-Sector educación es la más “quejada”

El documento de trabajo “Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción”, contiene las recomendaciones dirigidas a la administración pública acerca de la neutralidad en los procesos electorales, la reforma de la administración de justicia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y el acceso a la información pública en la administración estatal.

Este documento da cuenta de un estudio piloto de las quejas referidas a actos contra la ética pública, presentadas entre enero del 2005 y julio del 2008. El estudio revela la existencia de un total de 2,719 casos, presentados en las oficinas defensoriales de las regiones, en su mayoría, los casos involucran hechos ocurridos en el sector educación.

Según explicó Eduardo Luna, Jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, el documento de trabajo pone en evidencia que, en dichas regiones, se registraron 1,026 quejas contra el sector Educación, 734 contra los gobiernos locales y 360 contra el sector Salud.

Otras 308 fueron formuladas contra la Policía Nacional del Perú (PNP), 152 contra el Sistema Judicial, 79 contra el sector Educación Superior y 60 contra el Sistema Penitenciario. En el caso del sector Educación, el estudio muestra que las quejas más recurrentes se refieren al “condicionamiento de la matrícula por cobros indebidos”, a las “exigencias para adquirir materiales educativos en beneficio de terceros” y a las “preferencias en concursos de selección de personal docente para beneficiar a terceros”.

En lo concerniente a los Gobiernos locales, los casos más recurrentes se vincularon a las “preferencias y condicionamientos para otorgar licencias, permisos y autorizaciones, así como a “cobros arbitrarios por entrega de información pública. Respecto de la PNP, los casos reportados con mayor recurrencia se refieren a “la negativa o condicionamiento a la recepción de denuncias”, “la negligencia, omisión o inacción en el trámite de las denuncias” y “el uso arbitrario de la autoridad en provecho propio o de terceros”. (MIP)