Los primeros diálogos que se dieron entre las organizaciones indígenas y los representantes de las entidades que conforman la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, giraban en torno a las indemnizaciones por la contaminación ocasionada y de refilón las reparaciones de los espacios afectados.
Conforme iban surgiendo más conversaciones empezaron a hablarse de los proyectos de obras como construcción de escuelas, postas y centros de salud, vías peatonales, agua apta para el consumo humano, puentes y los proyectos productivos que surgió más de la preocupación de las lideresas indígenas.
Seguían más diálogos y más firmas de actas, hasta que empezaron a involucrarse en las medidas de protesta los alcaldes distritales y provinciales, especialmente del llamado circuito petrolero, donde las autoridades ediles expusieron sobre la lista de proyectos en trámite.
Es ese momento de los diálogos que se analiza la situación de estos expedientes en equis (x) números que se encontraban en diferentes ministerios y programas del gobierno nacional. Uno de los puntos a modo de reclamo era la constante observación que recibían los expedientes técnicos.
Así uno de los acuerdos en las tantas actas firmadas fue que el Ministerio de Economía facilitaría con sus técnicos para viabilizar los expedientes, porque era una de las trabas para que se den pasos concretos a la realización de obras en los pueblos a través de sus respectivas municipalidades.
Esta especie de asesoramiento no funcionó, porque en otra de las reuniones consideraron que sería más viable que les entregaran un presupuesto específico a las municipalidades para el costo de la elaboración de los expedientes técnicos y de paso que se destraben, con nuevas normativas, algunos procedimientos como los relacionados con la Sunarp para el saneamiento físico legal de los terrenos donde se ubicarían obras.
Y aquí se veía venir un conflicto más de los ya existentes porque algunos representantes de las federaciones consideraban que ellos debían elaborar los expedientes técnicos y no las municipalidades, estas últimas obviamente opinaron lo contrario, vale decir una desconfianza mutua. Hasta que en acta quedaron que serían las entidades ediles como la parte formal del Estado las que podrían recibir ese presupuesto para los expedientes.
Esto no se ha normado en el marco de acuerdos, porque es un vacío que, por ejemplo, viene ocasionando enfrentamientos entre la población de Puinahua, por unos que creen debe recibir el dinero para expedientes la municipalidad y otros que debe recibir la organización indígena de la zona. El detalle en este caso es que el dinero no es del Estado, sino de la empresa petrolera privada, algo que no se previno en los debates pasados. Así el diálogo sigue sin resultados definitivos. ¿Hasta cuándo?

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