• Fiscal a cargo del caso tiene un plazo de tres días para cumplir con su obligación de señalar datos omitidos en la petición.


Con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento respecto a la formalización y continuación de la investigación preparatoria formulada hace unos días por el Ministerio Público contra el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa y los funcionarios Roberto Tello Pezo, Andrés Macedo Saboya, Joiner Vásquez Egoavil, José Young Gonzales, Leonor Espinoza Jara, José Damián Zarate, Heidy Lazo Campos, José Cabanillas Mendo, Arcadio Gómez Cárdenas y Gabriel Gómez Saldaña por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado doloso, la señora jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria luego del debido análisis de la disposición emitida por la mencionada institución, ha constatado que se ha incurrido en errores subsanables, así como: consignar los domicilios reales y procesales donde se logre notificar válidamente a los sujetos procesales con las disposiciones emitidas en la investigación fiscal, las casillas electrónicas, los correos electrónicos y teléfonos celulares, tanto de su despacho como de los demás sujetos procesales, incluso de los testigos en lo que fuera pertinente.
Haciendo respetar el debido proceso, tal como la ley lo indica, se ha declarado inadmisible dicha formalización, disponiendo que la fiscal cumpla con subsanar los errores advertidos, siendo la labor del juez resguardar las garantías del caso, y por lo mismo solicitar la corrección de las deficiencias encontradas.
Tal como ha circulado en los distintos medios de comunicación durante las últimas semanas, el actual gobernador y demás implicados son investigados por contrataciones directas de alojamiento y alimentación de ciudadanos varados en la región durante la inmovilización social obligatoria en el año 2020 debido al Covid-19, en las que se encontraron supuestas irregularidades en las ordenes de servicio, como falta de documentación y la inexistencia de la firma de los proveedores.
Esta Corte Superior reitera su voluntad y vocación de actuar con transparencia, brindando información verídica a la comunidad sobre el accionar de sus jueces y juezas y las decisiones tomadas en estricto cumplimiento de la norma. CSJ Loreto.

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