Estamos por terminar el año 2019 y la sensación que tenemos es que poco se ha avanzado en la responsabilidad de la lucha contra la corrupción desde el Consejo Regional de Loreto. Las razones saltan a la vista con lo declarado por la consejera delegada Janet Reátegui Rivadeneyra, quien afirmó que a los directores regionales del gobierno regional no les gusta la fiscalización.
La consejera es una autoridad que desde el inicio de la actual gestión del Gorel se la ha percibido como una mujer política decida a cumplir con sus funciones, aun si su postura no coincidiera con sus demás colegas consejeros, inclusive de la misma gestión regional al cual pertenece. Y según sus propias palabras ya la han considerado “enemiga de la gestión”. Recordemos que ya hubo roces con el mismo gobernador Elisbán Ochoa.
La consejera ha sido firme al decir que a los funcionarios los elige el gobernador y que a las autoridades los elige el pueblo. “Eso no lo deben confundir. Ellos están obstaculizando, no generan presupuesto para nosotros ejercer fiscalización”. La plata es de todos los loretanos y, por lo tanto, lo que queremos es que exista una buena planificación”.
Estas declaraciones que vienen de una autoridad que junto a otros de sus colegas consejeros regionales tratan de fiscalizar y buscar la transparencia en la actual gestión regional, nos da una clara alerta roja respecto al manejo económico específico en las direcciones regionales de Loreto.
Y lo que nos parece grave administrativamente es que prácticamente ignoran los pedidos de los consejeros. “Casi todo el año hemos venido pidiendo información sobre avances, logros, dificultades y nada”. ¿Por qué negarse informar? ¿A caso se quiere ocultar ciertos actos irregulares? ¿Cuál es el temor? Preguntas que deberían ser respondidas por los directores regionales.
Fuerte esta declaración desde el punto de vista de la jerarquía como autoridades que son los consejeros regionales. Lo grave es la negativa plasmada al no responder a los requerimientos oficiales en materia de fiscalización que intenta ejercerse desde el Consejo Regional de Loreto, hasta ahora sin éxito.
Entonces nos preguntamos para qué están los consejeros regionales, si no van a poder cumplir con sus funciones o serán obstaculizadas. A qué instancia deberán acudir los consejeros para hacerse respetar. ¿Quién deberá poner orden? El gobierno nacional tiene las herramientas legales para regular este ninguneo a la función de los consejeros regionales. Y es que similar situación se repite en otras regiones.
