Primer Ministro se reunirá con comunidades indígenas para informar avances sobre compromisos en salud, remediación ambiental y otros

  • Representantes indígenas se reunirán este 12 y 13 de junio en la comunidad achuar San Cristóbal (río Corrientes) con la Presidencia de Consejo de Ministros y diversos ministerios para abordar acuerdos pendientes en salud, ambiente, titulación, vivienda y otros.

Tras una larga espera, la Presidencia del Consejo de Ministros finalmente cumple su compromiso de realizar una reunión multisectorial con los y las representantes de comunidades indígenas afectadas por el Lote 192, lote 8 y Oleoducto Norperuano en Loreto.
El Estado, a través de sus ministerios, deberá dar cuenta del cumplimiento de las actas de Lima (marzo 2015), Teniente López (2015), José Olaya (2015) y Nuevo Andoas (2017), firmada con las federaciones FEDIQUEP (del pueblo quechua del Pastaza), FECONACOR (del pueblo achuar del Corrientes), OPIKAFPE (del pueblo kichwa del Tigre) y ACODECOSPAT (de los pueblos kukama y urarina del Marañón, Chambira y Patoyacu).
La mayor expectativa de la población tiene que ver con la presentación del informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre niveles y rutas de exposición a metales pesados e hidrocarburos en la población de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Los y las representantes esperan una respuesta clara sobre por qué hasta ahora el Ministerio de Salud no lo ha publicado y entregado. Esta institución, por medio del Centro de Salud Ocupacional y Prevención para el Ambiente y la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS), se comprometió a publicar y entregar el informe final para agosto de 2018. Sin embargo, solo hizo entrega de los resultados de las muestras en comunidades, y los resultados preliminares generales sobre los niveles de afectación a las federaciones. La publicación del informe final es importante ya que deberá señalar las rutas de exposición a metales pesados e hidrocarburos, con lo que se podrá diseñar una política multisectorial de atención integral a personas expuestas a dichas sustancias, y frenar la exposición.
Además de ello, el sector salud deberá informar sobre cómo han implementado el Plan de Salud Integral en el territorio, y las coordinaciones que se tiene con la Dirección Regional de Salud de Loreto, ya que se percibe que dicha institución estaría incumpliendo con sus tareas para la buena implementación del plan. A su vez, exigirán que dichas acciones sean diseñadas y planificadas con la participación de las federaciones, como está establecido en el acta de Lima.
Otro de los ofrecimientos pendientes del Estado con la población, es la remediación ambiental integral de los territorios. La ley del presupuesto del sector público para el año 2019 (Ley 30879) establece que el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) debe recibir del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 270 millones de soles para la remediación. El 1 de febrero del 2018, el MINEM, en la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, designó mediante acuerdo en acta, 188.4 millones de soles para implementación de los planes de remediación de 32 sitios contaminados por petróleo priorizados dentro del territorio de las comunidades del ámbito del Lote 192. Sin embargo, la transferencia del dinero está pendiente debido a que dichos sectores aún no firman el convenio que lo viabilice. Con esta dilación, la población percibe que el gobierno no tiene voluntad política para poner en marcha la remediación ambiental, una demanda histórica, con lo que demuestra tener poco o ningún respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Además de ello, la población espera respuestas claras sobre las medidas que tomará el Estado respecto a la responsabilidad de la empresa Pluspetrol, operadora del ex lote 1AB (hoy 192) desde el año 2000 al 2015, acerca de abandonar correctamente el Lote, con un Plan de Abandono que incluya la remediación de los 1199 sitios impactados que señala la Resolución Nº 046-2017-OEFA/TFA-SME del Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental (OEFA). Hasta la fecha se han desaprobado dos planes de abandono de la empresa Pluspetrol Norte, porque, entre otras cosas, solo contemplaban la remediación de 49 sitios y no los 1199. Después de la desaprobación de los planes, la empresa tenía una última oportunidad para presentar otro plan de abandono, hasta el martes 4 de junio. En este nuevo plan, la empresa ha listado solo 35 sitios a remediar, desatendiendo complemente el mandato de MINEM de incluir los 1199 y otros sitios más. Por su parte, la población de las cuencas del Corrientes, Pastaza y Tigre, sobre cuyos territorios se encuentran dichos sitios, necesitan una respuesta clara sobre cuándo y quién se hará responsable de la remediación integral de sus territorios, así como la manera en que se garantizará que, para este objetivo, se seguirán las recomendaciones del Estudio Técnico Independiente para la remediación del Lote 1AB, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A su vez, el Estado deberá dar cuenta de los fondos que debe destinar para la titulación de las comunidades y ampliaciones, así como del estado de los proyectos de sistema de agua permanente para las comunidades, y que son ambos parte de los acuerdos del Acta de Lima del 10 de marzo de 2015.

Consulta Previa con irregularidades y medida de protesta en el Lote 192
Otro de los temas que los dirigentes llevan a la mesa de trabajo con el Estado es la Consulta Previa del Lote 192 que, en su primera etapa informativa, ya viene presentando irregularidades. En efecto, los habitantes kichwa del Alto Tigre, organizados en OPIKAFPE, sostuvieron una reunión los días 5 y 6 de junio, donde reportaron la ausencia de instituciones estatales pertinentes que puedan absolver las dudas e inquietudes de la población respecto a las afectaciones de la actividad petrolera para los siguientes 40 años. A su vez, calificaron la información brindada por el MINEM de insuficiente, sobre todo respecto a los criterios que se usaron para la delimitación del lote y que determina la cantidad de comunidades que serán afectadas, así como las acciones que tomará el Estado para que la larga cadena de impunidad que sostienen las anteriores operadoras del lote se detenga, y las garantías para que la siguiente operadora realice sus trabajos cumpliendo altos estándares ambientales y cumpla con remediar los sitios impactados.
Por otro lado, el pueblo quechua del Pastaza, organizado en FEDIQUEP, tenía programada la primera reunión informativa para los días 7, 8 y 9 de junio; sin embargo esta se suspendió debido a que también había ausencia de autoridades competentes y a que la población percibió actos de mala fe provenientes del MINEM, ya que sus funcionarios no explicaron con claridad y transparencia el procedimiento para la etapa de publicidad.
Ante la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones del Estado que tienen a su cargo el proceso de Consulta Previa del Lote 192, los representantes indígenas exigirán al Primer Ministro garantías para que dicho proceso se realice de forma transparente, de buena fe y sin trampas.
A su vez, la comunidad achuar José Olaya, que se encuentra dentro del lote, ha paralizado desde las primeras horas del domingo tres baterías principales. Ello debido a los incumplimientos de los convenios y mala gestión ambiental de la empresa Frontera Energy. Los comuneras denuncian los malos trabajos de contingencia realizados por la empresa, por lo que exigen que el OEFA supervise estos trabajos, sancione a la empresa y garantice su adecuada remediación. También exigen que Frontera cumpla con los convenios que sostiene con las comunidades del lote antes del término de su contrato a fin de año.
(PUINAMUDT/C. Ampuero)

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