de diálisis, convocada por EsSalud.

Los palitos sembrados a lo largo del camino de los requisitos consignados en las bases, como que el local está ubicado cerca a un grifo de combustibles, dirigidos directamente a Servicios Médicos Amazónicos (SMA), son claros indicios de una confabulación para que ésta no entre al proceso de licitación y así dejar vía libre a Consorcio Hemodiálisis Iquitos (CHI) que tiene a la Clínica ONG Selva Amazónica de por medio, para ganar la buena pro. Y así fue.

Pero sucede que Consorcio Hemodiálisis Iquitos, recurre a mover sus hilos llegando la telaraña hasta un medio de comunicación que realiza una campaña mediática contra SMA, ubicada en la zona de Morona Cocha. Lo cierto es que CHI hasta el momento no tiene instalados los equipos para atender a los pacientes de EsSalud, quienes van a hacer su tratamiento en el Hospital Regional, ocupando turnos de otros pacientes, propios del hospital, gente pobre, que gracias al SIS pueden hacer uso de las máquinas donadas por el Gorel.

En este desaguisado tiene responsabilidad el director de ese nosocomio, el médico Martín Casapía, por dejar sin atención a los pacientes del HRL, por dar preferencia a los enfermos de EsSalud, quienes deberían atenderse en Consorcio Hemodiálisis Iquitos, pero este es un centro que no existe físicamente, hasta ahora, como para dar atención, sino que está en fase de implementar sus equipos.

Los intereses de ciertas personas cercanas a la función pública y a una equis organización no gubernamental, no pueden determinar la suerte de quienes necesitan del servicio de hemodiálisis, tratamiento que debe llevarse rigurosamente sin interrupciones ni demoras.

El Ministerio Público tiene en esto, un caso para lucirse, deslindando responsabilidades y castigando severamente a quienes se vean involucrados en el tráfico de la salud.