Encuentran responsabilidad administrativa y penal en UGEL/Loreto Nauta

  • Sobre transferencias electrónicas por concepto de pago de planillas de haberes autorizadas y ejecutadas en la unidad de gestión educativa local de Loreto Nauta, ejercicio 2017.

Irregularidades advertidas: En el ejercicio 2017 se ejecutaron pagos a favor de funcionarios, servidores y particulares sin sustento de la obligación a cargo de la unidad ejecutora y a través de un proceso de ejecución del gasto público realizado fuera del marco de la legalidad ocasionando un perjuicio económico de s/ 2 674 999,10.
De la revisión de la documentación y registros del sistema integrado de administración financiera del sector público vinculados a los procesos de ejecución del gasto público realizados en el ejercicio 2017, determinaron: que mediante transferencias electrónicas se realizaron pagos a favor de servidores, funcionarios y personas que no tenían vínculo laboral ni contractual, sin sustento de la obligación a cargo de la unidad ejecutora.
Que, para habilitar dichos pagos se llevaron a cabo procesos de ejecución del gasto público fuera del marco de la legalidad; toda vez que se formalizaron las etapas de compromiso, devengado y pago con violación flagrante de los procedimientos y exigencias legales establecidos en la normativa de presupuesto público; y, con el registro de información carente de veracidad en el Siaf.
Que, los servidores y funcionarios beneficiaros sostienen que las transferencias electrónicas a su favor corresponden al pago de incentivos laborales devengados que fueron ejecutados en acatamiento de un mandato judicial y de acuerdo a las orientaciones del ministerio de economía y finanzas; sin embargo, dicha afirmación ha sido desvirtuada con las evidencias recopiladas durante la ejecución del servicio de control.
El hecho expuesto ocasionó un perjuicio económico a la unidad ejecutora por s/2 674 999,10 y se originó debido a que los funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias (y por tanto, con disponibilidad jurídica sobre los recursos económicos de la unidad ejecutora), incumpliendo sus deberes funcionales de administración de los fondos públicos, autorizaron pagos a favor de funcionarios, servidores y personas que no tenían vínculo laboral ni contractual, sin ningún sustento de la obligación a cargo de la unidad ejecutora; que fueron tramitados a través de procesos de ejecución del gasto público que violaron flagrantemente los procedimientos y exigencias legales establecidos en la normativa de presupuesto público.
Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico: Nelson Silvano Tamani, Carlos Vílchez Ramírez, Robert Alberto Silvano Arimuya y Mario Álvarez Rodríguez, todos con presunta responsabilidad penal y administrativa.

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