JUZGADO PAZ LETRADO

EDICTO JUDICIAL
En el Exp. N° 00107-2017-0-1905-JR-PE-01,segfuido contra 1.-  ANDRÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de Ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, en el periodo  contado desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2014 como presunto autor  del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS  POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de COLUSIÓN previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana y contra WILLIAM ENRIQUE RAMOS APARCANA en su calidad de representante legal de la Empresa Servicios y Constructores SERCOL S.A.C., como CÓMPLICE PRIMARIO de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de COLUSIÓN previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana. 2.- contra MARY CLOTILDE AYALA SCAVINO en su calidad de Ex- Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, como presunto autor del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN; contra ANDRÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de Ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, en el periodo  contado desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2014; contra LEONCIO PILLCO HUAMANQUISPE en su calidad de Ex Gerente de Infraestructura y Cooperación Técnica Internacional; contra FRANCISCO OLIVARES IPANAQUE  en su calidad de Supervisor de la Obra «Creación de la casa del maestro de la localidad de Colonia Angamos- Distrito de Yaquerana- Requena- Loreto» y contra JOSE CARLOS GORDON PADILLA en su condición de Residente de la Obra antes mencionada, todos ellos como CÓMPLICES PRIMARIOS de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN y contra WILLIAM ENRIQUE RAMOS APARCANA en su calidad de representante legal de la Empresa Servicios y Constructores SERCOL S.A.C., como COMPLICE PRIMARIO de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana, el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Requena ha dispuesto se notifique mediante edicto judicial a los imputados JOSE CARLOS GORDON PADILLA  y ANDRÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ con las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO (01). Requena, dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete. I. PARTE EXPOSITIVA. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto -Nauta, pone en conocimiento del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena la disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. II. PARTE CONSIDERATIVA. 1. Los artículos 3º y 336.3º del Código Procesal Penal, prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con la investigación preparatoria. La disposición de formalizar investigación, debe contener los requisitos del artículo 336º, incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal, como son los siguientes: la acción penal no haya prescrito, la individualización del imputado con su nombre completo y dirección domiciliaria constatada, la descripción precisa y clara de los hechos, la tipificación específica o alterna, el nombre del agraviado y la satisfacción de los requisitos de procedibilidad, de ser el caso. 2. El Juez debe efectuar un control de admisibilidad del acto postulatorio de disposición de formalización de investigación, consistente en verificar si reúne los requisitos del artículo 336º, inciso 1º y 2º del Código Procesal Penal. En caso se advierta la omisión o defecto de algún requisito legal, deberá concederse   un plazo perentorio para que pueda ser subsanado, bajo apercibimiento de tenerse por no formalizada válidamente la investigación preparatoria y archivarse el proceso, sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que correspondan. 3. El artículo I.1º del Título preliminar del Código Procesal Penal garantiza que la justicia debe impartirse en un plazo razonable. Al respecto el artículo 342º del Código Procesal Penal señala que el plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales (inciso 1º) y tratándose de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses (inciso 2º), pudiendo en ambos casos prorrogarse por una sola vez, para el primero por sesenta días naturales y para el segundo por ocho meses. Los plazos legales antes anotados deben entenderse como máximos, correspondiendo analizar en cada caso concreto su razonabilidad, en atención a los actos de investigación señalados en la disposición de formalización, entre otros factores, pudiendo fijarse un plazo de investigación menor o igual, pero no mayor al máximo legal o sus prórrogas. De otro lado, el Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. Finalmente, conforme al artículo 343º del Código Procesal Penal, el control del plazo –no razonable puede ser a pedido de parte (inciso 2º) o incluso de oficio (inciso 3º). 4. Los artículos 286º y 287.1º del Código Procesal Penal prescriben que el Juez de Investigación Preparatoria dictará mandato de comparecencia simple, si el Fiscal no requiere la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones o si habiéndola requerido no concurren los presupuestos materiales para su imposición. 5. El artículo 80º del Código Procesal Penal prescribe que el Servicio Nacional de la Defensa pública, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor público para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. 6. Los derechos del agraviado se encuentran regulados en el artículo 95º del Código Procesal Penal. Al agraviado constituido judicialmente en actor civil se le reconoce extensivamente las facultades de los artículos 104º y 105º del Código Procesal Penal, en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como en la acreditación de la reparación civil que se pretende. 7. El artículo 127º, numerales 3º y 4º del Código Procesal Penal prescribe que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o centro de trabajo, empero, si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a éstos. Sólo se procederá a la notificación personal por exigencia de la ley o de la naturaleza del acto, lo cual será precisado en la resolución respectiva. 8. El artículo 6.3º del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas del Código Procesal Penal aprobado por Resolución Administrativa Nº 096-2006-CE-PJ (28/06/2006), autoriza la notificación por dirección electrónica y teléfono equiparable al domicilio procesal. Así mismo, conforme al artículo 16º, incisos 1º y 2º del reglamento anotado, se incorpora la notificación por dictado, cuando las resoluciones se dicten en el curso de una audiencia, las cuales serán notificadas en forma oral a los asistentes y también se considerarán notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido debidamente citados y cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no concurran a dicha diligencia. 9. El artículo 139.4º de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos I.2º Título Preliminar del Código Procesal Penal, reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados por las partes, debiendo ser declarados inadmisibles ante la inconcurrencia del peticionante a la audiencia fijada para tal fin como lo autoriza el artículo 361º del Código Procesal Penal. 10. El artículo 120º, numerales 1º y 3º del Código Procesal Penal, prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando los medios técnicos que correspondan, como la reproducción audiovisual, pudiendo entregarse en forma gratuita una copia a las partes, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. III. PARTE RESOLUTIVA: I. ADMÍTASE A TRÁMITE la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, expedida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto -Nauta, contra el imputado: 1.-  ANDRÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de Ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, en el periodo  contado desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2014 como presunto autor  del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS  POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de COLUSIÓN previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana y contra WILLIAM ENRIQUE RAMOS APARCANA en su calidad de representante legal de la Empresa Servicios y Constructores SERCOL S.A.C., como CÓMPLICE PRIMARIO de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de COLUSIÓN previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana. 2.- contra MARY CLOTILDE AYALA SCAVINO en su calidad de Ex- Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, como presunto autor del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN; contra ANDRÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de Ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, en el periodo  contado desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2014; contra LEONCIO PILLCO HUAMANQUISPE en su calidad de Ex Gerente de Infraestructura y Cooperación Técnica Internacional; contra FRANCISCO OLIVARES IPANAQUE  en su calidad de Supervisor de la Obra «Creación de la casa del maestro de la localidad de Colonia Angamos- Distrito de Yaquerana- Requena- Loreto» y contra JOSE CARLOS GORDON PADILLA en su condición de Residente de la Obra antes mencionada, todos ellos como CÓMPLICES PRIMARIOS de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN y contra WILLIAM ENRIQUE RAMOS APARCANA en su calidad de representante legal de la Empresa Servicios y Constructores SERCOL S.A.C., como COMPLICE PRIMARIO de la comisión del presunto delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado Peruano- Municipalidad Distrital de Yaquerana por cumplir con los requisitos legales. 2. SEÑÁLESE el plazo de OCHO MESES, para la realización de las diligencias de la investigación preparatoria que correspondan dado la complejidad declarada mediante disposición fiscal N° 05 de autos, por el titular de la acción penal. 3. COMUNÍQUESE a la parte agraviada que tiene derecho a ser informada y escuchada, antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así mismo, tiene la facultad de solicitar su CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso. 4. PRECÍSESE a las partes que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encuentra disponible en las instalaciones del Ministerio Público- Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto -Nauta, encargada del caso, para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan. Asimismo, las DISPOSICIONES corresponden ser notificadas a las partes POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 5. INDÍQUESE a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan en forma escrita y motivada, para su traslado a la otra parte, debiendo ser sustentados oralmente en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible, en caso de inconcurrencia del peticionante y archivarse el incidente.  6. ORDÉNESE a las partes que fijen domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado y a los abogados defensores señalen su casilla electrónica1, precisándose que las resoluciones escritas en adelante sólo serán notificadas en el domicilio procesal, siendo de responsabilidad de las partes, la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano. 7. CONCÉDASE el plazo de cinco días hábiles a los imputados para que designen abogados y lo comuniquen al juzgado; en caso contrario, se procederá a notificar a la Defensoría Pública, para que designe a un abogado público que asegure la defensa técnica de los imputados desde el inicio del proceso, dejando a salvo su derecho de sustituirlo por otro abogado en cualquier momento. 8. PRECÍSESE que el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio, pudiendo acceder las partes a una copia del mismo en forma gratuita, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. La resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan asistido, computándose el plazo para interponer recursos impugnatorios, a partir del día siguiente a la audiencia. Por otro lado, la resolución dictada por escrito luego de concluida la audiencia, será notificada al domicilio procesal. 9. PROMUÉVASE Y PERMÍTASE a las partes la utilización del correo electrónico y el teléfono fijo o celular, para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio procesal, con exclusión de la notificación por cédula, en lo que sea pertinente. Para el Ministerio Público, la Defensoría pública y demás instituciones públicas, téngase como domicilio procesal, el precisado en el directorio oficial comunicado por el representante autorizado de cada institución a la Corte de Justicia de Loreto. 10. NOTIFÍQUESE a los imputados y agraviado en su domicilio mediante cédula, y al Ministerio Público en su sede institucional. RESOLUCIÓN NÚMERO:  DOS (02). Requena, veintinueve de enero del año dos mil veinte. DADO CUENTA con el presente cuaderno y a efectos de tener la certeza que el imputado Andrés Rodríguez López fue válidamente notificado con la resolución número uno de autos [que admite a trámite la presente investigación, teniendo en cuenta que a la fecha no fue devuelta su cédula de notificación por parte del Juez de Paz competente] en salvaguarda del derecho de defensa que les asiste a todo justiciable y que esta judicatura tenga la certeza y convicción de que fue emplazado válidamente con la resolución en mención y así pasar a la siguiente etapa procesal, como es la etapa intermedia se dispone RESERVAR el trámite de la disposición que dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta tener a la vista el cargo de notificación de la resolución número uno, que tiene por formalizada la presente investigación sin perjuicio de reiterarle la notificación en caso no haya sido notificado por causas que no les son imputables sin perjuicio de notificarle vía edicto judicial las resoluciones emitidas en autos. Asimismo, con la razón de dicho, emitida por Joseph Charles Rioja Huaymana- Asistente de Comunicaciones NCPP-CSJLORETO, por la cual indica que la dirección consignada en la cédula Nº 5693-2017 es inexistente, sin embargo cabe precisar que dicha dirección se encuentra consignada en su Ficha RENIEC de José Carlos Gordon Padilla, siendo así, REITÉRESE la notificación a dicha dirección, adjuntando la ficha RENIEC respectiva sin perjuicio de notificarle vía edicto judicial las resoluciones emitidas en autos. Notifíquese. Firmado. Dr., William Leopoldo Alejo Cruz- Juez titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog., William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado -Juzgado de Investigación Preparatoria.
Requena, 13 de marzo del 2019.
V-3(12,13 y 16)

EDICTO JUDICIAL
En el Exp. Nº 241-2019-0-1905-JR-PE-01, seguido contra los imputados MAGNO SILVA OCAMPO [en su condición de ex- Gerente de Administración], LUIS DEL CASTILLO CAMAN [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Contabilidad] y JIM  LARRY BROWN TUESTA [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Tesorería] en calidad de presuntos AUTORES, por la presunta comisión de los delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en las modalidades de PECULADO DOLOSO, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL al imputado MAGNO SILVA OCAMPO, con las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO (01). Requena, doce de setiembre del año dos mil diecinueve. I.  PARTE EXPOSITIVA. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto-Nauta, pone en conocimiento del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena la disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. II. PARTE CONSIDERATIVA. 1. Los artículos 3º y 336.3º del Código Procesal Penal, prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con la investigación preparatoria. La disposición de formalizar investigación, debe contener los requisitos del artículo 336º, incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal, como son los siguientes: la acción penal no haya prescrito, la individualización del imputado con su nombre completo y dirección domiciliaria constatada, la descripción precisa y clara de los hechos, la tipificación específica o alterna, el nombre del agraviado y la satisfacción de los requisitos de procedibilidad, de ser el caso. 2. El Juez debe efectuar un control de admisibilidad del acto postulatorio de disposición de formalización de investigación, consistente en verificar si reúne los requisitos del artículo 336º, inciso 1º y 2º del Código Procesal Penal. En caso se advierta la omisión o defecto de algún requisito legal, deberá concederse   un plazo perentorio para que pueda ser subsanado, bajo apercibimiento de tenerse por no formalizada válidamente la investigación preparatoria y archivarse el proceso, sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que correspondan. 3. El artículo I.1º del Título preliminar del Código Procesal Penal garantiza que la justicia debe impartirse en un plazo razonable. Al respecto el artículo 342º del Código Procesal Penal señala que el plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales (inciso 1º) y tratándose de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses (inciso 2º), pudiendo en ambos casos prorrogarse por una sola vez, para el primero por sesenta días naturales y para el segundo por ocho meses. Los plazos legales antes anotados deben entenderse como máximos, correspondiendo analizar en cada caso concreto su razonabilidad, en atención a los actos de investigación señalados en la disposición de formalización, entre otros factores, pudiendo fijarse un plazo de investigación menor o igual, pero no mayor al máximo legal o sus prórrogas. De otro lado, el Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. Finalmente, conforme al artículo 343º del Código Procesal Penal, el control del plazo –no razonable puede ser a pedido de parte (inciso 2º) o incluso de oficio (inciso 3º). 4. Los artículos 286º y 287.1º del Código Procesal Penal prescriben que el Juez de Investigación Preparatoria dictará mandato de comparecencia simple, si el Fiscal no requiere la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones o si habiéndola requerido no concurren los presupuestos materiales para su imposición. 5. El artículo 80º del Código Procesal Penal prescribe que el Servicio Nacional de la Defensa pública, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor público para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. 6. Los derechos del agraviado se encuentran regulados en el artículo 95º del Código Procesal Penal. Al agraviado constituido judicialmente en actor civil se le reconoce extensivamente las facultades de los artículos 104º y 105º del Código Procesal Penal, en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como en la acreditación de la reparación civil que se pretende. 7. El artículo 127º, numerales 3º y 4º del Código Procesal Penal prescribe que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o centro de trabajo, empero, si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a éstos. Sólo se procederá a la notificación personal por exigencia de la ley o de la naturaleza del acto, lo cual será precisado en la resolución respectiva. 8. Las resoluciones dictadas oralmente dentro de la audiencia se tendrán por notificadas a todas las partes procesales y órganos de prueba concurrentes a la misma. Las partes procesales citadas que no concurran a la audiencia serán notificadas con arreglo a ley, como lo dispone el artículo 50° del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República. 10. La Directiva N° 06-2015-CE-PJ/ […] 7.4.4. Efectos de la notificación electrónica. De conformidad con lo establecido en el artículo 155-C del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales enviadas a las casillas electrónicas del Poder Judicial, surten efecto desde el segundo día hábil siguiente en que se efectuó la notificación electrónica. Se exceptúa de este plazo, a la notificación de las resoluciones judiciales expedidas  y notificadas en audiencias y diligencias especiales, así como la notificación de las resoluciones  referidas en los artículos 155-E y 155-G de la mencionada Ley Orgánica. 11. El artículo 139.4º de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos I.2º Título Preliminar del Código Procesal Penal, reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados por las partes, debiendo ser declarados inadmisibles ante la inconcurrencia del peticionante a la audiencia fijada para tal fin como lo autoriza el artículo 361º del Código Procesal Penal. El artículo 120º, numerales 1º y 3º del Código Procesal Penal, prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando los medios técnicos que correspondan, como la reproducción audiovisual, pudiendo entregarse en forma gratuita una copia a la partes, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. III. PARTE RESOLUTIVA: 1. ADMÍTASE A TRÁMITE la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, expedida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto-Nauta, contra los imputados MAGNO SILVA OCAMPO [en su condición de ex- Gerente de Administración], LUIS DEL CASTILLO CAMAN [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Contabilidad] y JIM  LARRY BROWN TUESTA [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Tesorería] en calidad de presuntos AUTORES, por la presunta comisión de los delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en las modalidades de PECULADO DOLOSO, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN, por cumplir con los requisitos legales. 2. SEÑÁLESE el plazo de CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES, para la realización de las diligencias de la investigación preparatoria que correspondan. 3. IMPÓNGASE el mandato de comparecencia simple a los imputados MAGNO SILVA OCAMPO, LUIS DEL CASTILLO CAMAN y JIM LARRY BROWN TUESTA. 4. COMUNÍQUESE a la parte agraviada que tiene derecho a ser informada y escuchada, antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así mismo, tiene la facultad de solicitar su CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso. 5.PRECÍSESE a las partes que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encuentra disponible en las instalaciones del Ministerio Público- Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto -Nauta, encargada del caso, para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan. Asimismo, las DISPOSICIONES corresponden ser notificadas a las partes POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 6. INDÍQUESE a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan en forma escrita y motivada, para su traslado a la otra parte, debiendo ser sustentados oralmente en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible, en caso de inconcurrencia del peticionante y archivarse el incidente. 7. ORDÉNESE A LAS PARTES QUE FIJEN DOMICILIO PROCESAL DENTRO DEL RADIO URBANO DEL JUZGADO y A LOS ABOGADOS DEFENSORES SEÑALEN SU CASILLA ELECTRÓNICA2 y/o CORREO ELECTRÓNICO, SIN PERJUICIO DE INDICAR SUS NUMERO TELEFONICOS TANTO DE LAS PARTES COMO DE LOS ABOGADOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES URGENTES, precisándose que las resoluciones escritas en adelante sólo serán notificadas en el domicilio procesal, siendo de responsabilidad de las partes, la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano. 8. CONCÉDASE el plazo de cinco días hábiles a los imputados para que designen abogados y lo comuniquen al juzgado; en caso contrario, se procederá a notificar a la Defensoría Pública, para que designe a un abogado público que asegure la defensa técnica de los imputados desde el inicio del proceso, dejando a salvo su derecho de sustituirlo por otro abogado en cualquier momento. 9. PRECÍSESE que el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio, pudiendo acceder las partes a una copia del mismo en forma gratuita, previa solicitud y entrega del dispositivo de almacenamiento idóneo. La resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan asistido, computándose el plazo para interponer recursos impugnatorios, a partir del día siguiente a la audiencia. Por otro lado, la resolución dictada por escrito luego de concluida la audiencia, será notificada al domicilio procesal. 10. PRECISAR que el uso obligatorio en éste distrito judicial del Sistema de Notificaciones Electrónica- SINOE3, siendo así, se REQUIERE a los abogados defensores de las partes procesales poner en conocimiento de ésta judicatura su casilla electrónica en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES  BAJO APERCIBIMIENTO de tenerse por notificado y bajo su responsabilidad en la misma fecha de expedición de la resolución judicial4. 11. PROMUÉVASE Y PERMÍTASE a las partes la utilización del correo electrónico y el teléfono fijo o celular, para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio procesal, con exclusión de la notificación por cédula, en lo que sea pertinente. Para el Ministerio Público, la Defensoría pública y demás instituciones públicas, téngase como domicilio procesal, el precisado en el directorio oficial comunicado por el representante autorizado de cada institución a la Corte de Justicia de Loreto. 12. NOTIFÍQUESE a los imputados en su domicilio mediante cédula y al Ministerio Público y al Procurador Público competente en su sede institucional. RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS (02). Requena, doce de febrero del año dos mil veinte. DADO CUENTA con el presente cuaderno, se advierte que a la fecha de emisión de la presente resolución aún no fue devuelto el cargo de notificación de la resolución número uno de autos, por parte del Juez de Paz competente, dirigida al imputado Magno Silva Ocampo, siendo así, adjúntese a la presente, la resolución número uno de autos dirigida al imputado Magno Silva Ocampo, en el supuesto que no haya sido notificado por causas que no le son imputables sin perjuicio de notificarles vía edicto judicial las resoluciones emitidas en autos a efectos de garantizar el derecho de defensa que le asiste a todos los justiciables. Notifíquese. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena.
Requena, 11 de marzo de 2020.
V-3(12,13 y 16)

EDICTO JUDICIAL
En el Exp. Nº 241-2019-69-1905-JR-PE-01, seguido contra los imputados MAGNO SILVA OCAMPO [en su condición de ex- Gerente de Administración], LUIS DEL CASTILLO CAMAN [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Contabilidad] y JIM  LARRY BROWN TUESTA [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Tesorería] en calidad de presuntos AUTORES, por la presunta comisión de los delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en las modalidades de PECULADO DOLOSO, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN, el señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Requena, ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante EDICTO JUDICIAL al imputado MAGNO SILVA OCAMPO, con las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES (03). Requena, doce de febrero del año dos mil veinte. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el presente cuaderno, a fin de resolver la solicitud de constitución en Actor Civil, efectuada por la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Distrito Judicial de Loreto; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurrente solicita se le constituya como Actor Civil en el presente proceso, en su condición de representante de los derechos e intereses del Estado – Municipalidad Distrital de Emilio San Martín, para los efectos de la acción reparadora en el proceso penal, por haber sido perjudicado por el delito instruido, y para legitimar dicha reparación, y en su caso por los daños y perjuicios producidos por el ilícito penal. SEGUNDO.- Que, admitida a trámite la solicitud, mediante resolución número uno de fecha quince de noviembre del año dos mil diecinueve, se corrió traslado, a los sujetos procesales por el término de tres días, siendo debidamente notificados, según se desprende de las constancias de notificación que obran en autos, sin que se haya formulado ninguna incidencia, por lo que es del caso emitir pronunciamiento de fondo. TERCERO: Que, la solicitud que se provee cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 100º del Código procesal Penal, habiendo acreditado el recurrente con la copia de la  Resolución que se le designa como Procurador, y por ende, ser la persona que representa los derechos e intereses del Estado, encontrándose por ello legitimada para reclamar la reparación civil conforme lo establece el artículo 98° del Código Procesal Penal, que no es sino, una consecuencia del delito, lo que implica su resarcimiento, correspondiendo por ello acceder a lo solicitado. Por estas consideraciones, en atención a los dispositivos legales invocados, de conformidad con lo prescrito por el artículo 102° del Código Procesal Penal, y con las facultades conferidas por el inciso segundo del artículo 323° del código acotado en concordancia con el inciso 2 del art.16 del Reglamento del Expediente Judicial, se resuelve: CONSTITUIR EN ACTOR CIVIL al ESTADO PERUANO – Municipalidad Distrital de Emilio San Martín, representado por la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Distrito Judicial de Loreto; en los seguidos contra los imputados MAGNO SILVA OCAMPO [en su condición de ex- Gerente de Administración], LUIS DEL CASTILLO CAMAN [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Contabilidad] y JIM  LARRY BROWN TUESTA [en su condición de ex- Jefe de la Unidad de Tesorería] en calidad de presuntos AUTORES, por la presunta comisión de los delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en las modalidades de PECULADO DOLOSO, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN; a quien se le hace conocer que puede hacer uso de las facultades contenidas en los artículos 104º y 105º del antes mencionado cuerpo normativo; consentida y/o ejecutoriada que sea la presente: ARCHÍVESE el cuaderno en el modo y forma de ley. Notifíquese en forma oportuna y conforme a ley. FIRMADO: Dr. William Leopoldo Alejo Cruz- Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena. Abog. William Marlon Eche Zapata- Especialista Judicial de Juzgado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Requena.
Requena, 11 de marzo de 2020.
V-3(12,13 y 16)

2 Directiva N° 06-2015-CE-PJ/ […] 7.4.4. Efectos de la notificación electrónica. De conformidad con lo establecido en el artículo 155-C del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales enviadas a las casillas electrónicas del Poder Judicial, surten efecto desde el segundo día hábil siguiente en que se efectuó la notificación electrónica. Se exceptúa de este plazo, a la notificación  de las resoluciones  judiciales expedidas  y notificadas en audiencias y diligencias especiales, así como la notificación de las resoluciones  referidas en los artículos 155-E y 155-G de la mencionada Ley Orgánica.

3 Notificación Vía SINOE se realiza en merito a la obligatoriedad, dispuesta mediante Oficio Múltiple N° 518-2018-P/CSJLO-P de fecha 10-09-2018, emitida por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto de ese entonces, en concordancia con la Ley N° 30229, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12-07-2014, se dispuso, entre otros aspectos, la obligatoriedad de la notificación electrónica en todos los procesos contenciosos y no contenciosos tramitados ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y contenida en las Resoluciones Administrativas N° 069-2015-CE-PJ, N° 260-2015-CE-PJ y N° 074-2016-CE-PJ emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
4  Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República.
   Sub Capitulo II- Notificación Electrónica- Artículo 49°: Notificación electrónica.
    1. Los fiscales, procuradores públicos, defensores públicos y abogados que participen en el proceso penal, tienen la obligación de contar con una casilla electrónica para las notificaciones de los actos procesales. En caso contrario, se tendrán por notificados y bajo su responsabilidad en la misma fecha de expedición de la resolución judicial. (…)
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