• Suelos y bosques de la Amazonía están afectados por malos manejos de diversas entidades estatales y empresas.
  • Advierte graves deficiencias del Estado para evitar la deforestación ilegal por cultivos de palma aceitera y cacao.

En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo advierte las deficiencias del Estado para evitar la deforestación ilegal de la Amazonía peruana a causa de cultivos a gran escala. Así, solo entre los años 2010 y 2014, se reemplazaron 30,773 hectáreas de bosques amazónicos para cultivar palma aceitera y cacao en las regiones de Loreto, Huánuco, Ucayali y San Martín, lo que equivale a deforestar 23 estadios nacionales por día, durante dicho periodo.
Asimismo, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, solo la deforestación de 6,542 hectáreas de bosques amazónicos provocó al Estado peruano una pérdida del patrimonio forestal por S/ 242’589,760.00 con un costo adicional estimado para su restauración de S/ 134’229,956. Sumado a ello, la expansión de los cultivos de palma aceitera y cacao también generó situaciones de conflictividad en torno a la posesión y propiedad de predios privados y tierras reclamadas por los pueblos indígenas.
En el marco de la supervisión se detectó que en áreas adyacentes o cercanas a proyectos de palma aceitera o cacao, los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali vienen otorgando constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, sin contar con la correspondiente clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, es decir sin que la autoridad competente (Minagri) haya determinado la actitud natural de la tierra. Posteriormente, estas propiedades son nuevamente vendidas, lo cual ha facilitado la deforestación ilegal de diversas áreas.
De igual manera, el Gobierno Regional de Ucayali transfirió tierras de dominio público a favor de algunas empresas, sin contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, la misma que solo es otorgada por el Minagri.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo identificó serios vacíos y deficiencias en la legislación que en materia agraria se viene aplicando, lo que origina que las empresas dedicadas a dichos cultivos actúen al margen de la ley. Situación que se debe –en gran medida– a la falta de adecuación del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Por ello, el informe denominado «Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado», plantea al Poder Ejecutivo corregir las deficiencias e iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan. Así también, la Defensoría solicita al Ministerio Público avanzar dentro de los plazos legales con las investigaciones penales iniciadas al respecto.
Un poco más de información…
«La región», sacó en reiteradas veces informes y posiciones sobre esta grave amenaza que afecta a la zona de Tamshiyacu, donde existe más de 2 mil 300 hectáreas deforestadas. El instituto KENE en su momento denunció que existió remoción de tierras y talaron bosques primarios, esto fue confirmado y respaldado por el Comité de defensa del agua.
Mientras tanto aún se sigue a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía en Materia Ambiental, de quienes poco se sabe. (MIPR)