DEFENSORÍA DEL PUEBLO SE PRONUNCIA ANTE CRISIS POLÍTICA NACIONAL

  • Entidad exige al gobierno respetar el derecho a la movilización pacífica.

la Defensoría del Pueblo demanda al Poder Ejecutivo garantizar el ejercicio del derecho a la movilización pacífica en todo el país. En tal sentido, es imprescindible que se ordene a las fuerzas policiales garantizar su desarrollo, señalándoles que deben utilizar la fuerza solo cuando fuera estrictamente necesario y bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de acuerdo con nuestra Constitución y los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el particular.

Las fuerzas del orden solo pueden detener personas en caso de flagrante delito. Las autoridades policiales solo pueden intervenir encontrándose debidamente identificados. Las personas detenidas deben ser objeto de un trato adecuado y debe respetarse sus derechos al debido proceso.

Recordamos que las y los adolescentes tienen derecho a la participación y a expresar su opinión, necesidades y preocupaciones respecto a los asuntos que les afectan; por ello todas las autoridades deben respetar estos derechos fundamentales y también su derecho a la integridad y a la vida.

En caso de detenciones, estas deben ser atendidas con absoluta prioridad por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Se recomienda a madres, padres y tutores evitar el desplazamiento de niñas y niños para salvaguardar su integridad y vida.

También señala que la ciudadanía debe manifestarse pacíficamente, subrayando que el ejercicio de este derecho es incompatible con cualquier acto de violencia. Por ello, invocan a la población a desplazarse de manera ordenada y siguiendo la ruta acordada para salvaguardar la seguridad y paz social, respetando los derechos de quienes no participan de este acto.

Debe tenerse presente que el Perú viene padeciendo los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 por ello las y los participantes deben usar mascarilla, protector fácil y en lo posible deberían desplazarse manteniendo la distancia social. Las personas que presentan síntomas de COVID-19, así como las que pertenecen a grupos de alta vulnerabilidad a esta enfermedad no deben participar de las movilizaciones.

Defensoría del Pueblo considera que el presidente del Consejo de Ministros debe expresar públicamente que el desarrollo de las movilizaciones se encuentra garantizado y que la fuerza pública solo será utilizada cuando fuere imprescindible. Cabe recordar que, la Defensoría del Pueblo tiene por función garantizar los derechos fundamentales y el buen funcionamiento del Estado, pero, carece de facultades para impartir mandatos. En el marco de las manifestaciones a desarrollarse, corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional controlar el orden público –conforme a la Constitución y leyes- y al Ministerio Publico vigilar la legalidad y ejercer la acción penal.

Canon petrolero anémico, crisis, cataclismo, parecen expresar lo mismo

  • Desde Loreto se debe sustentar y presentar 4 proyectos de Ley que hacen una suma de S/430 millones para amortiguar el impacto de la dura crisis.

Ayer, nuestro buen  amigo Alberto Chirif envío un extenso e ilustrativo articulo-narrativo del genocidio  ambiental que viene ocurriendo en Tamshiyacu a vista y paciencia de todos las instituciones públicas, ocasionada por la empresa Cacao Norte del Perú. Un saqueo en pleno siglo XXI. Lo curioso de Alberto es que no sabía que nombre ponerle a su artículo.
Me pasa lo mismo: anemia, crisis, cataclismo, una lista de ellos que expresarían lo mismo y del cual veníamos anunciando desde hace tiempo atrás y que ahora nos quedamos cortos en términos de asignarle valor al recurso transferido por canon y sobrecanon petrolero (CSCP).
Llegó el mes de abril y los montos asignados al departamento de Loreto no están más flacos porque su piel está atrapada a sus huesos. En el mismo mes del año 2015, el CSCP transferido fue de s/.11.3 millones, hoy ese valor pulveriza cualquier tipo de imaginación: el canon de este mes representa el 5%, con un valor total de s/.618 mil (sin la distribución).

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Para darnos una idea, la municipalidad más joven en creación (06/06/2014) y que se encuentra en la zona de frontera, donde el Estado no llega o no lo interesa y sumido en una pobreza material que supera la frontera de la imaginación, es el distrito de Rosa Panduro, recibió en estos días como participación del canon la anémica suma de s/.281.
Si queremos comparar los distintos canon (en el caso del Cusco, canon gasífero) que reciben los departamentos, la diferencia también hacen la diferencia. En el mes de abril, Loreto es el que ocupa el último lugar por concepto de transferencia de canon y en una posición de larga distancia se encuentra Cusco que recibió 27 VECES más; e incluso Ucayali obtuvo mejor ventaja económica, y el departamento de Piura la ventaja es aún mayor.

 

Qué hacer?. El día de ayer, lunes 25 de abril, ingresó al área de tramite documentario del Congreso de la República el proyecto de ley N°5256/2015/CR presentado cuadro2por la congresista de Piura Karla Shaefer Cuculiza, solicitando  autorizar una compensación de recursos dejados de percibir por la menor recaudación del presupuesto con cargo a los ejercicios 2015-2016 destinados a garantizar la ejecución de los proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales de los departamentos de Tumbes y Piura. La referida congresista plantea que de los s/. 3 mil millones de la Reserva de Contingencia destinado para el fenómeno de El Niño también sean utilizados para compensar los presupuestos dejados de percibir en los años 2015-2016.
Desde Loreto se debe sustentar y presentar 4 proyectos de Ley que hacen una suma de s/430 millones para amortiguar el impacto de la dura crisis financiera de las instituciones públicas beneficiarias del CSCP; y la fuente generadora de las necesidades financieras sería el saldo a la fecha dejados de utilizar de la Reserva de Contingencia, que se aproxima a los s/.1,900 millones. (Róger Grández Ríos/Director de Prospectiva Amazónica, 2016)