Al amparo de las facultades extraordinarias dadas por el Congreso al Ejecutivo, el presidente Humala, firmó el pasado 27 de julio, al inicio de las fiestas patrias, una norma legal por demás polémica en materia de seguridad ciudadana, que le permite a la PNP acceder a la información de localización de cualquier teléfono móvil (celulares).
Esta misma norma, obliga a los operadores de telecomunicaciones a conservar los datos de tráfico de todas las comunicaciones durante tres años, para que puedan ser consultadas por la policía en el momento que requieran, con lo que la función del fiscal ha quedado a un lado, ya que antes del Decreto Ley, era necesario que sea él, (un fiscal) quien lo solicitaba al juez, a quien tenía que convencer que existían suficientes indicios para aceptar la solicitud y era el juez quien establecía la forma, oportunidad, período y garantías aplicables a este tipo de intervención. Todo este proceso está garantizado por la Constitución del Estado y por los derechos humanos internacionales.
Hoy, luego de haberse puesto en vigencia este Decreto Ley, con un solo artículo, se pretende excluir los datos de ubicación del contenido, que protege la Constitución, del secreto de las comunicaciones.
Si antes la policía solo podía obtener estos datos, tras una autorización judicial, ahora podrá obtenerla directamente de las empresas de comunicaciones, con tal solo pedirlos. Por otra parte, también, la información de la geolocalización, considera que no es parte del secreto de las comunicaciones y por tanto no está protegido por la Constitución, tema que está en conflicto con la Ley de Leyes, que extiende esta protección a las comunicaciones, telecomunicaciones y sus instrumentos. Es más, a través de la Ley General de Telecomunicaciones o la Directiva sobre la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones, también tenemos que los datos de tráfico están protegidos, pero según el Decreto Ley, no.
Sobre estos y otros importantes aspectos, los actores involucrados están dando a conocer sus puntos de vista, los que sólidas bases del Derecho van a provocar una gran ola de protestas, porque ante todo está el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones.
Mientras tanto, estamos totalmente desprotegidos, porque alguien, con mala fe, podría estar manipulando sus comunicaciones no se sabe con qué fines, si de extorsión, venta de datos a terceros, información sobre negocios que podrían caer en manos de la competencia, además de y mil una posibilidades de lucrar con el tráfico de ello. Qué pretende el gobierno con esto ¿Tener acceso a conversaciones, datos y reuniones de sus rivales políticos? ¿Desbaratar planes de campaña a través del chuponeo?
Por su parte, el Ministerio Público hace conocer que nunca fue consultado sobre esta Ley de Geolocalización, dada para la ubicación de delincuentes que realicen llamadas desde teléfonos móviles. Los entendidos en estos temas, tienen servido un manjar en la mesa, al que habrá que darle trámite.
Muchos, en especial gente del pueblo, consideran que la inseguridad ciudadana, tiene en este Decreto Ley un enemigo más, al que hay que eliminar, por el bienestar del Estado de Derecho en que vivimos, o parece que vivimos.
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