El día de ayer se ha iniciado una forma de protesta que los habitantes de las comunidades indígenas han denominado movilización y defensa. Se ha evitado decir paro o huelga, o movilización de protesta explícitamente, porque de eso se trata en la práctica.
Es posible que hayan decidido llamar así al reclamo que vienen haciendo por la falta de atención intensa por los casos de infección con coronavirus que ocurre en la zona, porque varios de los dirigentes tienen denuncias por haber liderado protestas anteriores.
Aunque las denuncias se presentan en la figura legal de “extorsión”, entendiéndose que se dan acciones de retención de embarcaciones, por ejemplo, y exigencias de hacer o no hacer tal acción porque estaban en una medida de lucha.
Ha ocurrido con ciertos dirigentes indígenas y que hasta la fecha siguen esos procesos, que ellos han concluido en conceptualizar como la: criminalización de la protesta, una forma de quitar el derecho a la protesta con un argumento normativo, aunque la Constitución Política del Perú garantiza el reclamo, tácitamente en defensa de los derechos fundamentales de los peruanos.
Y lo que se viene resaltando desde el 6 de julio reciente, es una sentencia del Tribunal Constitucional, que los movimientos de derechos humanos han calificado como histórica y que justamente se refiere a la criminalización por ejercer el derecho a la protesta. A propósito de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de extorsión.
Sus constantes modificatorias constituían una amenaza cierta e inminente a varios derechos fundamentales, pero de manera especial al derecho a la protesta.
Así, el Tribunal Constitucional al reconocer por primera vez de forma explícita el derecho fundamental a la protesta. Esto es muy importante teniendo en cuenta que un alto porcentaje de temas pendientes en nuestro país, encuentran soluciones luego de fuertes protestas, no se dan por oficio en cumplimiento de las funciones de quienes están en la toma de decisiones.
Es una actitud que se replica casi siempre, como una tara de gobernanza, mientras seguimos esperando acertados criterios.
Derecho a protestar
