- Denuncia fue interpuesta por los representantes de las bases de las cinco cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira.
La denuncia fue interpuesta ante la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, abarcando a los siguientes personajes:
-María Del Carmen Gastañaga Ruiz, directora general del centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente para la salud del 2009-2012 y del 2015-2017.-John Astete Cornejo, investigador principal encargado de la ejecución del Estudio 04 cuencas, Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, por parte de CENSOPAS 2015-2016.
-Félix Paolo Rodríguez Espinoza, co-investigador encargado de la ejecución de las 04 cuencas.- César Cabezas Sánchez, jefe del instituto nacional de salud del 2010 al 2011 y 2012 2014.- Ernesto Bustamante Donayre, ex jefe del instituto nacional de salud (INS) 2014, 2016.- Luis Suárez Ognio, jefe actual del INS.- Javier Yaroslav Falcón Sánchez, director ejecutivo de la dirección ejecutiva de identificación, prevención y control de riesgos ocupacionales y ambientales del centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente para la salud y recientemente nombrado director general de CENSOPAS y otros que resulten responsables.
“Hay indicios claros que por medio se han producido intereses económicos en beneficio personal de los servidores y funcionarios públicos que han intervenido en el Estudio aprobado por resolución directora 732-2015 del 24 setiembre 2015: se aprueba el protocolo “Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”.
Favoreciendo con el desvío de fondos aproximadamente por 800 mil soles a una única empresa denominada SAMAST, constituida el 01 de mayo de 2016, coincidentemente con la iniciación de la fase de evaluación ambiental que sería ejecutada en el mes de julio agosto 2016. Y en suspensión luego de la finalización de dicho proyecto.
Igual favoreciendo con la contratación directa 006-2016 del 7 de noviembre 2016, presuntamente irregular y direccionada a la empresa Inspectorate Services Perú Sac, por aproximadamente un millón 600 mil soles”, señalan. “En cuanto a Félix Rodríguez, co-investigador del estudio, ha usurpado funciones presentándose como químico farmacéutico, no contando con dicho título. Funge desde el año 2015.
Además, las muestras ambientales para su análisis debían mantenerse como máximo 25 días para la determinación de hidrocarburos, excediendo este plazo lo que comprobaría que las muestras han estado sin analizar por 90 días y que la validez de dichos resultados estaría seriamente cuestionada en perjuicio del Estado y la población estudiada.
Que existen indicios similares en el manejo irregular de las muestras biológicas de sangre y orina tomadas a los pobladores en el contexto de la intervención del Censopas-INS-Minsa, en las cuatro cuencas de los ríos mencionados, con probable ocultamiento y manipulación de la información en agravio de la salud de los pobladores. Los resultados de los análisis son incongruentes y no cuentan con el sustento técnico analítico propio ya que son muestras que no se encuentran dentro de los plazos de conservación para los análisis químicos requeridos.
Se indica que existen irregularidades en el presente estudio debido a contrataciones irregulares y no idóneas de bachilleres y profesionales no aptos e incluso de asesores de las federaciones indígenas que trabajarían a sueldo, favorecidos económicamente por el Censopas en desmedro del Estado y la población afectada”, precisan.
APORTES DE NUEVOS ELEMENTOS DE PRUEBA
“La irregular publicación en el extranjero de los resultados del protocolo, bajo responsabilidad del investigador principal del estudio, médico John Astete. El estudio fue pagado con el dinero público del Estado para lograr información pública de salud que fuese transparente y sirviera a todos los peruanos, sin embargo, los autores se han apropiado de dicho estudio para conseguir financiamiento externo y seguir engañando a las comunidades nativas amazónicas del Perú.
El verdadero dueño es el Estado peruano, a pesar de ello, lo han publicado en el extranjero y para que cualquier peruano pueda acceder a dicha información tiene que pagar 35 dólares aproximadamente. Hay que señalar que la publicación se dio antes que los resultados fueran dados a sus legítimos dueños, es decir los pobladores participantes. La fragmentación evidente de fondos públicos hacia una sola empresa de transporte fluvial por más de 400 mil soles. La adjudicación directa a la empresa que había realizado el piloto en contraposición a los que indica la ley de contrataciones del Estado pues la empresa que participa en las pautas para el TdR a través del estudio piloto no puede ser participante en el desarrollo del estudio”, suscriben.
Entre otros pedidos de diligencias al fiscal, le solicitan incluir en la denuncia al médico Hans Vásquez Soplopuco, como parte imputada de la acusación ya que, al haber sido presidente del comité de Ética del INS, fue quien dio las sucesivas autorizaciones para que de forma presuntamente irregular y cómplice con los co-investigados y directivos del INS, el estudio prosiguiera a pesar de las serias irregularidades que tenía.
Finalmente, piden que se identifique cómo se vulneró la cadena de custodia y de frío de las muestras biológicas y de peces, agua, suelos etc. puesto que según guías Transber, tal cadena de frío no existió ya que no hay correlación entre las fechas de tomas de muestras, envío a Lima y recepción.
