Poder Judicial implementó reforma clave para el acceso a la justicia de ciudadanos campesinos y nativos

  • Cumpliendo con implementación de Hoja de Ruta de la Justicia Interculturalnativos

Continuando con las actividades de implementación de su Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, el Poder Judicial aprobó formalmente el “Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural, dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia”, el cual se suma a otros dos protocolos anteriores sobre la misma disciplina, al proyecto de ley de desarrollo del artículo 149 de la Constitución y al calendario institucional de congresos internacionales sobre Justicia Intercultural.
Bajo la batuta de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena y del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, este Poder del Estado elaboró y aprobó oficialmente con Resolución Administrativa 156-2015-CE-PJ, el Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia, el cual sumado al “Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia” y al “Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”, ambos aprobados mediante Resolución Administrativa 333-2013-CE-PJ, constituyen en conjunto los pilares de una política que busca la construcción de un sistema de justicia intercultural en el Perú.
Este tercer protocolo, a diferencia de sus antecesores, persigue satisfacer la demanda de orientación y asistencia legal expresada por personas sobre todo de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, las cuales antes de saber cuál es el órgano facultado para resolver su caso concreto (protocolo de coordinación), o saber a ciencia cierta cuáles son sus garantías como demandante o demandado en procesos judiciales en curso (protocolo de actuación), requieren un espacio previo para el conocimiento de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas peruanos, así como de las responsabilidades que atañen a las instituciones del sistema de justicia estatal, a saber jueces, fiscales, defensores públicos y policías. Sin duda que la materialización de los objetivos de este tercer protocolo requerirá un esfuerzo sostenido en la formación de operadores estatales para el diálogo intercultural.

La elaboración de este tercer Protocolo fue posible gracias a la alianza del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este último representado por la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, más el apoyo del Programa EUROsocial II, Sector Justicia – Acción Acceso al Derecho de la Unión Europea. (WGN)