Las autoridades tienen la obligación moral de seguirle el pulso al sentir de la población, porque no es el resultado de un bien estudiado cálculo político, sino, una sabia percepción que la institucionalidad está herida de muerte y que al no recuperarse, nos dañamos todos.
En ese contexto, el planteamiento del presidente Martín Vizcarra, a que se adelanten las elecciones a congresistas y para la presidencia del país, no es más que en respuesta a ese sentir que cada vez suma a más peruanos.
Ciertas encuestas confiables hablan de más de un 70% de la población nacional harta de las acciones de la mayoría de los parlamentarios e incómodos con el involucramiento del mismo mandatario en situaciones de presuntas irregularidades. Todo huele a quemado y dudoso.
Si bien los aciertos de la gestión Vizcarra son celebrados con un respetable porcentaje de aceptación, no es una señal contundente que pueda hacer cambiar el pedido en las calles, plazas, hogares y tanto espacio de conversaciones, que es el que “se vayan todos”.
El presidente en su calidad de representante de la Nación, estaría cogiendo este mandato popular y planteando la figura legal para no alterar un orden jurídico ya establecido, pero sujeto a modificaciones conforme la coyuntura de los pueblos en cualquier parte del mundo. En este caso en el nuestro no tiene por qué ser la excepción, de adaptar las normas a las realidades que nos indican que tenemos que modificarlas.
Entonces, los esfuerzos tienen que ser en conjunto, aceptar que es el momento de un cambio radical a pesar de los enormes intereses que se entrecrucen, siempre será lo mejor que el empujarnos a una crisis social-político que podría desbordarse y volverse incontrolable.
Es por ello que lo declarado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que el hecho de adelantar las elecciones generales al 2020 no anula el diálogo con el Congreso, ni la posibilidad de trabajar en función de una agenda conjunta, es lo más sensato.
Comentó que los plazos establecidos en el cronograma electoral fijado en el proyecto de reforma constitucional son viables. No habrá reelección presidencial. Y ratificó que la aprobación de la propuesta depende de la voluntad política del Congreso, de poner los intereses del país por encima.
El premier dijo confiar que el año que plantean sea de transición, de diálogo y de mutuas agendas, y de la construcción de una institucionalidad que permita una nueva recomposición política en el país, a partir del 2020.
