JUZGADO PAZ LETRADO

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado Encargado de la Investigación Preparatoria  de la Provincia de Condorcanqui, que despacha el señor Juez, Dr. BRAULIO RAUL QUISPE HUILLCA  ha dispuesto se notifique al acusado ROYER BRANDO VEGA MOZOMBITE por el delito contra el Patrimonio, en la modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio de Irma Fernández Napuchi; edicto correspondiente al Cuaderno  N° 0079-2016-89-0104-JR-PE-01, para ser publicado en el Diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas por el plazo de tres días, la Resolución N° 05 de fecha 27 de Setiembre del 2018: AUTO QUE DE DECLARA FUNDADA EL REQUERIMIENTO DE REVOCATORIA.- RESOLUCION NÚMERO: CINCO.- Santa María de Nieva, veintisiete de setiembre del año dos mil dieciocho.- VISTOS Y OIDOS: En esta audiencia la oralizaciòn del requerimiento de revocatoria de pena presentado en este caso con fecha 08 de agosto del 2018 por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui en el presente caso seguido en contra de  Royer Brando Vega Mozombite por la presunta comisión e contra del Patrimonio en la modalidad de Hurto agravado, la cual fue oralizado por la Dra. Paula Bertha Chavil Montalván en esta audiencia quien ha referido que no ha cumplido con las reglas de conducta motivo por el cual debe revocarse la pena y corrido traslado a la defensa técnica del sentenciado quien ha referido que debe prorrogarse el periodo de cumplimento de la pena en este caso al ser menos gravosa en el presente caso y siendo su estado de resolver corresponde emitir sobre el merito de la misma con relación a los pedidos antes referidos; Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, si bien es cierto, el inciso 3) del artículo 59º del Código Penal posibilita que “Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos (…) 3). Revocar la suspensión de la pena”; esto habiendo interpretado el Tribunal Constitucional en su fundamento cinco y seis en el Exp. N° 1584-2012- Proceso de Habeas Corpus, ha señalado en su fundamento cinco que el “Juez al aplicar las alternativas en el artículo 59º del Código Penal ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas” y asimismo en su fundamento sexto nos ha señalado “que la revocatoria de la pena en  principio debe tener lugar mientras dure el periodo de la suspensión o el periodo de prueba mediante resolución debidamente motivada previo requerimiento al interesado, de que en caso de incumplimiento de las reglas de conducta procede la revocatoria de la suspensión de la pena o del período de prueba, sostener de lo contrario equivaldría señalar que la revocatoria de la suspensión de la pena procede en todo los casos una vez vencido el periodo de prueba, la cual resultaría en contrasentido”; y mismo máximo intérprete de la Constitución en el  Exp.N° 2790-2012-PHC/TC, ha establecido de que sobre la oportunidad de que adquiere la firmeza de la resolución de revocatoria de la pena ha señalado en dicha sentencia en su quinto  párrafo del fundamento 3.3. refiere “Que la revocatoria de la pena, el actor sabría puesto fuera del plazo establecido en la sentencia condenatoria e entendió el recurrente que la resolución de revocatoria se configuró cuando aquella adquirió de firmeza, es decir con la emisión de la cuestionada resolución de vista a través de la sala superior emplazada conformándola la resolución de primer grado”; por lo que cualquier cuestionamiento que pudiera existir con relación a la gradualidad con la que debe corresponde aplicar las causales o los defectos de incumplimiento previsto por el articulo 59º del Código Penal está completamente determinado que cualquiera de dichos efectos es posible aplicar a criterio razonable y proporcional del juzgador, y con relación a cualquier requerimiento previo para efectos de que cumpla con las reglas de conducta la misma también debiendo también ser intrascendente cuando estemos frente a un caso donde evidentemente se advierte de la propia ejecución del proceso, que la ejecución no se haya viabilizado a renuencia desafiante de parte del sentenciado, dado que  con ello se afectaría el principio de tutela jurisdiccional efectiva en caso de no efectivizarse cabalmente pues la ejecución de esa etapa y vencerse el periodo de prueba o periodo de suspensión daría lugar que se vuelva inejecutable la sentencia lo que no puede ocurrir en un estado de derecho como la nuestra, de ser así sería un contrasentido seguir un proceso judicial para luego no lograr alcanzar el resultado a las que se ha llegado en la resolución final conforme se ha indicado en esta ultima en cuanto a sus alcances y muy a pesar de que no se impuso una pena efectiva sino suspendida. SEGUNDO: Que en el presente proceso el Ministerio Publico ha solicitado la revocatoria de la suspensión de la pena invocando el inciso 3) del articulo 59º del Código Penal en el presente caso argumentando que no se ha incumplido las reglas de conducta así como que no ha cumplido con pagar la reparación civil en este caso como se advierte de los actuados a la fecha ninguna de las reglas de conducta no ha cumplido conforme se observa del cuaderno de firma de los sentenciados dichas reglas de conducta si bien están precisadas en la resolución final  si bien es cierto la defensa técnica ha señalado que debe prorrogarse la suspensión de la pena en el presente caso por ser menos gravosa para tal efecto debiendo pues evaluarse mas adelante esa posibilidad si cabe la revocatoria o la prorroga en este caso. TERCERO: Bajo ese contexto antes descrito; se tiene que la sentencia de terminación anticipada contenida en la resolución numero dos de fecha 28 de setiembre del 2016 en el presente caso, como consecuencia de haber instado la Fiscalía un proceso inmediato Royer Brando Vega Mozombite fue sentenciado por la presunta comisión del delito de hurto agravado previsto en los incisos 1 y 2 del articulo 186º del Código penal en agravio de Irma Fernandez Napuchi y se condenó por el periodo de tres años y un mes de pena privativa de libertad y suspendida por el periodo de prueba de dos años cuyas reglas de conducta fueron: a) Prohibición de frecuentar determinados lugares como bares, discotecas, a fin de que no pueda ingerir bebidas alcohólicas; b) La prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio real  a la fecha no variar únicamente el lugar donde esta residiendo a la fecha sin autorización del Juez; c) Comparecer mensualmente al juzgado de manera personal el último día hábil de cada mes y obligatoria a fin de justificar sus actividades y firmar el cuaderno respectivo en el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Condorcanqui; d) Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con el pago de la reparación civil; y e) Prohibición de cometer nuevos delitos dolosos como la presente y otros en el periodo de la suspensión de prueba; f) Prohibición de cometer otro delito doloso conforme al articulo 60 del Código Penal; g) Dar lectura de un libro estructurado y entregar un resumen al juzgado cada dos meses. Estas reglas de conducta con el apercibimiento de revocarse a una de efectiva conforme establece el inciso 3) del articulo 59 del Código Penal, se ha fijado la reparación civil en la suma de S/400.00 Nuevos soles en el presente caso en concreto debiendo quedado consentida dicha resolución  mediante resolución tres de fecha 28 de setiembre del 2016 en la misma audiencia en la que estuvo presente habiendo mostrado su conformidad y cumplimiento de las reglas de conducta del sentenciado y a la fecha en el presente caso no ha cumplido ninguna de las reglas de conducta conforme se advierte de los actuados y la posibilidad de prorrogarlo seria prácticamente de intranscendente en razón que el presente caso la prorroga tiene que obedecer a un motivo justificado dado que ante la falta de cumplimiento total de la sentencia condenatoria, prorrogarlo por un periodo conforme ha solicitado la defensa técnica no tendría ningún efecto en el presente caso sería aplazar los efectos de lo resuelto por éste Juzgado, la única manera de hacer efectivo los alcances de la sentencia que esta en etapa de ejecución es revocar, dado que la día de mañana vencería ese periodo de prueba pues ha tenido suficiente tiempo para cumplir la misma y que es netamente atribuible al sentenciado que conocía perfectamente de  los efectos que tenia la misma razón por la cual al ser razonable y proporcional por cuanto estamos ante la ejecución de sentencia y corresponde hacer efectivo el inciso 3) del articulo 59º del Código Penal convocado por la Representante del Ministerio Publico al sentenciado en este caso Royer Brando Vega Mozombite sentenciado por la presunta comisión del delito de hurto agravado previsto en el inciso 1) y 2) del articulo 186 en agravio de Irma Fernández Napuchi de no hacerlo se afecta la tutela procesal efectiva como derecho fundamental que toda sentencia debe ejecutarse en sus propios términos. CUARTO: Siendo esto así; corresponde la orden de ubicación y captura al ser de ejecución inmediata en el presente caso la etapa de cumplimiento la resolución indicada muy a pesar de que pueda sr cuestionadas mediante recurso impugnatorio no teniendo la calidad de suspendida motivo por el cual en el presente caso debe disponerse conforme se ha determinado. Por estas consideraciones, SE RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADA EL REQUERIMIENTO DE REVOCATORIA DE LA PENA postulada por la representante del Ministerio Publico en este caso la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui mediante su requerimiento de fecha 08 de agosto del 2018 que obra a fojas 01 y siguientes; y en consecuencia: REVÓQUESE EL EXTREMO DE LA SUSPENSION DE LA PENA contenida en la segunda parte resolutiva de la sentencia contenida en la resolución número dos de fecha 28 de setiembre del 2016 en el expediente principal contenida la sentencia que obra 48-53 del acta de audiencia de terminación anticipada del cuaderno principal. ORDENO EL CUMPLIMIENTO DE PENA DE TRES AÑOS Y UN MES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA AL SENTENCIADO ROYER BRANDO VEGA MOZOMBITE con Documento Nacional de Identidad Nº 48827871, de veinticinco años de edad, lugar de nacimiento Distrito de Manseriche, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, fecha de nacimiento 23 de abril del año 1993, estatura 1.66 mts, grado de instrucción primaria 2º grado, profesión u ocupación se desconoce, estado civil soltero, nombre de padres Miguel y Normelia, domicilio real en el Centro Poblado de Sarameriza, Distrito de Manseriche Provincia Datem del Marañon, Departamento de Loreto, domicilio procesal en el Jr. Ciro alegría S/N – Oficina de la Defensora Publica de Condorcanqui (Ref. al costado del Hotel Turismo) de la ciudad de Santa María de Nieva; abogado defensor publico Octavio Salinas Cribillero y demás datos consignados en su ficha RENIEC; como autor del delito por la presunta comisión del delito contra el PATRIMONIO en la modalidad de HURTO AGRAVADO previsto en el inciso 1 y 2 del articulo 186º del Código Penal, en agravio de Irma Fernández Napuchi. DISPONGO el INTERNAMIENTO en el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SAN HUMBERTO DE UTCUBAMBA DE BAGUA GRANDE lo que debe computarse a partir de su captura, para tal efecto REMÍTASE las ordenes de UBICACIÓN y CAPTURA a nivel nacional tanto a la Policía Judicial, Comisaria PNP de San Lorenzo, Comisaria PNP de Santa Maria de Nieva. 1. REMITASE AL REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS la presente resolución para los fines de Ley con la debida nota de atención. 2. NOTIFIQUESE AL SENTENCIADO EN SU DOMICILIO REAL CENTRO POBLADO DE SARAMERIZA por todos los medios posibles y así como VÍA EDICTO tanto en el diario de la corte Superior de Justicia de Amazonas como de la corte Superior de Justicia de Loreto.
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