Sala penal de apelaciones viene evaluando posiciones de abogado y ministerio público

  • En apelación sobre pedido de salida del penal del alcalde Martín Arévalo.
  • Decisión de la SPA se conocería mañana o el día miércoles.

Detalles de lo que fue la apelación hecha el pasado 18 de octubre en la mañana, donde el abogado Paolo Rivera terminó pidiendo que la sala penal le dé libertad con restricciones a su patrocinado Martín Arévalo, y el ministerio público, que continúe detenido por 9 meses a fin que camine la investigación en torno al video donde se ve que el corruptor Godoy entrega dinero al burgomaestre en la oficina municipal.
Frente al requerimiento que la fiscalía planteara de manera objetiva, remarcando en cada presupuesto presentado; la defensa técnica criticó al ministerio público el hecho que al comienzo se habían presentado una cierta cantidad de elementos de convicción, pero que finalmente se había sustentado con menos.
Respondiendo el MP que no resultaba obligatorio para la norma. Agregando que los elementos de convicción generan una cierta convicción en la persona que lo recaba. Es decir, Martín Arévalo, presuntamente involucrado en delito de cohecho y a través del video, ya se genera una convicción que, según fiscalía, sí se dio.
Se indicó que era falso que en el video no se haya hablado de contrataciones, agregando el MP que dentro de las declaraciones del alcalde, él mismo había reconocido que le pusieron a la vista un papel con obras. Siendo que en plena audiencia el alcalde reconoció que prácticamente lo habían querido arrinconar, buscar para contrataciones. Sin completar la siguiente parte en donde no se sabe cuál fue la justificación para la recolección del dinero.
En ese marco, la fiscalía piensa que el alcalde cree que recibir plata y no cumplir con el acto de la devolución del pago, eso puede quedar impune y eso no dice la norma. Ningún funcionario está obligado a recibir dinero para hacer su trabajo o dejar de hacerlo.
TRES PRESUPUESTOS DEBATIDOS.
-Que el video, según peritos especializados, ya han determinado que no ha sido editado como antes decían en defensa de la autoridad. Por lo que los lleva a la conclusión de que sí se registró la entrega de dinero en un contexto de contrataciones.
-Cuestionamiento a la declaración del corruptor Godoy porque estaba realizada por un abogado que no era abogado. Se refieren a Hugo Rodríguez, lo que demostró el abogado Paolo Rivera, entregando copia del Colegio de Abogados del Callao, donde Rodríguez aparece como suspendido.
La fiscalía señala que era el Colegio de Abogados del Callao, en efecto el que tenía que demostrar esa suspensión. Punto subsanado por el ministerio público quien consiguió una nueva declaración de Godoy (en Lima donde está por un tema de seguridad), acompañado de un abogado que no tenía problemas con ningún Colegio, totalmente habilitado.
-Un punto que el MP consideró importante, fue el de la constancia de posesión de un predio. Los abogados de la autoridad presentaron una constancia de posesión para generar convicción en el juez que vio la primera audiencia. Siendo que el documento está suscrito por 4 personas relacionadas a la entidad edil de San Juan, y que pertenecen actualmente a la gestión de la municipalidad.
El documento salió el 18 de setiembre, el mismo día de la audiencia. Ese día la municipalidad de San Juan Bautista, giró una orden de servicio a favor de esas dos personas. Y lo considerado grave es que todo expediente de posesión cuenta con un origen del tracto sucesivo de la persona. Y el presentado no muestra cómo el adquiriente lo poseyó ante la comunidad de San Juan. Además, que cuando hay un poseedor se hace un Decreto Comunal, que no existe en este caso.
Todo ello la fiscalía denunció en audiencia, siendo que el joven abogado defensor trató de refutar por todos los medios los presupuestos, sacando a relucir sus argumentos a fin que la sala penal los considere y determine mandato de liberad con restricciones para su patrocinado.
Un tema que no será materia de la sala penal, pero sí una observación para que las nuevas autoridades no caigan en ese accionar, es respecto a lo que declaró el alcalde en audiencia, en cuanto a que como los señores que antes habían laborado en la comunidad campesina de San Juan, eran sus amigos y estaban sin trabajo, los ubicó en la municipalidad. Es preciso recordar que la norma castiga esos hechos y que hoy más que nunca, exige que se contrate a personal idóneo con el perfil requerido para el desarrollo de una gestión óptima.

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