- Proceso arbitral entre la administración regional y una empresa constructora se perdió a causa de la desidia de la anterior gestión.
La defensa legal del Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto) se encuentran actualmente elaborando la estrategia legal que empleará la actual gestión para dejar sin efecto la orden de embargo, emitido el 07 de octubre del presente año, sobre las cuentas de inversiones del Banco de la Nación, las cuales suman un total de S/. 4´727153.86.
Es importante recordar que todo se inicia con el contrato de obra que fue suscrito entre el Consorcio Ucayali y el Gobierno Regional de Loreto representado en esa época por el entonces presidente regional, Yvan Vásquez Valera, de fecha 13 de setiembre de 2007, por el importe de S/. 9´207,679.98 (nueve Millones Doscientos Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve y 98/100 Nuevos Soles), con un Plazo de Ejecución 240 días, que inició el 14 de octubre de 2007.
La actual situación tuvo su origen en un proceso arbitral entre la administración regional anterior y el “Consorcio Ucayali”, que se inició en el año 2014 durante dicha gestión, y que concluyó con el laudo arbitral del 16 de enero del 2015, a pocos días de haberse iniciado la nueva gestión con el Lic. Fernando Meléndez Celis.
En ese sentido, la gestión anterior actuó irresponsablemente en este caso, pues no presentó una adecuada defensa legal a las demandas del “Consorcio Ucayali”, que ejecutó la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Contamana” en el año 2007.
Ante ello, la actual administración interpuso acciones legales en contra de la ejecución del laudo, mostrando las distintas irregularidades y errores cometidos en las redacciones de las resoluciones emitidas por el Primer Juzgado Civil – Sede Central, titular de este caso. Pese a ello, el 07 de octubre se procedió a embargar las cuentas de inversiones del GORE Loreto.
Indicios de prevaricato
Al respecto, los asesores legales del GORE Loreto concuerdan en que esta orden de embargo es irregular e ilegal, pues el juez titular del caso, Alexander Rioja Bermúdez, habría incumplido la Ley Nº 27584, Ley que regula el proceso contencioso-administrativo en su artículo 42, en lo relativo al plazo de ejecución de seis meses para el pago.
Todo haría indicar que el juez no tiene consideración de la apelación concedida, y al ofrecimiento de pago comunicado al juzgado en el marco de la Ley Nº 28411, Capítulo III Normas Específicas Adicionales, Artículo 70 referido al pago de sentencias judiciales. (GRL)
necesitamos un mayor esclarecimiento de los hechos a fin de informar a la poblacion de forma objetiva.