penal

Este es un principio establecido en nuestra norma procesal, que establece en primer lugar que toda petición se formule oralmente a fin de ser resuelta también de manera inmediata de la misma manera. Esto significa que las partes deben estar presentes a fin de hacer su petición y hacer la fundamentación que corresponde, no hacerlo a través de un frío escrito que como dice el refrán  «El papel aguanta todo», basado en el principio de inmediación, el juez tiene en frente de él a quien está solicitando la resolución de algo, lo que resulta evidente es que aquí hay un cambio radical, pues todos estamos acostumbrados a presentar por escrito todas nuestras peticiones las mismas que ingresan por mesa de partes, al día siguiente se entrega al Juzgado que corresponde, luego el secretario lo pone en mesa para resolver  lo que corresponde, si es que ello tiene que ir al fiscal, con un mero decreto se lo remitirá, y luego ha de volver con dictamen del Ministerio Público que pondrá en conocimiento de las partes para sus informes respectivos, y recién se abra el estudio de autos para resolver lo conveniente. La lentitud y magnitud de lo que se ha movido el aparato estatal.

En la cultura Oral se convoca a una audiencia y ahí se presentan todos los pedidos de las partes y se resuelve de manera inmediata, todo quedará grabado y registrado en sistema de audio.

Otro de los temas que tiene como base fundamental de la oralidad es la presentación en audiencia de todos los medios de prueba que han sido aceptados en la etapa intermedia, para que se produzca la incorporación al proceso deben ser oralizados de manera pertinente precisamente en el Juicio oral, no aportación de nuevos medios de defensa, sino los que ya han sido aceptados por las partes en las etapas previas, pues todo lo que se ha investigado sólo tendrá valor si es que es presentado de manera oral en el Juicio, para luego ser valorado de acuerdo a los parámetros de legalidad, pertinencia y razonabilidad, si no se presenta en el juicio oral se estará frente a diligencias que carecen de valor.

No se trata de una supuesta lectura de documentos como se estila en el actual sistema y se supone que ya se ha incorporado los medios probatorios, sino que deben ser debidamente incorporados a través de la base legal pertinente, y deben ser sustentados por quien lo presenta con conocimiento de la parte contraria, a fin de garantizar su derecho a la defensa, esto es si es que tiene alguna objeción o no a la incorporación del  medio probatorio, para su valoración final por parte del juzgador.

Este principio está generando muchas controversias en su aplicabilidad en los distritos judiciales donde ya se viene aplicando el nuevo Código procesal penal, pues mientras que en la mayoría de ellos se intenta respetar su aplicabilidad, eso es dejar registradas todas las audiencias, diligencias y resoluciones de manera  auditivas; sin embargo,  en un distrito judicial porque el Código dice El Expediente penal, lo que viene haciendo es transcribir todo lo que se ha grabado, con lo que se estaría duplicando el registro, en audio y por trascripción lo que está generando un gasto excesivo de recursos, y personal, y generando hasta problemas de personal.

También debemos decir que actualmente ya existe una modificación que se ha hecho a la norma procedimental del cuarenta para que todas las peticiones que hagan las partes se hagan de manera oral y la Sala resulta de la misma forma, sin embargo la mayoría de abogados siguen haciéndolo de forma tradicional.

EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.

En nuestra Constitución política en el artículo 139 establece que es principio y derecho de la Administración de justicia, 4.- «La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medios de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la constitución, son siempre públicos»  como se ve es nuestra norma suprema la que establece la publicidad de los proceso, no sólo para las partes, sino para toda la sociedad en general, esta es una norma que debería aplicarse antes que cualquier norma de menor jerarquía, y los jueces están en la obligación de cumplir.

Pero no sólo los jueces, sino también cualquier otro funcionario ligado a las investigaciones de los procesos, pero por qué no se hace, y aun los jueces, el Ministerio Público tienden a insistir en la «Reserva» del proceso penal, ello es parte de nuestra cultura ancestral, ello deviene de la época feudal, cuando se implementa el sistema Inquisitivo, donde el juez, a la vez instructor, reproduce el sistema de poder autoritario existente en el medio evo, donde la confesión se arrancaba por medio de la tortura, y la confesión era la «Reina de las pruebas», y entonces el juez junto al verdugo establecían que se había producido la confesión y por lo tanto había que cumplir con la sanción que era la pena del garrote, o la hoguera , y entonces el poder autoritario se sentía satisfecho de haber cumplido con su misión de hacer confesar a un imputado que sí o sí terminaba confesando su delito ante su verdugo, por ello no se quería la presencia de nadie, todo era reservado, todo era secreto  No olvidar que este proceso Inquisitivo correspondía a un Estado Monárquico, donde el propio Rey se creía de procedencia divina y por lo tanto soberano de todos los seres humanos, y con su poder de vida sobre los seres humanos y por lo tanto no estaba obligado a dar cuenta de sus actos sino sólo a Dios, de ahí su gran alianza con la iglesia Católica con la que cogobernaba y con la que administraba justicia a través  de la Santa Inquisición.

Sin embargo, han pasado muchos años y se ha producido una Revolución en América que independizó a las colonias de Inglaterra, se produjo la Revolución  Francesa, donde se cambiaron las bases de un Estado monárquico por la Democracia, donde existen poderes del Estado, y primos inter pares. Pero sobre todo la igualdad de todos los seres humanos, se ha aceptado una Declaración universal de Derechos Humanos en 1948, se ha convenido Pactos internacionales de Derechos civiles y políticos, se han reconocido derechos a los ciudadanos, y se han establecido las bases de los Estados democráticos de Derechos donde la estructura de los que detentan el poder,  ha reconocido que la única forma para convivir en paz es a través de la democracia, del respeto al verdadero soberano que es el pueblo, y por lo tanto es a él a quien hay que informar de lo que hacen sus  autoridades, y nada menos que los jueces que   Administran justicia en nombre del pueblo, y ello se hace a través de la publicidad, que se ha convertido en un derecho y una garantía.

Es un derecho de todo el pueblo a ser informado de lo que hacen todos los funcionarios públicos en su nombre, por lo tanto se convierte en una obligación de los funcionarios a informar de manera permanente al pueblo de lo que se está cumpliendo con las funciones atribuidas, por mandato constitucional o legal, y en el caso del  proceso penal es un derecho del pueblo a participar en las diligencias que se hacen a través del Poder judicial, que se ha consagrado en el mandato Constitucional antes mencionado.

Es también una garantía que el proceso se está haciendo con toda transparencia e independencia por parte del juez, y sus resoluciones están fundadas en las razones expuestas por las partes en una audiencia pública.  Ya nuestro Tribunal constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades que la publicidad es un derecho y garantía en la administración de justicia, porque se deben respetar los derechos establecidos en nuestra norma constitucional.

Siempre se piensa que no obstante estas situaciones es un peligro que la prensa se inmiscuya en las causas penales, pero ello no tiene asidero circunstancial puesto que estamos hablando de un Verdadero Estado democrático de Derecho Constitucional donde los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados, y los medios de comunicación no están excluidos de este respeto a la dignidad de la persona a partir de una auto regulación de su propio poder. (WGN)

En este enfoque el doctor Aldo Atarama, luego de una revisión de textos sobre el tema, hace un compendio, sobre el importante tema de la reserva legal y los derechos fundamentales, tema que será de mucho valor para todas las personas que, en la mayoría de los casos, desconocen sobre sus derechos fundamentales. Para el próximo lunes 26, estaremos publicando sobre la Oralización en los procesos judiciales.

Reserva legal y judicial en la afectación de derechos fundamentales.

Es evidente que al interior de un proceso penal se tiene que tomar decisiones sobre la restricción de los derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la libertad de tránsito, cuando haya un mandato de detención, o restricción del derecho a salir del lugar donde vive, esta es una constante y una decisión que muchas veces se ve afectado de manera casi permanente, y lo que este principio hace es establecer que esta restricción de los derechos fundamentales debe ser excepcional, debe ser necesario, y debe ser temporal, y debe estar debidamente justificado, que el Juez no ha tenido otra alternativa que resolver con esta restricción de derechos fundamentales porque existe el peligro procesal.

Sin embargo y no obstante lo anteriormente mencionado, se trata de tomar esta decisión de una manera racional lo que quiere decir que esta decisión haya sido debidamente reflexionada por el órgano jurisdiccional y sobre todo sea proporcional, los cuales constituyen ahora parámetros fundamentales para que el juez establezca cuáles son las medidas cautelares que se tengan que tomar dentro de un  «debido proceso penal», esto en función que los derechos fundamentales tiene primacía  en virtud de la  superioridad de la persona humana  antes que la sociedad y el Estado, conforme lo señala la constitución política del Estado en concordancia con normas internacionales de Derechos humanos.

No nos olvidemos que todos los conceptos básicos del nuevo proceso han cambiado con la asimilación al sistema acusatorio -adeversarial y  garantidita- donde el juez es quien ha de vigilar que las partes cumplan con los presupuestos y estándares mínimos  de respeto a los derechos fundamentales, de ahí que las medidas restrictivas de estos derechos deban ser fundamentadas suficientemente, y que no sean disposiciones superficiales sin mayor fundamentación. Por ello en otros lugares  (Chile y Colombia) se habla de un juez de garantía porque es quien desde su potestad de administrar justicia hace eco de su función básica, la de velar por el respeto de los derechos fundamentales.

Todos sabemos que el derecho fundamental después de la vida es nada menos que la libertad, el Estado a través de varias disposiciones legales ha establecido que esta libertad debe ser respetada de manera central, y por ello es muy exigente en el cumplimiento de la ley que exige que para disponer una detención se debe cumplir con los requisitos básicos de presunción de pena mayor a un año, suficiencia de elementos de prueba que vinculen al sujeto imputado con los hechos materia de la imputación y el peligro procesal de que vaya a regir a la justicia o tenga la posibilidad de perturbar  la actividad probatoria, pero además debe estar debidamente motiva la medida cautelar de detención y esta debe ser proporcional a los hechos materia de la imputación.

Esta medida debe ser tomada una vez que se haya entrevistado a la persona, como parte del principio de inmediación no como se hace ahora, «No he conferenciado con el imputado», pero dispongo su detención despersonalizando la medida de detención, como si se tratara de una decisión intrascendente, cuando se está decidiendo sobre la libertad de una persona.

EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.

Este es un privilegio que tiene toda persona, y constituye una garantía fundamental para todo imputado, que está reconocida en todos los sistemas acusatorios modernos y que tiene su base jurídica en las normas internacionales de Derechos Humanos, y por supuesto en nuestra norma constitucional, cuando señala que «nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo».

Este principio se traduce de la siguiente manera, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, es un derecho a guardar silencio, y por lo tanto la declaración que haga es un medio de defensa que no puede ser obligada, sino potestativa de mi derecho a defenderme, sin embargo cuando hago uso de mi derecho a declarar lo hago para defenderme no para auto inculparme. Esto significa que quien haga uso de un interrogatorio debe advertir a las personas que tienen derecho a guardar silencio, y que cualquier cosa que diga puede ser usado en mi contra. Esto significa que el declarante debe entender que se trata de un derecho a guardar silencio, a no auto inculparse y que si voy ha hacer cualquier tipo de declaración debo ser consciente de que lo estoy haciendo voluntariamente sin ninguna condición o restricción, y por supuesto cualquier tipo de confesión que haga debe estar garantizada por esta voluntariedad, pero sobre todo legalidad. Reiteramos es un derecho a guardar silencio, pero una vez que haga uso de mi derecho a declarar debo hacerlo con honor a la verdad, por ello no existe un derecho a la mentira.

El maestro Chielsa describe así este derecho «en suma, el acusado tiene derecho constitucional a no ser llamado a declarar y no meramente a no contestar preguntas cuando hacerlo tienda a incriminarse. La diferencia es importante, pues si se permite que el acusado sea llamado a declarar, tendrá que invocar el privilegio contra la autoinculpación frente al jurado o juzgador y podría lucir mal en la silla testifical, con la potencia del juicio real, por más que jurídicamente se diga que el silencio legítimo del acusado no pueda usarse en su contra». (Ernesto Chielsa Aponte. P.119).

Este derecho puede ser invocado por cualquier persona, tenga la condición de procesado o testigo en un proceso penal. Frente a un interrogatorio en una investigación o en el propio juicio oral, es decir no está obligado a declarar si es que su dicho lo va a comprometer o dicha declaración puede ser usada como prueba de cargo. Este principio está en relación con la presunción de inocencia, pues quien está encargado de probar la responsabilidad del imputado es el Ministerio Público no el propio imputado. Esto quiere decir que cualquier persona está en el derecho de manifestar su negativa  declarar porque es un privilegio hacerlo, y ello debe ser respetado por todas las autoridades, desde las administrativas, policiales, el ministerio público y los jueces, quienes han de garantizar el derecho de toda persona..

Frente a este derecho se tiene que las personas en su mayoría dicen ¿Cómo que es un derecho a no declarar? ¿Cómo entonces vamos a probar que esta persona ha participado en tal o cual hecho? La respuesta es a través de los medios de prueba idóneos, y obtenidos con legalidad, no de cualquier manera, no violando los derechos fundamentales, sino más bien respetándolos, nuestra propia constitución establece que cualquier medio probatorio obtenido con violación de derechos fundamentales carece de valor.

Esto significa que si es un documento o acta en la cual se auto incrimina una persona de haber cometido un delito, y si se hace sin haberle advertido su derecho a guardar silencio, sin la presencia de su abogado defensor, y sin la presencia del ministerio público, este documento carece de todo valor para ser considerado como un medio de investigación y deberá ser excluido de manera inmediata, ni siquiera debería ser incorporado al debate, pues es un documento prohibido de ser merituado ni mucho menos incorporado en un proceso penal.

Principio de Inmediación de la prueba.

Este principio nos indica que toda prueba, debe ofrecerse,  solicitarse, y actuarse o introducirse en el proceso penal, ante el juez que va a resolver el caso, nos estamos refiriendo a la prueba, no la confundamos con los actos de investigación o con medios probatorios, sino que nos referimos a que la prueba sólo existe cuando se ha presentado ante el Juez que juzgará la causa, y que ha sido obtenida de manera legal, que sea pertinente y conducente, no cualquier tipo de prueba, todo ello conducente a establecer un hecho que haya sido incorporado al proceso por una de las partes.

En este sentido, debemos aclarar que en la investigación se recaudan elementos materiales e información para hacer una acusación, pero estos no tiene valor de prueba para determinar la responsabilidad del procesado, sino que son medios convincentes para que el fiscal pueda establecer que una persona puede ser juzgada, porque ha logrado ubicar, identificar y preparar los medios para probar la responsabilidad del imputado en los hechos que le están involucrando

Este principio tiene sus excepciones y está referida a la prueba anticipada en cuanto se presentan circunstancias de fuerza mayor que hacen indispensable que una prueba se pueda hacer de manera inmediata en el propio juicio oral, pero esta debe ser incorporada también con la presencia de quienes la realizaron, salvo que sea imposible su presencia (un testigo que murió), sin embargo esta prueba debe ser hecha con los criterios de legalidad que exige la norma de lo contrario se invalidaría su realización (WGN).

Parte final

II.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS

Es un principio derivado del derecho a la defensa y derecho a la contradicción a la que tiene el imputado, o acusado, según la etapa de desarrollo del proceso penal, para ello es necesario se le considere como un igual a cualquier otra parte del proceso, como lo menciona el profesor Cubas Villanueva, parafraseando a Cesar San Martín, quien ha dicho que se trata  de un principio fundamental para que se produzca la efectividad de la contradicción y «consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y carga de alegación, pruebas e impugnaciones» .

Principio de igualdad: En materia procesal, es el que establece igual trato o igual oportunidad en cuanto a derechos y obligaciones, en la tramitación de los juicios, a un lado las diversas especies de demandante y de mandato y actitudes adoptadas en el procedimiento o derivadas de la pasividad o ausencia.

En el actual proceso penal, como todos sabemos, no existe una equidad entre las partes, pues no es posible esconder una realidad en la que el Ministerio Público tiene una clara ventaja sobre el Ministerio de la Defensa, incluso, como es de conocimiento público, hasta hace poco los interrogatorios a testigos, imputados, peritos, el Ministerio Público lo hacía de manera directa, mientras que la defensa lo hacía a través del director de debates, lo que evidentemente era una discriminación al ejercicio del derecho a la defensa, que felizmente ha sido corregida a través de la modificación legal a dichos dispositivos del Código de Procedimientos Penales; sin embargo, aún subsisten estas diferenciaciones pues se trata de la denominada maquinaria del Ministerio Público, su logística, pues tiene fiscales, pool de abogados, asistentes, infraestructura, que le provee el propio Estado, mientras que al Ministerio de la Defensa, no les da ni siquiera cantidad suficiente de abogados para ejercer la defensa, ni que hablar de logística o infraestructura, pues eso hace que la defensa esté debilitada.

El mismo autor menciona a Gimeno Sendra, quien manifiesta que este principio de igualdad de armas es un derivado del primigenio derecho de igualdad que reconoce la Constitución, y de las garantías que reconoce este mismo cuerpo legal. Este principio es esencial  en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo depende de las partes y en el que la imparcialidad del juzgador debe estar garantizada en todos los momentos del proceso no disponiendo medios de prueba de parte del juez o denominada de oficio, salvo las excepciones planteadas por el Código Procesal Penal.

Sin embargo, hay que reiterar que el principio de igualdad de armas, consiste en un derecho a la defensa a través de las mismas posibilidades que la acusación; esto es ser oídos en las mismas condiciones y poder hacer los mismos trámites, y poder evaluar la prueba en las mismas condiciones que las contrapartes. Es decir, se pretende con este aspecto que el Ministerio Público no sea un ente privilegiado, ni tenga mayor poder que la defensa, esto es que no sea de mayor preeminencia en el proceso.

El derecho a la igualdad de armas se presenta no sólo durante el juicio, sino también en la investigación, exigiendo que ésta tenga carácter contradictorio, ofreciendo al inculpado la posibilidad de alegar y contradecir lo que contra él se pretende establecer. Esto implica obviamente que al acusado y a su abogado defensor le está permitido conocer las actuaciones, diligencias, para poder refutar las declaraciones o consideraciones que se contengan.

El derecho a la igualdad de armas ha de mantenerse también en el examen de las pruebas, el Tribuna Europeo de Derechos Humanos ha planteado que  el acusado tiene derecho a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que lo hagan en su contra. Esto llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a establecer que la declaración de un perito que, en el caso concreto, podía actuar durante toda la vista preguntando al acusado, y a los testigos, oportunidades de las que carecían los testigos, o por la defensa, rompería el principio de igualdad de armas, pues un proceso equitativo exige que hubiera habido un equilibrio entre la actuación del perito y las otras parte del proceso, es decir que se les deba oír a todos de la misma manera y no a uno con privilegio porque ello rompe el equilibrio.

En materia penal, el derecho a un proceso justo implica que el acusado ha de tener la posibilidad de discutir las pruebas, las cuales deberían llevarse a cabo con carácter contradictorio entre las partes. La prueba debe llevarse a cabo en sesiones públicas, presente el acusado y pudiendo éste o su abogado defensor interrogar a los testigos. La imposibilidad de interrogar a los testigos conduce a que no sea admisible  dicho testimonio, por lo que la fórmula de dar por reproducidos, no es aceptable. De ahí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la circunstancia de que pruebas no importantes no se admitan en el proceso por la no presencia del acusado o su abogado defensor, por cuanto esto no ha respondido a las exigencias de un proceso justo y público, por haberse violado el derecho a  la igualdad de armas.

Igualdad de Armas es una garantía de que las partes dentro del proceso van a contar con idénticas oportunidades y potestades al momento de  exponer y defender sus pretensiones, que un juez imparcial, va a asegurarle el desarrollo de un juicio oral, público, concentrado, con inmediación de las pruebas y con el derecho de contradecir plenamente garantizado, a fin de resolver un conflicto de intereses.

En el caso peruano el principio de Igualdad de Armas tiene un contenido constitucional establecido en el artículo segundo, inciso segundo donde se establece que todos somos iguales ante la ley. No hay discriminación por razones de sexo, raza, color, ni ningún otro hecho», es indudable que este principio constitucional es lo que le da un verdadero contenido a que ninguna persona puede ser discriminada dada su situación al interior del proceso penal, o mucho menos por el simple hecho de ser imputado, o acusado, se le pueda discriminar, pues cuando se habla de igualdad ante la ley, se está refiriendo a la protección que debe dar el Estado a todo ciudadano por más imputación, o acusación que exista contra él, no olvidando que incluso sigue siendo inocente hasta que exista una sentencia firme contra él, pero aún más, siendo un condenado no deja de ser una persona que tiene dignidad y por ello requiere un trato humanitario.

Este principio se igualdad de armas que es derivado de la igualdad de las personas ante la ley, tiene su base en las Normas Internacionales de Derechos Humanos que son normas auto aplicativas, es decir de obligatorio cumplimiento por las obligaciones internacionales del Estado peruano, y que se traducen en la positivización siguiente:

En la Declaración Universal de Derechos humanos

7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

La Declaración Americana de Derechos Humanos

Art. 2.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos.

26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin incriminación a igual protección de la ley. A este respecto,  la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, o de cualquier índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social.

Convención Americana. De Derechos Humanos.

Art- 24 -Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Como se ve el principio de igualdad de  todas las personas y la consecuente ilegitimidad de la discriminación es uno de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como vemos las principales Declaraciones, Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos reservan un lugar especial a dicho principio.

La prohibición de la discriminación nos lleva a establecer que toda persona tiene los derechos fundamentales reconocidos por instrumentos internacionales, esto es que la igualdad ante la ley y a igual protección de ella se extiende a todo derecho reconocido por la legislación internacional. Así, este último principio abarca un universo de derechos mucho más amplio que los derechos y libertades fundamentales consagrados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (WGN)

BIBLIOGRAFIA

* Constitución Política del Perú. Edición Berrío.

* Código Procesal Penal. Edición 2005. Teodoro Zapata Valle. Ediciones «El Carmen».

* Normas internacionales de Derechos Humanos. Comisión andina de Juristas con auspicio de la fundación Friedrich Nauman.

* Sistema Penal Acusatorio. Tomo I y II. Hernando Urrutia Mejía – Francisco Cuesta Hoyos, Grupo Editorial Ibáñez. 2008.

* El Principio Acusatorio y su aplicación en los sistemas jurídicos iberoamericanos. Academia de la Magistratura. Especialista Responsable. Carlos Caro Coria. Especialista responsable. Martín Vegas Torres.

* El Principio Acusatorio en el Nuevo Código Procesal Penal. Peña Cabrera Freyre, Alonso. Informe Práctico Procesal Penal. Gaceta Jurídica.

* Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código Procesal Penal. Víctor Cubas Villanueva. Derecho y Sociedad.

* Principio Acusatorio y Derecho de defensa en el Proceso Penal. Asencio Mellado; José María.

*           Principio Acusatorio en la Jurisprudencia Nacional. Campaña.

Luego de haber participado en un importante taller internacional sobre la «Oralización de los procesos Judiciales» o «Litigación Oral»  que se realizó en la Universidad de San Pedro de Bogotá-Colombia, el presidente de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Aldo Atarama Lonzoy, con la finalidad de contribuir con los abogados, jueces, fiscales, la Policía Nacional, litigantes y otros, hace un resumen del curso  de los diferentes temas tratados que se publicará en nuestro diario en diferentes fechas. Hoy les alcanzamos a ustedes amigos lectores el primer número de este importante curso.

Hay en la sociedad falsos paradigmas en torno a los dos sub sistemas jurídicos, el Derecho penal y el Derecho procesal penal. Gobernantes y gobernados piensan que ellos en sí van a solucionar todos los problemas, lo cual es una falacia, o para ponerlos sencillamente en buen castellano, estas ideas son falsas, pues el derecho penal es un sistema de control social, tal vez el más perfecto, donde las personas que han infringido la ley, han cometido un delito, son sancionadas por el órgano de control pero no como se creía antiguamente para pagar con dolor el dolor infringido a la víctima, sino que la sociedad que le ha expropiado el ilícito penal a través del Estado lo sanciona para que privado de su libertad y pagando una reparación civil esta persona se rehabilite, se resocialice, se reintegre a la sociedad, como lo señala el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

Se pretende que el Derecho Penal soluciones los conflictos que se han generado producto de las situaciones políticas, económicas y sociales, pretendiendo que todo tipo de conductas ingresen al sistema penal, por ello se incorporan nuevas figuras al Código penal, y se termina sobre criminalizando asuntos que deberían tener solución en un sistema paralelo, puede ser lo administrativo, o simplemente si es que hay una atención de las autoridades éstas resuelvan los conflictos sin esperar que exista una protesta de los diferentes sectores sociales, entonces los gobernantes, mientras estén en el Poder, usan el Derecho penal como muro de contención para contener la protesta social, terminando de deslegitimar el sistema penal que debería ser la última ratio.

En el Perú como en Latinoamérica estamos sufriendo una transición a nivel de la transformación del Derecho Procesal Penal, estamos pasando de un  modelo Inquisitivo a un  modelo de tendencia Acusatorio –  Adversarial- Garantista.  Y este es nuestro peor problema porque todos los operadores jurídicos estamos formados bajo los conceptos del primero de ellos, es decir bajo la mentalidad inquisitiva del proceso penal, un proceso que nació en la edad media, cuando el derecho canónico copó al derecho penal que venía de los griegos y los romanos, en este período en que junto con este modelo, apareció la Santa Inquisición que dispuso la pena de muerte para Giordano  Bruno, y Nicolás Copernico por decir lo contrario a lo que se sostenía de manera oficial sobre la circulación de la sangre y sobre la tierra como centro del universo, a uno lo quemaron vivo y al otro lo ahorcaron.

Bajo este sistema inquisitivo donde la Supremacía del Monarca era absoluta, donde no se podía decir lo contrario bajo pena de ser condenado por traición al Rey o estar endemoniado, y por consiguiente una condena era segura ante una acusación de esta naturaleza y donde las pruebas de Dios eran las que decidían si eras culpable o inocente (casi siempre culpable), es decir casi no había escapatoria, y por supuesto esto requería de que «El Juez» sea todopoderoso, que nadie le pueda refutar absolutamente nada, que su palabra era ley, por que representaba el poder Supremo, esto producto del autoritarismo, y los absolutismo en cuestiones políticas.

Todas estas cosas cambiaron con la independencia de las colonias americanas, en cuya Carta Constitucional se establecía la igualdad de todas las personas, la necesidad de una justicia más justa, valga la redundancia, pero sobre todo la necesidad de un debido proceso para garantizar los derechos de todas las partes que participan de un proceso penal, consolidándose un nuevo Estado de Derecho con la Revolución Francesa en 1789, que dio pase a un proceso inquisitivo reformado y partido en dos: una etapa investigatoria reservada y una etapa de juicio oral pública, es decir una especie de transición entre lo inquisitivo y lo Acusatorio.

No obstante esta etapa de transición la mayoría de Estados occidentales se inclinó más por el lado inquisitivo, es decir el proceso penal autoritario producto de los Estados Totalitarios, antidemocráticos,  donde el procesado es considerado como un objeto del proceso, la desigualdad de derechos se hace no sólo latente sino frecuente, pues el persecutor del delito es más que el defensor, quien tiene menos posibilidades dentro del proceso. Y por supuesto se mantiene imponente la figura del Juez que es a su vez investigador y sancionador, el resto de los sujetos procesales son un apéndice del proceso y sólo sirve para configurar la formalidad establecida en los códigos procesales.

El 10 de diciembre de 1948 se hace publica la Declaración Universal de Derechos Humanos donde aparecen una serie de Derechos Fundamentales que tiene aplicación en el Debido Proceso Penal, sin embargo la mayoría de Estados hace caso omiso a dicha declaración y permanece con su Código de tendencia inquisitiva, se publican los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y políticos, y se sigue con la vieja tradición, se suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos y  sin embargo se continúa con la vieja tradición inquisitiva del proceso penal. Esto se traduce en el culto a los viejos paradigmas, entre los que están:

Positivismo Jurídico, rendimos culto a la ley, la aplicación de estas normas son lo esencial por parte de los diversos operadores jurídicos «Lo dice la Ley», el Juez sigue siendo «La boca de la Ley», como en el Siglo XVIII, sin embargo en el Siglo XXI esto no puede ser, porque la ley no lo dice todo, la ley puede oponerse a normas constitucionales o a las normas de Derechos Humanos. Los operadores Jurídicos deben  hoy pensar en lo que dice las Normas contenidas en la Constitución Política y cómo se enlazan con los convenios y Tratados de Derechos Humanos porque esta es la corriente jurídica. No nos olvidemos que el derecho no es la Ley, sino sólo una de las formas de expresión del derecho, por lo tanto debemos ir eliminando este paradigma del derecho positivismo, sobre todo porque existen otras formas de entender el derecho, desde el punto de vista teleológico, sistemático, entre otros.

Formalismo se basa en que obligatoriamente hay que seguir los pasos legalmente establecidos, aunque no siempre se termina haciendo o cumpliendo pero se pretende siempre amarrar al proceso

Disfuncionalidad, no hay una verdadera distribución de funciones al interior del proceso, el Juez que debe emitir la sentencia también investiga, el Fiscal es un auxiliar de la Justicia y sólo sirve para dictaminar y sus opiniones son intrascendentes.

Proceso lineal, pretende que el proceso sólo sirve para una sentencia, no se piensa que hay formas diferentes de concluir un proceso.

Permanencia de la Prueba, el Expediente es esencial el culto a la escrituralidad, al expediente que es el que guarda la verdad y hay que conocerla, hay que mantenerla.

Fines del Proceso, basado en el culto a la Ley, se hace un juicio de legalidad con el fin de descubrir la Verdad, muchas veces dejando de lado la Justicia, dos valores que en algunos casos se contraponen, y en la que el Juez debe tomar decisión.

Hoy nuestro Derecho Procesal Penal  ha hecho un alto y se ha universalizado, se ha globalizado, se ha integrado al Derecho que siempre existió en el sistema Anglosajón  sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos y otros países no continentales europeos, donde producto de Estados Democráticos se ha mantenido por siglos un Proceso penal Democrático cuya característica central es un sistema Acusatorio – Garantista y Adversarial, donde  prima el Derecho material, se hace juicios de valor, basado en los principios del Derecho que han llegado a ser constitucionalizados y recogidos en las normas internacionales de Derechos Humanos, esto le da una concepción de un derecho dinámico no estancado en normas positivas exclusivamente, y se basa en la jurisprudencia, en el causalismo, por ello se tiene un derecho más pegado a la realidad concreta, se traduce en el anti formalismo, para garantizar el derecho sustancial de las partes en el proceso penal.

Uno de los temas centrales de este nuevo sistema es la distribución auténtica de los roles en el proceso penal – Separación de funciones – donde el Ministerio Público debe cumplir con su mandato constitucional de ser el titular de la Acción Procesal penal, es quien dirige la Investigación penal con objetividad y sobre todo debe ser quien defienda la legalidad, por lo tanto es el responsable de la Acusación Fiscal, frente a un abogado defensor que sólo tiene dos estrategias al interior del proceso o acepta los hechos propuestos por el Fiscal y por lo tanto se allana ante su petición, o los niega y los contradice, ante un Juez que es imparcial, no contaminado, que es el que debe dar las garantías a las partes y sobre todo es quien va a resolver con imparcialidad un conflicto de intereses, no siempre en una sentencia, sino que puede hacerlo con auto de sobreseimiento por diversas circunstancias que se ha presentado en el transcurrir del  proceso. Esto es también que existen alternativas diversas antes de iniciar un proceso  como la aplicación del principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios;  así mismo se tiene que la oralidad y concentración de inmediación como principios del nuevo código proceso penal donde el fin ya no es la Verdad Absoluta, que nadie la tiene ni puede tener, porque ella ya pasó, sino que el nuevo fin del proceso penal moderno y democrático es la Justicia Restaurativa. (WGN)