Mientras vamos enterándonos de los importantes informes respecto a evidencias de ilícitos penales que viene haciendo público la oficina de la Contraloría General de la República en Loreto, nos viene la sensación de que por fin es una entidad que hace sentir su presencia y los resultados de su trabajo, contra la enorme corrupción existente en las entidades estatales.
Pero, al mismo tiempo sentimos que las evidencias del control como que caen en sacos rotos, porque la presunta irregularidad ya se ha consumado mucho antes de que lo confirme la pesquisa de los especialistas de la Contraloría regional, ya no se puede hacer nada en el daño ocasionado al Estado, es decir nada de forma inmediata. Lo que sí los casos pasarán a otras instancias de la administración de justicia, fiscalía y corte de Loreto.
Entonces nos preguntamos que toda esa valiosa capacidad profesional especializada de la Contraloría, solo nos sirve para alertar lo que ya ocurrió, que no existe la posibilidad de alertar en el momento que todavía el ilícito no ha terminado de consumarse. Esto no sucede acá ni en ninguna parte del país, no, lo descubren después o lo advierten.
Evidenciamos que no existe la posibilidad de observar el proceso a través del personal que tiene la Contraloría dentro de las instituciones del Estado, con el objetivo que se realicen las correcciones del caso, en el día a día de cómo van funcionando los trámites dentro de las entidades controladas.
La figura de lo que realmente viene ocurriendo es más o menos así, que un padre o madre se entera meses después por la persona que da el servicio de cuidado infantil, que su niño ha cometido una travesura grave, y estando dentro de la casa, no les ha avisado, no les ha advertido, y menos ha contado con el mecanismo para detener la majadería al momento, o en el tema que nos ocupa, detener el acto de corrupción.
Estábamos como felices con los informes de la Contraloría, pero, pensamos, es útil informar meses después de lo ocurrido y denunciarlo públicamente, que está muy bien que se conozca, pero el ciudadano no puede hacer nada, más sí la Fiscalía, y acaso no pueden actuar en una figura legal de flagrancia, en prevención del delito, y que la información sea de utilidad mientras no se ha terminado de consumar la irregularidad.
Así vemos con claridad que nuestras entidades de control no podrán ser eficientes y los delitos de corrupción cual jarana seguirán consumándose y pasarán a la larga lista de expedientes que esperan su turno “algún día”, para que se le haga justicia a los recursos del Estado que se han agarrado ilícitamente y que no devuelven, y tienen un chance impresionante, y hasta con eso mismo se defienden pagando a sus abogados y presuntos sobornos.
Todo esto analiza la “delincuencia profesional” y tienen el camino allanado para seguir con sus fechorías. Cuánto quisiéramos que el Contralor de la República se refiera y actúe sobre estos temas de fondo y no este diciendo que los ciudadanos que detecten irregularidades en las construcciones de las obras hagan llegar sus denuncias.
La demagogia sigue imperando y el dinero del Estado sigue siendo la “mina de oro en billete”. Se necesita una reformulación de los procedimientos y de las competencias para que los especialistas tengan un desempeño exitoso a favor del Estado.
Evidencias del control
