- Aquellos que motivaron y vendieron terrenos en la zona denominada “Mártires de la Democracia”.
Entre los 500 policías de Loreto y decenas de estibadores que poco a poco iban destruyendo o desarmando las casas levantadas en la zona ubicada al frente del gobierno regional de Loreto, estaban funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales y el ministerio de vivienda, a quienes les pertenece el predio en cuestión.
Ni uno ni otro quiso declarar respecto al desalojo ejecutado, pero se pudo conocer extra micro, que ambos vienen pensando en interponer una grave demanda ante el ministerio público contra el presidente y el resto de integrantes de la asociación que permitió la entrega de terrenos a cambio de una suma de dinero.
“Claro que se está pensando en una denuncia penal por usurpación y estafa, y no solo contra el presidente de la asociación sino para todos los que integran la lista de esta llamada asociación que ha entregado terrenos de manera ilegal”, expresaron.
De otro lado, se observó la figura de la fiscal de prevención del delito Dra. Lesly Díaz, quien explicó sobre lo acontecido en ese lugar el día de ayer.
“Acá existen dos requerimientos de los propietarios del bien en cuestión (ministerio de vivienda y superintendencia de bienes nacionales). Esto en virtud a la Ley 320320 que establece el acto administrativo de recuperación extrajudicial. Cuando un terreno del Estado se ve invadido o posesionado por una persona que no tiene el título de propietario, la Superintendencia de Bienes Nacionales o quien sea titular de ese bien; está facultado para recuperar ese bien.
Le ha solicitado a la policía y la PNP verificar en los planos perimétricos donde está ubicado el terreno, una vez visto el terreno determinar quién es el titular, verifica que el titular del bien es quien está haciendo el requerimiento. Entonces la PNP admite el petitorio. En este caso existen dos dictámenes de la PNP el 206 y 253 en que admiten el pedido de ambas instituciones otorgando el auxilio judicial.
Lo que pasa acá es que presuntamente les habían prometido adquirir el bien a través de una subasta pública, pero ese presunto compromiso no está establecido en un documento. Mas cuando hay un pedido formal ante la policía. Según partida registral los terrenos son de la SBN y el ministerio de vivienda”, declaró la fiscal de prevención del delito.
