Fiscal Anticorrupción consigue que abran juicio oral contra alcalde de San Pablo

  • Pese a que abogados defensores pedían sobreseimiento (archivamiento) de la investigación seguida desde el año 2014.
  • Juez de Ramón Castilla Javier Rubio Zavaleta, dispuso la medida de auto de enjuiciamiento, sin observaciones al trabajo del fiscal.  

La denuncia contra el alcalde de San Pablo y otros, fue planteada hace años, pero “gracias” al descuido de varios fiscales que pasaron por el despacho anticorrupción, la denuncia había quedado congelada en el baúl helado del olvido. Generando así impunidad contra autoridades que hace rato han debido ser sometidas a investigación profunda. Si la fiscalía anticorrupción que antes tuvo el trabajo, habría impulsado el caso, de seguro el burgomaestre de San Pablo, Mauro Ruiz Portal, no habría llegado a concluir su periodo, como está por ocurrir el mes de diciembre de 2018.
El joven fiscal anticorrupción Víctor Daniel Scipión Salazar, quien labora en la tercera fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios que despacha la Dra. Celina Ysabel Otero Amasifuén; impuso celeridad al caso y prudencia en el sustento de su acusación de tal forma que el juez de Caballococha, Javier Rubio, no encontró ninguna observación que haya que tenido que levantar el fiscal, como viene ocurriendo con otros casos que se desarrollan en Iquitos.
Por lo que acaba de sacar la resolución número cinco determinando el auto de enjuiciamiento para los siguientes procesados: alcalde de San Pablo Mauro Ruiz Portal, Markey Sánchez Delgado (ex proveedor-extraneus), Christian Macedo Chávez, Juan Lao Del Águila, César Del Águila Bazán, Armando Donayre López. A todos ellos por el presunto delito de colusión.
Significa que el juez de Caballococha, al concluir las investigaciones previas, ha concluido en que el caso debe pasar a un juicio oral donde se profundicen los acontecimientos y se pueda absolver o sentenciar a los mencionados. Para el alcalde de San Pablo pide la pena privativa de la libertad de ocho años, como pena accesoria cinco años de inhabilitación.
Para Armando Donayre, seis años de pena privativa, cinco de inhabilitación. Juan Lao, cinco años y cinco de inhabilitación. Christian Macedo, cinco años y pena accesoria de cinco años de inhabilitación. Markey Sánchez Delgado, (proveedor) cinco años de pena privativa de la libertad.
“Que habiéndose establecido una correcta relación jurídico procesal mediando un Juez competente, partes legitimadas con capacidad procesal y la concurrencia de los requisitos formales y esenciales de la acusación, así como, no ha prescrito la acción penal, resultando con ello dictar el auto de enjuiciamiento” mandó el juez, faltando únicamente poner la fecha para el día del inicio del juicio oral a desarrollarse en Ramón Castilla, donde existe un juzgado penal unipersonal.
¿Por qué irán a juicio oral los mencionados? Según acusación del representante del ministerio público, se les imputa a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Pablo, el haber intervenido de manera directa en razón de su cargo, durante todas las etapas de los procesos de selección en las adjudicaciones de menor cuantía: 40,42,43,44,45 y 46/2014, realizadas durante el mes de diciembre 2014, con la finalidad de perjudicar al Estado, habiendo para ello concertado con el proveedor Markey Sánchez Delgado, para favorecerlo con el otorgamiento de la buena pro en la elaboración de planes y diagnósticos que no tendrían fundamento, ni utilidad para la entidad agraviada.
Y que después incluso señalaron que se habían quemado en un incendio que se registró en un almacén de la municipalidad. Cada plan tenía un costo aproximado a los 40 mil soles. Todo en el mes de Navidad del año 2014.
El abogado del alcalde pidió sobreseimiento y miren de qué manera lo sustenta. “Respecto al hecho de no haberse realizado un estudio de posibilidades de precios y condiciones de mercado, señala, que ese tipo de procesos, los plazos son totalmente cortos y permite la sola presentación de un solo postor o participante y el área usuaria solo remite los términos de referencia del profesional a contratar y el área de logística efectúa según su mejor criterio, la búsqueda de proformas de posibles postores o participantes que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.
Agregando que no fue posible acreditar la existencia del estudio de posibilidades del mercado en razón que toda la documentación referida a los cinco procesos de selección, fueron incinerados en el siniestro de incendio ocurrido el 14 de enero del 2015. “En consecuencia se está demostrando que no existe las sindicadas presuntas irregularidades que sostiene la acusación fiscal al haberse suscitado un hecho fortuito adverso, no atribuible al personal de la municipalidad”, mencionó el abogado Dávila Munarris, ex decano del ilustre Colegio de Abogados.
Se espera que se haga justicia en ese lugar muy alejado de Iquitos, ya que se conoce que el pueblo de San Pablo desde hace años vive atemorizado por hechos gravísimos ejecutados en ese distrito y que hasta la fecha no se conoce el fondo de la verdad. Como la muerte de uno de los regidores de esa casa edil.

Comments are closed.