Juzgan por peculado y obstrucción a la gestión edil a ex alcalde de Pevas

-I Sala Penal intensifica audiencias para acabar procesos cuanto antes

Últimamente se viene apreciando un intenso trabajo en la I y II Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, esto con el objeto de bajar la carga procesal y también como antesala a lo que serán las denuncias que tendrá que remitir la Fiscalía Anticorrupción en el marco del nuevo Código Procesal Penal.

Ex alcalde y ex tesorero de la Municipalidad de Pevas ante la justicia.

Ex alcalde y ex tesorero de la Municipalidad de Pevas ante la justicia.

 

Son más de 10 audiencias las que a diario se vienen desarrollando en las salas mencionadas, ya sea con reos libres y en cárcel, se espera que la dinámica continúe hasta fin de año para que los procesos no se quiebren como ha venido ocurriendo año a año con el proceso de la famosa “Triangulación de la Caja Maynas” que se reinicia el próximo miércoles a las 9 de la mañana.

 

Ayer se desarrolló la audiencia que involucra al ex alcalde de Pevas, Ángel Donayre Chávez, Fernando Chávez (ex tesorero) y Juan Manuel Vargas (ex administrador), quien tuvo en sus manos el manejo de la institución edil sin tener siquiera una profesión ligada a ese trabajo. La fiscal interrogó a Vargas el día de ayer, haciéndole levantar la voz puesto que nadie escuchaba las respuestas que daba.

 

Se les acusa de peculado y de haber impedido que la alcaldesa entrante, Sonia Almeyda, ingresara para observar toda la documentación e iniciar su gestión. Las ex autoridades le exigían que presente las credenciales del JNE. Cuando se le preguntó al administrador del porqué no pagaban a las AFP y otros beneficios por los cuales descontaban a los trabajadores, dijeron que no quedaba en las cuentas o se compraban otras cosas. Además que el banco no aceptaba amortizaciones.

 

El abog. Moya le preguntó si contaba con una carrera afin para el trabajo encomendando, Vargas respondió que tenía algunos conocimientos pero no una profesión. Es así como lamentablemente se manejan algunas municipalidades. El Ministerio Público pide para ellos 5 años de pena privativa y una reparación civil de 15 mil soles.

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