Cuando nos enteramos que el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato (limpiando la casa, en portugués), o como más lo conocemos nosotros en Perú, de Odebrecht; se refirió a los próximos a sancionar en este caso como “nuestros corruptos”, de inmediato reaccionamos y pensamos “de ti quizás”, en buen loretano.
Sin embargo, luego de la primera impresión nos detuvimos a pensar y efectivamente son nuestros corruptos, nos guste o no nos guste; es más, nos duela o no, y hasta si no produce o no una enorme tristeza. Es una realidad que tenemos todos los compatriotas que asimilar y permanecer firmes así resulten condenados conocidos cercanos, amigos, familiares y militantes de alguna agrupación política a la que se pueda pertenecer.
Nos la estamos jugando el presente y futuro del país, para que sea viable derrotando toda una red de ´delincuentes políticos´ que han germinado desde décadas pasadas y se fueron consolidando ajustando hasta la normativa legal para la impunidad, subsistencia y fortalecimiento de los mismos para robarle al Estado.
El único propósito hacer dinero muy rápido y convertirse en millonarios, pisoteando el derecho de todos los peruanos y peruanas a una oportunidad de progreso, y ocasionado extrema pobreza de un alto porcentaje de pobladores condenados a la desnutrición crónica y la anemia, y las graves consecuencias que ello significa.
Ni nosotros, ni creemos que nadie que respete las reglas del sistema económico está en contra de quienes logren éxito empresarial de forma lícita, muy por el contrario se felicita y son un ejemplo a seguir, y con mayor razón si conscientes de su rol en el país generan acciones de proyección social de forma planificada, como parte de la responsabilidad empresarial que les corresponde.
Entonces “nuestros corruptos” no solamente deben tener sentencias ejemplares ajustadas a la legalidad, sino que se tienen que establecer mecanismos para la recuperación de lo sustraído al Estado, no con montos simbólicos de reparación civil, no, sino mínimo de lo que efectivamente se apoderaron y un poco más de haberse generado intereses.
Y que las investigaciones lleven a ubicar las inversiones que habrían realizado a través de gentes de su entorno cercano que no podrían explicar el origen de la fortuna que ostentarían. Los procesados generalmente muestran que no poseen en su nombre bienes, ni inversiones. Esto en ciertos casos es hasta “un secreto a voces” y no se explica cómo las autoridades fiscales no se enteran e investigan.
En ese sentido no se debe permitir que una sentencia sea como el canje al perdón de lo sustraído. Eso nos sugiere cuando las reparaciones civiles no se ajustan al monto defraudado al Estado. Y si recuperaran en la forma de bienes inmuebles u otros materiales, estos podrían ser entregados en uso a las instancias que lo requieran. Necesidades en el sector público y organizaciones de la sociedad civil, hay muchísimo.
“Nuestros corruptos”
