Diálogo intercultural constante entre el Estado y las poblaciones originarias

-Es lo que todos esperan conseguir para llegar a la reglamentación de la Ley de Consulta Previa

– Evento contó con la participación de una comisión multisectorial, así como dirigentes de pueblos originarios.

– Actividad concluye hoy y se espera contar con propuestas importantes que permitan contar con una reglamentación de la Ley que beneficie a los pueblos indígenas.

Dicha reglamentación regula tres aspectos elementales: El acceso a la consulta, el respeto de las características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso.

Sin embargo, aún hay mucho pan por rebanar para que la reglamentación de la Ley de Consulta Previa (29785) sea aceptada en su totalidad por los pueblos originarios y el mismo Estado, quienes deben mantener un diálogo constante para poder construir una herramienta definitiva que sirva a los grandes objetivos de una Ley que ha costado mucho conseguir y aprobar, pese a que desde hace unos 16 años el Convenio 169-OIT fue aceptado por el gobierno peruano.

 

Mas por intereses de gobiernos capitalistas y desligados de la esencia principal de los pueblos nativos, el medio ambiente, la vida y el ecosistema de cada pueblo; mezquinamente se les ha dejado de lado y con ello el derecho a toda la población originaria a ser consultada sobre el destino de sus recursos naturales. El pasado gobierno nacional de Alan García dejó en vigencia una serie de decretos supremos, los mismos que han beneficiado a muchas empresas mineras y petroleras que consiguieron aprobaciones -incluso- hasta de estudios de impacto ambiental apresurados, con el fin de contar con la autorización de ingresar a diversos Lotes para ser explorados y más adelante explotados.

 

Como ocurre con el Lote 122 de la empresa Gran Tierra Energy, a quien sin  realizar una consulta previa y masiva por encontrarse enclavado en el “corazón” de Iquitos, se le dio autorización pese a que dicha exploración y mañana más tarde explotación de petróleo, están ubicadas en la cuenca del río Momón y Nanay de donde la planta de agua potable saca el líquido elemento para luego tratarlo y distribuirlo a toda la ciudad. ¿Qué hacer en este caso?

 

Ayer en las instalaciones del Hotel “Sol del Oriente” varias organizaciones nacionales, indígenas y originarias del Pacto de Unidad, integrado por la Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva peruana (AIDESEP), entre otras muy importantes, inauguraron el Encuentro Macro regional para debatir sobre la Reglamentación de la Ley de la Consulta Previa. Estuvieron presentes el Viceministro de Interculturalidad Dr. Iván Lanegra Quispe y el Defensor del Pueblo Dr. Eduardo Vega Luna.

 

Antes del evento, las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad sobre los “Principios Mínimos para la aplicación de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado” le enviaron al viceministro de interculturalidad los puntos establecidos por las principales organizaciones, con la finalidad de contribuir a la implementación y reglamentación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los pueblos originarios reconocidos en el Convenio 169-OIT.

 

Entre ellos mencionan: Cumplimiento del derecho constitucional e internacional. Visión y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas. Respeto del principio pro indígena. Participación efectiva en los planes, programas y proyectos. Medidas relativas a planes o proyectos de desarrollo. Situaciones en las que se requiere de consentimiento y situaciones en las que el Estado debe desistir de una medida, como cuando dañe el patrimonio histórico, afecte la vida o integridad de un pueblo, cuando implique empleo de fuerza que viole los derechos humanos, etc.

 

Mientras que el Estado en el Art. 6 del texto borrador, sobre la consulta previa a la autorización estatal para el aprovechamiento de recursos naturales, dice: Es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier actividad de exploración o explotación de dichos recursos naturales, sin perjuicio de lo señalado en la Quinta Disposición Complementaria y final de la presente norma.

 

¿Y qué dice la Quinta Disposición?

“Acuerdo previo: El proceso de consulta es independiente y complementario de la obligación prevista en el Art. 7 de la Ley 26505, Ley de promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por la Ley 26570.

 

Mientras que en la Ley de consulta previa establece en el Art. 15 que, en caso de falta de acuerdo entre la entidad estatal y el pueblo indígena respectivo, corresponde a la entidad estatal tomar la medida correspondiente, en tanto el Reglamento deberá contemplar, para efectos de esta decisión estatal, que la misma esté debidamente motivada y que la entidad estatal cuente con el CONSENTIMIENTO previo, libre e informado en los casos en los que hay riesgo para el pueblo indígena. Así como en los casos ya establecidos por el derecho internacional. Es decir,  si la entidad estatal no obtiene el consentimiento en estos casos, no podrá aprobar la medida propuesta. Señalan las organizaciones inmersas en el Pacto de Unidad como una situación en la que se podría requerir el consentimiento.

 

Como dijo Manuel García, representante de la OIT en el Perú:

“La esencia del Convenio 169-OIT descansa en que los pueblos indígenas, originarios, puedan elegir su modo de vida y el Estado cuando quiera realizar o autorizar alguna acción debe dialogar, conversar, consultar a ellos porque ellos conocen su realidad, su proyecto de vida. Hoy día con este encuentro para ver la reglamentación de la Ley se abre una oportunidad histórica que no debe ser desaprovechada, aplicando el concepto básico que es la BUENA FE, logrando un instrumento que facilite el diálogo permanente con el Estado y los pueblos indígenas”, expresó de manera sabia Manuel García.

 

Es increíble que pasen tantos años y el gobierno, el Estado peruano tenga que recurrir a una Ley de consulta previa, a un Convenio Internacional como el 169, a encuentros constantes para dilatar una reglamentación que se convierta en la línea de acción a seguir antes de autorizar el ingreso a empresas que de una u otra forma dañan el ecosistema; a fin de no reconocer prontamente basados en  la contundencia del respeto y el derecho ancestral que los pueblos originarios son los que deben decidir sobre su propio destino.

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