Un llamado de emergencia por parte de los guardaparques de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, puso en alerta al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Maynas y la Policía Nacional del Perú, quienes desplegaron rápidamente un operativo conjunto al interior de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) en la zona de la comunidad de Anguilla, ubicada a orillas del río Nanay en la región Loreto.
El actuar de estas instituciones permitió prevenir y mitigar la amenaza de tala ilegal al interior de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.
El operativo se organizó en base a una alerta realizada desde el Puesto de Control y Vigilancia Yarana, donde los guardaparques de la Reserva habían tenido conocimiento de la presencia de taladores ilegales. En menos de 24 horas, guardapaques junto a efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía y personal de la Fema de Maynas, se trasladaron desde la ciudad de Iquitos hasta la comunidad campesina de Anguilla. En el lugar se halló un tractor forestal que supuestamente sería utilizado para la extracción ilegal de madera.
Durante el operativo se evidenció la apertura de vías, aparentemente generadas por la maquinaria pesada, lo cual genera un daño al ecosistema de bosque de tahuampa. Por lo que se intervino a un empresario maderero de iniciales R.U.P.S, quien sería dueño del tractor forestal. El empresario intervenido alegó contar con un permiso otorgado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto y que se encontraba trasladando la maquinaria hasta la ciudad de Iquitos.
Estos hechos son por ahora, materia de investigación de la Policía Nacional y de la Fema.
Sin embargo, está prohibida la extracción de recursos forestales dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), configurándose como un hecho ilegal, lo cual, a su vez, se entiende como un delito ambiental con su agravante de realizarse dentro de una ANP.
Según esto, los infractores podrían recibir una condena de 4 a 7 años de pena privativa de la libertad.