Por: Ana de Mendoza
Representante de UNICEF

 

Alrededor de siete millones de niñas, niños y adolescentes volvieron a las aulas peruanas. Muchos volvieron con ilusión por aprender y reencontrarse con sus amigas y amigos. Pero otro grupo considerable con menor entusiasmo. La razón: que las escuelas que debieran ser espacios seguros, libres de violencia y donde se promueva la igualdad de derechos y oportunidades, no siempre lo son.
Frecuentemente la violencia es resultado de dinámicas desiguales de género y poder. Niñas y niños las experimentan de diferentes formas. Mientras ellas tienen más probabilidades de vivir bullying psicológico, violencia sexual y acoso; ellos están más expuestos a castigos corporales y violencia física.
Perú, a través de la Plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación, promueve desde hace unos años que las estudiantes reporten los casos de violencia de las que son víctimas. Dos de los resultados de los últimos cinco años nos llevan a perfilar a la escuela peruana como un espacio en el que las niñas y adolescentes enfrentan permanentemente una doble vulnerabilidad por el hecho de ser menores de edad y ser mujeres. Estos indicadores nos dicen que el 82% de los 3 738 casos de violencia sexual reportados en los últimos cinco años, tiene como víctimas a niñas o adolescentes mujeres y que el 60% de este tipo de violencia cometida en las escuelas contra estudiantes de ambos sexos tiene como agresor a alguien que labora en la institución.
Las escuelas pueden promover los grandes cambios que se requieren para lograr esa sociedad con igualdad de género y sin violencia que plantea la agenda global para el 2030, pero antes debe sacudirse de todo pensamiento y práctica que fortalezca estereotipos de género y abone a favor de la desigualdad. Para lograrlo necesitan convertirse en un lugar en donde los adultos promuevan la convivencia democrática entre hombres y mujeres, en el que la igualdad de oportunidades se haga evidente en el día a día, y la voz de las chicas sea tan escuchada y respetada como la de sus compañeros de clase.
El MINEDU en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, próxima a cumplir 30 años, son aliados legales para emprender esta transformación con enfoque de género que propone, y que permitirá al país, empezar a escribir una nueva historia. Una historia sin desigualdades, sin las marcas imborrables que suele dejar la violencia contra la niñez y la adolescencia.
Las niñas y adolescentes peruanas, principales víctimas de la violencia y la discriminación, tienen derecho a esa nueva escuela, a ese nuevo país, a ese futuro digno. El Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional tenemos el deber de hacer realidad ese derecho. No eludamos esa responsabilidad.