• Asesor Víctor López Orihuela anuncia que el GORE Loreto ya ha apelado la orden de embargo con la finalidad de recuperar los fondos destinados a obras públicas.
  • Acusa a juez titular del caso, Alexander Rioja Bermúdez, de haber violado dos normas con dicha resolución.
  • Dicho magistrado registra sanciones anteriores por inconducta funcional, y diversas acusaciones de corrupción._MG_4283

El asesor del Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto), Víctor López Orihuela, anunció que la actual administración regional se encuentra evaluando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por el delito de prevaricato en contra del juez titular del Primer Juzgado Civil de Maynas, Alexander Rioja Bermúdez, por haber ordenado el embargo de las cuentas de inversión de la región, incumpliendo normas fundamentales en todo proceso contencioso-administrativo.
Es importante indicar que dichas cuentas de inversiones del Banco de la Nación, que suman un total de S/. 4´727153.86, no contienen fondos ordinarios o de algún tipo de ingreso a la región, sino fondos destinados a financiar obras públicas. En este caso, este monto iba a ser utilizado para la ejecución de diversas obras de construcción y mejoramiento de instituciones educativas en distintas zonas de la región Loreto. “Para nosotros, el embargo es un acto arbitrario, un acto ilegal. Es un acto que podría ser catalogado de prevaricato”, indicó el funcionario.
Origen y desarrollo del proceso
El asesor del GORE Loreto explicó que esta situación tuvo su origen en la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Contamana”, realizada en el año 2007 por parte del “Consorcio Ucayali”, durante la gestión regional anterior.
“Esta es una obra producto del shock de inversiones del año 2007. El Gobierno Central transfiere al gobierno regional poco más de 9 millones de soles para esa obra, con un plazo de ejecución de 350 días. Esta obra tuvo su proceso ejecutivo bastante deficiente, bastante observable. Hubo muy malas relaciones entre las unidades ejecutoras y el contratista, en este caso el Consorcio Ucayali”, explicó el funcionario.
El año 2014, aplicando una cláusula contractual, el Consorcio Ucayali demanda en sede arbitral la contra-resolución del contrato. En su demanda, la empresa presenta 9 pretensiones, de las cuales la más importante es la que tiene que ver con la ampliación del plazo de ejecución.
“Si en el contrato original el plazo era de 350 días, en la demanda arbitral piden que se amplíe a 124 días. Esto se ve reflejado en el impacto económico. Entonces se demanda un resarcimiento económico que sumado da casi 5 millones de soles adicionales a los 9 millones que originalmente había sido acordado. El proceso arbitral demora hasta el 15 de enero del 2015, fecha donde se expide el laudo arbitral. Este laudo arbitral ampara parcialmente muchas de las pretensiones ahí contenidas”, explicó.
Violación de leyes
En los primeros días de marzo de este año, la empresa acude al órgano jurisdiccional del Poder Judicial, y plantea una demanda de ejecución del laudo arbitral, la cual es admitida por el Primer Juzgado Civil de Maynas. El GORE Loreto contestó la demanda adecuadamente. Es más, el 04 de setiembre la gestión regional planteó, bajo el amparo del artículo 70 referido al pago de sentencias judiciales de la Ley 28411 (Ley de apoyo al sistema del presupuesto marco de la República), un cronograma de pagos para cumplir con la orden judicial.
“Este procedimiento está regulado por la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso-administrativo, y que complementaria, supletoria y específicamente está respaldada por la Ley 28411. Hay dos cosas importantes: cuando hay ampliación se tiene hasta 6 meses para pagar, pero –cosa curiosa- antes del plazo de los 6 meses el señor juez del Primer Juzgado Civil embargó nuestras cuentas. Lo hizo al cuarto mes: primera infracción. La segunda infracción es que aún cuando ya se hubiese resuelto el fondo del asunto, había un ofrecimiento de pago notificado antes del embargo. Acá está el escrito. El embargo salió el día 07 de octubre, y el 04 de setiembre dijimos señores, de acuerdo a la Ley 28411, planteamos un cronograma de pagos. Hemos planteado pagar año a año alrededor de 900 mil soles mensuales”, indicó el letrado.
Denuncias contra juez
Al respecto, el asesor regional refirió que el GORE Loreto se encuentra actuando en dos líneas en este caso: la defensa de la recuperación de los fondos a través de las apelaciones ya presentadas, y la denuncia contra el juez por inconducta funcional, además de evaluar la posibilidad de denunciarlo por el delito de prevaricato.
“Se dice que este señor es preferido por algunos poderes fácticos del Poder Judicial en la ciudad de Lima. Vamos a hacer que esto vaya a la agenda nacional porque hemos hablado con los magistrados de la región, y la mayoría nos dejó entrever que este señor tiene la protección de un poder oculto en Lima. No puede ser que este señor tenga sendos informes de investigación que demuestran sus inconductas funcionales permanentes. Este es el despacho de un juez que trabaja a pedido. Vienen desde Huanta a demandar acá porque aquí consiguen lo que pretenden. Este señor ya ha sido sancionado. No lo digo yo, lo dicen las resoluciones. Estamos haciendo que Iquitos sea la isla donde vienen los justiciables a obtener la justicia que quieren”, manifestó López Orihuela.