La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, indicó que como resultado de sus acciones realizadas en la región Loreto, que 6,511 trabajadores ingresaron a la planilla electrónica desde el 2015 a la actualidad en este 2022.
Sin duda, una noticia alentadora en el ámbito laboral teniendo en cuenta que la falta de empleabilidad estable y que incluya beneficios sociales como la seguridad en atenciones de salud y otros, es una esperanza para millones de peruanos y peruanas.
Ello no quiere decir que los montos de las remuneraciones sean las deseadas, pero es un indicar de la formalidad de las empresas públicas y privadas, para ofrecer garantías en el desempeño de las funciones de las y los trabajadores a su cargo.
Se conoce que esta cifra lo obtuvieron a través de las fiscalizaciones, orientaciones, asistencias técnicas, envío de cartas inductivas a las empresas y el uso del aplicativo “Verifica tu Chamba”. Este último permite que los ciudadanos, comprueben por sí mismos si han sido incorporados a la planilla de su empleador.
Los cinco sectores económicos con mayor número de fiscalizaciones han sido los siguientes: comercio, con 1,701 órdenes de fiscalización; servicios, con 863; construcción, con 752; transportes y almacenamiento, con 693; y hoteles y restaurantes, con 567.
Se registró mayor cantidad de infracciones de los empleadores en las siguientes materias: falta del pago oportuno de remuneraciones a los trabajadores; incumplimientos en la jornada, horario de trabajo y descansos remunerados; y faltas en el depósito de la CTS y en el registro de los trabajadores en la planilla.
Como parte de sus funciones, la Sunafil también verifica que se cumplan las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Por eso, durante el 2020, año en que empezó la pandemia, se realizaron 22 paralizaciones de obras en los sectores de construcción civil, transporte y almacenamiento, así como en explotación de minas y canteras.
Como resultado de estas acciones se ha protegido la vida de un total de 661 trabajadores. Esto por supuesto que debe continuar porque conviene a todos, tanto a empleadores (aunque algunos no lo quieran aceptar así) y a los empleados por una cultural laboral de bienestar, buen rendimiento, respeto de los derechos y paz.

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