• En sumatoria Fiscalía pide 11 años de pena privativa de la libertad.
  • Grupos electrógenos para pueblos donados por Gorel no fueron utilizados y aparecieron sin baterías.
  • No hizo entrega del Cargo lo que habría permitido que nave “Stéfano” de uso municipal sea desmantelada.

 

Se está haciendo costumbre que ciudadanos que ejercieron el cargo público y que tienen procesos de investigación y acusaciones por indicios de graves delitos en contra del Estado que a través del voto popular se les confió administrarlo, sin ningún aparente remordimiento están queriendo volver a desempeñarse como autoridades.
Se desconoce a ciencia cierta cuántas cosas más habrá. Una de ellas es la investigación fiscal seguida de acusación contra Pablo Villamar García, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaquerana y actual candidato para la misma comuna.
Un caso es por la comisión del delito Contra la Administración Pública- peculado (robo) doloso agravado, previsto en el tercer párrafo del artículo 387º del Código Penal, en agravio del Estado peruano, en la Municipalidad Distrital de Yaquerana. Está en la Carpeta Fiscal Nº 2506015500-2012-304-0, Expediente Judicial Nº 02058-2014-0-1903-JR-PE-03.
El hecho es sobre dos grupos electrógenos entregados en calidad de donación por el Gorel para atender el servicio eléctrico de las poblaciones de Remoyacu y Buen Perú, y Puerto Alegre, del distrito de Yaquerana. Uno con código patrimonial 46226507-0034, marca MODASA en buen estado valorizado en S/. 22,915.00. Y el otro grupo con código patrimonial 46226507-0036, marca MODASA, en buen estado valorizado también en S/. 22,915.00.
Al efectuarse el cambio de gestión se verificó que, los grupos electrógenos donados se encontraban ubicados en el primer piso del inmueble del propietario de la casa, donde funciona la Oficina de Coordinación Municipal; sin embargo, no tenían baterías, conforme se indica en el Informe Nº 012-2012-LOG y ABAST-MDY. Siendo que no se ha acreditado la ubicación ni el destino dado a las baterías faltantes, como informó el jefe de Logística, Lucio Meo Dunu Duni.
El documento fiscal dice: en ese sentido se le atribuye al imputado la calidad de autor del delito de peculado doloso agravado, previsto en el tercer párrafo del artículo 387º del Código Penal, lo que la Fiscalía solicitó que la cuantía de la pena a imponerse al acusado sea de nueve años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación para ejercer cargo público, por el mismo período.
Otro caso que tiene el ex alcalde y actual candidato Pablo Villamar García, está en el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Loreto, que formuló requerimiento acusatorio como autor del delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado culposo, por no haber cumplido con la entrega del Cargo, cuando éste saliera de ser alcalde, motivo por el cual la embarcación “Stefano” (de uso municipal), aparentemente ha sido usufructuada por terceras personas y hasta habría sido desmantelada.
Por lo que le atribuyeron en su condición de alcalde saliente haber infringido su deber de cuidado como Titular del Pliego, para custodiar y proteger los bienes asignados a la entidad que representaba. Por lo que la fiscalía pide dos años de cárcel y pena de inhabilitación para ejercer cargo público por un año.
Este es el panorama a pocos días de las elecciones regionales y municipales, donde se puede ver que postulan exautoridades que están siendo investigadas en la fiscalía, acusados de graves hechos contra la entidad municipal que pretenden volver a administrar, en lugar de abstenerse hasta que se aclare su situación jurídica. (Diana López M.)