Sucede casi siempre en épocas pre electorales, una desatinada acción violatoria de todo principio  jurídico, se desata en el ámbito de la población, alentada, propiciada y protagonizados por los ya conocidos dirigentes especialistas  en invasiones y  que guardan íntima relación con aspirantes a cargos públicos, quienes alientan muy subterráneamente la acción de posesión ilegal,  de quienes en abierto desafío a la ley, invaden terrenos de propiedad privada, destruyendo vandálicamente los cercos protectores de la propiedad invadida, acto con el cual se colocan al margen de la ley, que increíblemente permanece impasible  ante un acto tangible de usurpación, vandalismo  y ataque a la fuerza policial.

Otro argumento  que se esgrime  y que lamentablemente  es reforzado por algunos ‘papelucheros’ que fungen de abogados, reside en que señalan tener derecho de invadir porque no tienen donde vivir aunado a su condición de desocupados, o sea que nunca han aportado un solo céntimo al erario nacional; y sin embargo los miles de trabajadores que sí cotizan mensualmente  al erario ¿acaso no tienen más derecho que los que nunca han cumplido con la ley?, y encima la violan en forma inmisericorde  en pro de unos derechos que no sabemos quién  les ha asignado.

El principio legal es para respetarlo y protegerlo además de protegernos  a  nosotros los que sí cumplimos con  las leyes de la república  y dentro de tal respeto están considerados trabajadores, empresarios y familias que mediante su trabajo han logrado adquirir una o más propiedades, siendo un grave delito que personajes  que nunca  trabajaron se apoderen violenta e impunemente  de su propiedad.

El Código penal sanciona con pena de cárcel el delito de  usurpación  y  ataques a la fuerza policial; sin embargo son miles de miles los terrenos usurpados y que se sepa, nunca hubo ni hay ánimo legal para proteger a las víctimas de tales despojos.

Es  de esperar que quienes se mueven  entre bambalinas para cometer despojos, sean puestos al descubierto por quienes precisamente son  instigados a un acto que por su naturaleza es delictivo; y claro que principalmente las autoridades pertinentes, actúen con la ley en la mano, para  que tales despojos dejen  de ser una amenaza para la sociedad en pleno.