La censurable actitud de espiar a los contrarios, a los rivales, a los líderes políticos antagónicos y otras personas de relieve en el contexto político, que sus voces o sus actitudes tengan peso para poner en aprietos a un gobierno, ya sabemos en qué termina.
Desde que Bernstein y Woodman, dos periodistas del diario estadounidense The Washington Post, hicieron público que en el Hotel Watergate, sede del partido demócrata se había descubierto un sistema de escucha instalado por los republicanos, las cosas nunca más fueron iguales, en especial en el ámbito político del mundo. Ante el escándalo, el presidente de los Estados Unidos, el republicano Richard M. Nixon tuvo que dimitir.
En el tiempo que vivimos, las instalaciones de aparatos de escucha para hacer el llamado “chuponeo” a los teléfonos de personas ligadas al quehacer político, son demasiado frecuentes y demasiado visibles, que ya no esconden nada porque el pudor en todo sentido, se ha perdido.
La cosa ha venido popularizándose que desde el elevado status del gobierno norteamericano ha llegado a los más bajos niveles, trasponiendo fronteras, instalándose en la política peruana, en los rastreos de la DINI por lo que el Congreso de la República ha retirado su confianza a la primera ministra Ana Jara, censurándola, como hasta hace más de medio siglo, el entonces Parlamento Nacional de 1,963, dominando por la coalición Apra-Uno, censuró al entonces primer ministro acciopopulista Jorge Trelles.
Pero por más que se quiera hacer creer que esta censura al gabinete ministerial haya sido motivada por el rastreo que se estaba haciendo a conocidos políticos, los entendidos manifiestan que ésta, es una censura a la política del gobierno actual.
El mandato de Ollanta Humala va llegando a su fin como comenzó, en la más extraña incertidumbre.
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