• Autoridad portuaria se niega a dar luz verde mientras no levanten observaciones.

 

Y tiene razón porque toda obra por donde a diario van a fluir cientos de personas, necesita contar con todas las de la Ley para que no haya ningún riesgo de proporciones. En el conocido embarcadero ubicado por la Av. La Marina, el gobierno regional gastó casi 8 millones de soles, sin embargo, cuesta decirlo, actualmente “no sirve ni a Dios, ni al diablo”. Y eso es cuestionable. Muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué?

Este medio de comunicación ha tratado de averiguar un poco más respecto a la paralización de dicho embarcadero que únicamente se abre cuando una u otra autoridad de nivel nacional, visita Iquitos y tiene que abordar un deslizador.

Se ha conocido que no funciona porque en su momento (2014) requería de una autorización de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) ya que esa institución es la que rige para todas las autorizaciones de funcionamiento de puertos, embarcaderos fluviales, etc. Se requerían una serie de requisitos. En primer lugar, cumplir con un plan maestro. Dicha obra pese a tener deficiencias debidamente señaladas, fue recepcionada por la actual gestión regional.

¿Qué ha visto la APN? Que en la parte del pontón ubicado en la parte baja, no se cuenta con los amarres necesarios. Es decir, si una motonave vendría por el río Itaya al garete, se estrellaría en el pontón y se llevaría todo lo que está por delante, pudiendo ocasionar graves consecuencias. Hasta la fecha no han puesto esos amarres en la parte alta del pontón, no en la baja. No han cumplido con el requisito.

Otro punto observado es concerniente a la seguridad del ambiente. Dieron un tiempo perentorio para ubicar cámaras de video vigilancia, señalización en todo el establecimiento, y no se ha hecho. Un asunto de prevención básica.

Finalmente, está el punto ambiental. Cuando se hizo el expediente técnico debió contar con el estudio de impacto ambiental, este se habría hecho sin los requisitos previos como son detallado, semi detallado, hojas vías o un Pama. En el caso mencionado habrían hecho un estudio de impacto ambiental que nunca fue revisado y aprobado, pero a pesar de ello se continuó con el trabajo. Sabiendo que era un requisito para la aprobación del proyecto total.

Un adicional al tema, sería que el gobierno regional recibió el embarcadero sabiendo que de por medio existe un asunto legal entre la constructora y esa institución pública. Se espera que la próxima gestión regional tenga la suficiente capacidad para sacar adelante esa obra que demandó a Loreto varios millones de soles y que por ahora está ahí inamovible, inerte, como un “elefante blanco”.