Servidumbre

Es la palabra que se ha estado repitiendo en estos últimos días debido a la protesta de las comunidades nativas Los Jardines y Nueva Alianza Capahuari, que reclaman que la tasación para determinar el pago por servidumbre no se hizo teniendo en cuenta todo el terreno que les pertenece y que está siendo utilizado por la empresa petrolera Pacific Stratus Energy.
Explicaron los representantes de estas comunidades que solamente calcularon sobre una parte pequeña del total de terreno ocupado. El trabajo de la tasación lo hizo una dependencia del Ministerio de Energía y Minas, por lo que reclamaron y están revisando las observaciones presentadas.
Lo que vemos es que no hay coherencia en la respuesta que emite el Ministerio de Energía, en el sentido de verificar si efectivamente la tasación para el pago de servidumbre se hizo en base a una parte pequeña del terreno ocupado. Ellos se limitan a llamar al diálogo y no precisan cuándo enviarán, si es que así lo deciden, nuevamente a los tasadores.
Y es que ese es el pedido directo de las dos comunidades nativas del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Loreto – Nauta. Pero, el Ministerio de Energía y Minas nos parece responde con evasivas que no contribuyen a ese diálogo permanente que invocan. Y sí tienen razón cuando dicen que se debe lograr un clima de paz. Pero, esto se consigue cuando se procede correctamente.
Entonces, si hay responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Energía, en el sentido de haber realizado un trabajo parcializado, o poco eficiente, al no considerar todo el territorio que ocupa la empresa petrolera y que le pertenece a las comunidades mencionadas, debe conocerse el proceso administrativo a que dé lugar un trabajo mal direccionado.
Es que no estamos hablando de gente improvisada, sino de profesionales y técnicos calificados de un Ministerio del gobierno nacional, y qué ha pasado, por qué se habría medido mal, acaso no cuentan con las herramientas que les permita mediciones casi exactas, o es que han hecho un trabajo de escritorio que no les ha permitido darse cuenta de las dimensiones territoriales ocupadas por la petrolera, porque en lo último que quisiéramos pensar es un proceso tipo colusión para sacar un monto menor a pagar a favor de las comunidades indicadas.
Otro punto a aclarar es que las dos comunidades se han negado a cobrar lo que han calculado por servidumbre, y esperan una nueva medición, y que sea a través de un ente neutral, que podría permitir que se haga justicia de acuerdo a ley. Porque estos procedimientos están normados. Solo se necesita que se apliquen, cuidando de no caer en “errores” de medidas.

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