Defensoría del Pueblo recomendó a la MPM abstenerse de ofrecer y pagar recompensas por caso del menor Elmercito

La Oficina Defensorial de Loreto ante la tensa situación que se vive por el presunto secuestro del pequeño de iniciales E.H.R.P de 11 años de edad, lamenta profundamente lo ocurrido e invoca a la ciudadanía a guardar la calma.
La Defensoría de Loreto ante el ofrecimiento público de una recompensa por información sobre el paradero del presunto autor del secuestro del menor de iniciales E.H.R.P, de parte de Francisco Sanjurjo Dávila, alcalde de la provincia de Maynas, ha iniciado una investigación de oficio.
En documento dirigido a la Municipalidad Provincial de Maynas, se recomendó al alcalde de abstenerse de ofrecer y pagar recompensas a quien brinde información sobre presuntos autores de delitos, teniendo en cuenta que las municipalidades no se encuentran legitimadas para realizar dichas propuestas y pagos. Asimismo, se Instó al Órgano de Control Interno-OCI de la Municipalidad de Maynas a verificar la procedencia del dinero ofrecido como recompensa por el alcalde de dicha casa edil.
En esa misma línea, la Oficina Defensorial de Loreto, sugiere se convoque a una Sesión Extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana-COPROSEC, a fin de coordinar las diversas acciones que viene realizando el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para la ubicación y captura de los presuntos responsables del secuestro del menor.
Cabe resaltar que desde la denuncia de desaparición y posterior secuestro del menor, hasta su ubicación, la Oficina Defensorial de Loreto viene haciendo un seguimiento permanente del caso, pidiendo al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú-PNP que actúen conforme a sus atribuciones y activen todos los procedimientos necesarios para dar con la ubicación de los presuntos responsables.
Finalmente, reiteramos la invocación a la calma de la ciudadanía en general, así como a las autoridades locales y que activen sus planes de seguridad ciudadana de manera articulada con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, respetando la independencia y los procedimientos en marcha.

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