DISCURSO DE ORDEN POR EL CXIV ANIVERSARIO DE LA CSJ LORETO – 2020

  • Discurso a cargo del magistrado Abg. Richard Percy Munguía Aponte, juez superior provisional, y miembro de la Sala Penal Liquidadora

El señor presidente de esta Superior Corte de Justicia, en deferente gesto que agradezco profundamente, me ha honrado con la designación para brindar el Discurso de Orden por el centésimo décimo cuarto Aniversario de Creación de nuestra Corte Superior de Justicia de Loreto.
Señores, como muchos conocen, es propio que en todo discurso de orden por un aniversario de alguna institución se desarrolle necesariamente una remembranza sobre la génesis y evolución a través de los años, para luego aterrizar en su presente, considerando los desafíos o retos que enfrentamos o que seguiremos enfrentando, con una mirada hacia el futuro. Confieso que en un principio pensé saltarme el tema histórico para así brindarles un discurso más ágil, digerible y quedar bien, pero luego, reflexionando, caí en la cuenta que hubiera cometido un sentido error, pues, se trata nada menos que de la historia de nuestra querida y centenaria institución, aquella que la hace única y distinguible de la demás, aquella historia que dicho sea de paso debe ser el insumo primordial para construir nuestra identidad institucional que, por lo que veo, no se encuentra aún definida o está en pleno proceso de construcción, proceso lento e indefinido que no culminará si no tenemos conciencia de quienes somos y de la Corte Superior de Justicia a la que pertenecemos.
Pues bien, entonces debemos recordar que los ciento catorce años que hoy cumple nuestra corte, tienen lugar desde que el 06 de Octubre de 1906 se expide la Ley N° 230, que dispone su creación, estableciéndose jurisdicción sobre los actuales Departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali.
De acuerdo al acta de creación del 06 de octubre de 1906, la fundación de la ilustrísima Corte de Iquitos constituyó un hecho de significativa trascendencia que coadyuvó a celeridad en la administración de justicia, ya que hasta ese entonces este extenso territorio dependía jurisdiccionalmente de la Corte Superior de Cajamarca, lugar hasta donde debían trasladarse expedientes y procesados para su juzgamiento.
Ya conocemos por informes de la época que la travesía desde Iquitos duraba aproximadamente un mes y medio (es decir, tres meses ida y vuelta), pues parte del recorrido se realizaba en barcos a vapor hasta la ciudad de Yurimaguas, y de allí se utilizaba el antiguo camino real –que data desde la época pre Inca, cuyo recorrido se hacía generalmente a pie.
La falta de recursos económicos hacía que muchas veces los inculpados detenidos permanecieran meses, y a veces años, en espera de poder ser trasladados a esa localidad. En ocasiones los reos eran enviados sin custodia, con su sólo compromiso de presentarse y comparecer ante las autoridades judiciales, para luego ser internados en el Penal y Juzgados. Afortunadamente, a pesar de tales circunstancias, se registraron muy pocas fugas.
Como vemos, no resulta difícil de imaginar las penosas condiciones en que se impartía justicia por esos años en esta parte del país. Los primeros años definitivamente fueron de mucha tensión, aún más porque se encontraba en pleno auge el boom cauchero, con el consiguiente contrapunto de variados intereses de grupos de poder local, disputas patrimoniales, deudas, entre otras obligaciones, y ,también, porque los ojos del Perú y del mundo se mantuvieron expectantes a la administración de justicia de la Corte de Justicia de Iquitos, por el caso de miles de indígenas amazónicos que fueron torturados y asesinados, bajo un régimen de esclavitud en la explotación del caucho; y cuyo debate aún se mantiene vivo, a más de un siglo de estos acontecimientos ocurridos en la zona del Putumayo.
Hasta aquí un breve y lineal recuento de parte de la historia de nuestra corte; sin embargo, permítanme, por favor, recapitular un poco más hacia su génesis, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a un personaje que, conforme estuve investigando, merece nuestro reconocimiento por su estrecha vinculación con la historia de nuestra Corte. Me estoy refiriendo a Joaquín Capelo, ingeniero y sociólogo limeño, quien a su vez fue senador de la República, cuyo cargo le permitió presentar la iniciativa legislativa para la creación de la Corte de Loreto, aunque –inicialmente- fue denominada Corte de Justicia de Iquitos.
Es cierto que dentro de su trayectoria política también fue diputado por Parinacochas, Ayacucho, pero -cuando propuso la creación de nuestra corte- se encontraba en la cámara alta. Podemos decir que en el ejercicio de su dilatada carrera parlamentaria, mostró obsesión por otorgar a la Amazonía peruana no sólo un sistema defensivo militar en nuestra región, promoviendo la instalación de un puesto militar en Puerto Bermúdez, sino, principalmente, por preservar sus recursos, porque avizoraba que allí estaba el futuro económico del país. Preocupado por el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos amazónicos, logró que se consignara en el presupuesto de 1902, una partida para la adquisición de dos vapores y dos lanchas destinadas al servicio de los ríos orientales.
Pero, quisiera que conozcamos un poco más de este personaje cuya vida me ha llamado la atención, como la de otros peruanos respetables que poco a poco van siendo sumergidos en las profundidades del olvido colectivo, y que merecen que de pronto, en ocasiones como esta, nos acordemos de ellos y rescatemos su legado. En este caso, el legado dejado por Joaquín Capelo está conformado por una vida política entregada a la lucha al servicio del pueblo, a través de la defensa férrea de los derechos de los pueblos indígenas contra el poder de los gamonales de la época y contra cualquier otro interés que menoscabara sus derechos; lucha que la realizó al lado de su amigo y socio fundador de la Asociación Pro Indígena, acompañados también por Dora Mayer, entre otros.
Aquí un hecho histórico registrado en los archivos del Diario El Comercio (edición del 04 de diciembre de 1901: “El Escándalo de Huaripampa”) que quiero rescatar y compartir con ustedes para seguidamente pasar una reflexión.
Como senador de la República, Capelo se había hecho conocido por sus denuncias contra los abusos, atropellos y despojos cometidos por terratenientes y autoridades provinciales en contra de las personas y bienes de la población indígena (principalmente). Las denuncias eran telegrafiadas a Capelo en Lima y éste las presentaba en su Cámara. En 1909, una denuncia en particular, con escándalo mediático correspondiente, resulta clave en la historia que une a Zulen con Capelo en la lucha antigamonal: el 2 de octubre de 1909 el senador había recibido un telegrama de Tarma en el que se le comunicaba: “atropellos inauditos cometidos en nuestras propiedades en Huaripampa por Francisco Carranza, quien al frente (de una) peonada (de) cincuenta destruyó ayer todas nuestras cementeras (sic) llevándose semillas y acémilas que pastaban. Como por iguales y repetidos atentados seguímosle juicios convencidos (de la) ineficacia reprensión judicial rogámosle levante voz (de) protesta contra tanta iniquidad…Zacarías Delgado Rivero.-Indígenas comunidad de Huaripampa”
Las influencias del gamonal Francisco Carranza hicieron que en los siguientes días el denunciante Zacarías Delgado fuese apresado, conducido a Cerro de Pasco y sometido a juicio militar por tenencia de armas. El hábeas corpus interpuesto en su favor fue denegado; y todo lo anterior, pese a las denuncias y trámites iniciados por Capelo, tanto en el senado como en la corte superior correspondiente. El colmo fue que Zacarías sólo fue liberado a pedido de Albino Carranza, tarmeño inspector de policía en Lima y pariente de Francisco Carranza. Delgado fue liberado con fianza pagada por los Carranza, sólo con el
fin de continuar la mascarada de un festinado despojo legal en asunto de linderos. En una frase, Capelo describe el poder gamonal: “lo que no pudo el senado, lo que no pudo la corte superior, lo ha podido el señor Carranza con una simple carta”.
Como verán, este incidente histórico no ocurrió en Loreto, pero a mí, en lo personal, esta última frase de Capelo me ha marcado porque describe de manera lapidaria una realidad constante el tiempo que tiene que ver con los defectos y abusos del sistema y la sempiterna corrupción que nos afecta a nivel nacional, y que muy a pesar de los esfuerzos aún perdura y convive en la sociedad. En otras palabras, lo que no pudo el senado, lo que no pudo la corte superior, que era darle tutela judicial, libertad y justicia al señor Zacarías, lo pudo realizar el señor Carranza con su dinero.
Si bien esto ocurrió a principios del siglo pasado, en los albores de la República, y que, además, se dio en Huarimpampa, Jauja, Junín; aquí lo relevante es que se trata de una percepción negativa de nuestra institución judicial en general que ha perdurado hasta nuestros tiempos, y que es el reto que permanentemente venimos afrontando como Poder Judicial y, concretamente, como miembros de nuestro Corte Superior de Justicia de Loreto.
Como vemos, la crisis y la alta desaprobación de sistema de justicia peruana no es una creación de nuestros tiempos, sino una herencia nacida en el pasado, pero potenciada especialmente en los noventa. Sin desconocer que las crisis de las instituciones del Estado exigen permanentes reformas, a fin de modernizarlo y optimizar sus servicios procurando el bienestar a la sociedad, está claro también que en el Poder Judicial los niveles de desaprobación o descontento popular, nos ha colocado en un plano de vulnerabilidad que ha sido muchas veces utilizado como caballito de batalla por gobernantes o políticos, carentes de planes de gobierno o sin más ideas que aprovecharse del descontento popular, generalizando injustamente a tabla rasa a todos los que integramos la gran institución judicial como corruptos e ineficientes.
Injustamente, porque el escándalo y lo mediático es lo que prevalece sobre todo el esfuerzo y dedicación de la gran mayoría de los que integramos la Corte Superior de Justicia de Loreto – jueces y trabajadores – que muchas veces tienen que prestar sus servicios más allá de la jornada legal, o el de aquellos jueces y servidores que prestan sus servicios con dedicación y auténtica vocación en lugares alejados de nuestra Amazonía, en donde tal vez más de uno de los que trabajamos aquí lo pensaría dos veces antes de mudarse hacia esos lugares en los que no se cuenta con agua ni luz todo el día, y las comunicaciones ni hablar.
Por ello, el desafío actual es revertir tal estado de vulnerabilidad. Es un imperativo que todos debemos internalizar y situar en un lugar importante de nuestra conciencia. ¿Cómo? en esencia, a través de un mejor servicio integrado a la sociedad, mediante una institución unida, recordando que la judicatura es un poder otorgado por la nación del cual se debe rendir cuenta ante la ciudadanía, para, de ese modo, asentar en nuestra identidad institucional que estamos llamados a otorgar al pueblo una justicia eficaz y predecible.
Cierto es que la sobrecarga procesal ha sido una gran roca en el zapato, no sólo a nivel de nuestra corte, sino a nivel transversal en todas, pero es cierto también que la Corte de Loreto, al ser una entidad del Estado, depende de un presupuesto público, el cual es limitado para la creación de más órganos jurisdiccionales.
A este factor se suma el crecimiento poblacional, y -con ello- el ingreso de una mayor carga de procesos judiciales por atender. Sin embargo, ante estas adversidades históricas, no nos hemos rendido; y he de reconocer que, en los años de labor dedicados a la Corte de Loreto, he sido testigo del esfuerzo y firme voluntad de sus trabajadores y jueces por sacar adelante a nuestra institución.
Ni siquiera este año 2020, la pandemia ha representado un obstáculo para que el servicio de justicia, reconocido como un servicio esencial para la población, se paralice; y todo ello gracias al equipo humano que integra nuestra Corte, cuyos miembros han demostrado voluntad de trabajo, perseverancia, y solidaridad.
Precisamente, sí tendría que mencionar respecto de aquello que en el statu quo debe perdurar hoy y seguir proyectándose hacia el futuro en nuestra Corte, sería la profunda vocación de servicio, firme voluntad, honestidad, y un alto sentido de responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones, teniendo como principal meta ofrecer un servicio eficiente, de calidad, y oportuno en favor de los justiciables. Solo para citar un ejemplo emblemático, la Dra. Roxana Chabela Ramírez Carrión, jueza superior titular, quien llega a palacio de justicia, todos los días, a las seis y treinta de la mañana, con o sin pandemia.
Para concluir, a los ciento catorce años de creación de la ilustre Corte Superior de Justicia de Loreto, expreso mi agradecimiento a esta hermosa región y a esta institución judicial por brindarnos la oportunidad de formar parte de su presente.
Nuevamente, gracias, Señor Presidente, por la oportunidad brindada y reciba usted mis felicitaciones por sus aciertos durante la gestión. Mis mejores deseos para que culmine con éxito la misma. No ha sido fácil, de hecho, consolidar las acciones en medio de esta pandemia que revolucionó por completo el mundo actual; pero lo está logrando con el apoyo de todos los colegas y de los servidores que diariamente se esfuerzan por cumplir sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos.
Dependerá de nosotros y de la suma de nuestros esfuerzos que vayamos forjando historia con nuestro presente, y -de ese modo- lleguemos a fortalecer la mejor imagen que con justicia corresponde a nuestra querida institución.
Muchas gracias, y ¡feliz centésimo décimo cuarto aniversario de creación, Corte Superior de justicia de Loreto!
Iquitos, 06 de octubre de 2020.

Comparte esta noticia en:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email