En toda la telaraña que envuelve el caso del ex asesor de campaña presidencial Martín Belaúnde, el presidente del país, Ollanta Humala, ante la pregunta de un periodista respecto a la crisis política generada desde la Procuraduría General de la República, donde se conoció la renuncia del ahora ex procurador Christian Salas, respondió que dentro de sus funciones no estaba el colocar a los Procuradores.

Craso error (¿involuntario?) pronunciado por el mandatario del Perú, ya que solo basta ver las normas legales publicadas el último sábado 6 de diciembre para el sector Justicia y Derechos Humanos, a fin de constatar que sí tiene que ver.

El 5 de diciembre se publicó la Resolución Suprema 220-2014 respecto a: “Designan Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción”, cuyo Art. 2.- señala textualmente: “Designar al señor abogado Joel Freddy Segura Alania, como Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción”.

Agregando: Regístrese, comuníquese y Publíquese. ¿Quién firma en primer lugar? Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República. Seguido de Ana Jara Velásquez, presidenta del Consejo de Ministros y Daniel Figallo Rivadeneyra, ministro de justicia y derechos humanos.

Entonces, está totalmente descartado que el presidente no tenga ninguna injerencia en las designaciones del Procurador Anticorrupción. Una institución que en estos días se está viendo “despostillada”, maltratada en su institucionalidad.

Lo que realmente preocupa mucho porque si eso ocurre en macro qué se puede esperar en micro lucha contra la corrupción desde las entidades que justamente están ahí para defender al Estado, que hoy parece estar más indefenso que nunca.