Tan solo en nueve entidades detectan más de S/ 26 millones de perjuicio para Loreto

  • Confirmado por Contraloría General de la República e implicados tendrían responsabilidad penal y civil
  • Es lo contabilizado en lo que va del año, mientras las acciones de control continúan
  • UGEL Datem del Marañón, perjudicó con S/4´780,932.00 y 17 exfuncionarios comprometidos
  • EPS SEDALORETO perjudicó con S/9´375,952.47 y 10 ex funcionarios involucrados
  • Municipalidad Provincial de Ucayali con S/4´803,647.59 y 26 ex funcionarios investigados

En conferencia de prensa realizada ayer en las instalaciones de la Contraloría General de la República, oficina de Iquitos -Región Loreto, se pudo conocer que en lo que va del año 2019 (enero a agosto) se evidenció un perjuicio económico por S/26´345,610.54 en nueve (9) entidades de la región Loreto.
Precisaron que entre las nueve entidades auditadas por la Contraloría figuran: UGEL Datem del Marañón, donde se evidenció un perjuicio económico por S/4´780,932.00 y 17 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo penal y civil.
En la EPS SEDALORETO se evidenció perjuicio económico por S/9´375,952.47 y 10 ex funcionarios involucrados en presunta responsabilidad penal y civil. En la Municipalidad Provincial de Ucayali encontraron S/4´803,647.59 de perjuicio económico y 26 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo civil y penal.
Además, figura la Municipalidad Distrital de Urarinas con S/3´339,073 de perjuicio económico para la entidad y 10 ex funcionarios con presunta responsabilidad del tipo administrativo y penal, entre otras instituciones.
“A la fecha se ha realizado 354 acciones de control en toda la región, las mismas que se encuentran publicadas en el portal web de contraloría (www.contraloria.gob.pe/buscador de informe de control), al que puede acceder libremente cualquier ciudadano, desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet”, señalo el ing. Luis Tuesta, vocero de la Gerencia Regional de Control de Loreto.
Control en atención de salud a ciudadanía
Durante el operativo nacional de control “Por una salud de calidad 2019” realizado del 20 al 24 de mayo del presente año en siete (7) hospitales, de los cuales cinco (5) pertenecen al gobierno regional y dos a EsSalud se evidenciaron las siguientes situaciones de riesgo que afectan el proceso de gestión sanitaria y atención de emergencias en los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención.
Se detalló que el 71% de hospitales visitados no tienen un código de alarma de emergencia para pacientes con Prioridad I (riesgo inminente de muerte) o este no está disponible, situación que podría afectar la oportunidad y calidad de la atención de estos pacientes y derivar en secuelas graves.
Se evidenció que en el servicio de emergencia constituyen más del 138% las llamadas camas “habilitadas” (camillas, sillas de ruedas, etc.), lo cual afecta la calidad de atención brindada a los ciudadanos que acuden a estas entidades por ser informal e insegura.
Además, los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel han reportado un incumplimiento del 54% de las horas médicas asignadas a la consulta externa. Esta situación viene afectando la oportunidad y la calidad en la atención de los ciudadanos que requieren acceder a una cita médica por consultorios externos.
Asimismo, el 53% de los hechos advertidos en los informes del operativo “Por una salud de calidad 2018” y comunicados a los titulares de los establecimientos de salud, aún persistían a la fecha de realizada las visitas de control del presente año, lo que evidencia una preocupante inobservancia de las Normas Técnicas de Salud que regulan el funcionamiento de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) de Emergencia, Consulta Externa, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia, que fueron visitadas en el año 2018.
Control referido a seguridad ciudadana
Mientras que en el operativo nacional de control “Seguridad Ciudadana 2019” realizado del 10 al 14 de junio de este año en la región Loreto, donde se supervisaron 10 comisarías y 12 municipalidades; dieron a conocer que actualmente existe 1 efectivo policial para 924 ciudadanos y 1 efectivo de serenazgo para 1058 ciudadanos.
El 66.7% de comisarías no contarían con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019” que denotaría falta de acciones articuladas e integradas con las municipalidades. El Plan de Patrullaje Integrado prioriza la vigilancia en los sectores más peligrosos registrados en el mapa del delito de una jurisdicción. Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ambas entidades deben coordinar los planes de patrullaje, bajo el liderazgo de la PNP.
El 97.1% de policías en Loreto requieren de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. De acuerdo al Manual de Patrullaje de la Dirección General de la Policía, los policías deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas. No contar con el equipamiento completo estaría afectando la adecuada prestación del servicio.
El 70% de municipios no habrían regulado el serenazgo a través de ordenanzas lo que pondría en riesgo la formalidad de sus acciones y debilitaría la gestión municipal en seguridad ciudadana.
El 90% no contarían con un sistema de videovigilancia en funcionamiento, lo cual afectaría el carácter disuasivo y preventivo en las vías y espacios públicos.
Mientras la Contraloría tendría equipos acreditados que a la fecha se encuentran auditando diferentes entidades, y que, a diciembre de este año, estarían emitiendo sus informes con nuevos y reveladores resultados.
(Diana López M.)

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