Abogados de empresa ganadora develan escandalosa decisión de funcionarios.
Revelan que solo para declarar nulidad del contrato designaron un nuevo asesor legal, nuevo miembro de Logística y han destituido al gerente de Administración.
Hacen caso omiso a informe de OSCE supervisora del Estado, donde dice que no hay ningún vicio que acarree nulidad del proceso.
Sin tener en cuenta la reciente respuesta técnica de OSCE, de cuya exposición se deriva a que no existe razón para anular el proceso de licitación, este fin de semana, declararon la nulidad del contrato a la empresa GEPSI SELVA SAC, que de forma inmediata inició denuncia penal contra el gerente de Electro Oriente, Martín Salazar Rojas.
Los abogados defensores de la empresa contratista se han referido a los hechos concretos de lo que han calificado como una escandalosa irregularidad, entre ellos el abogado David Perea Sánchez.
En tanto que la versión oficial de la empresa Electro Oriente sobre este caso, no se ha podido conseguir hasta la fecha. Solo el compromiso del presidente del Directorio de que informarán en su “momento”, pero eso no se ha ocurrido todavía, en aras de la transparencia de la información.
De su parte, la empresa contratista precisa sobre ciertos hechos con los que argumentan sus acusaciones. Primero: hay un correo de un miembro del Directorio que le manda al Gerente, donde le da su opinión en el sentido de que debe declarar la nulidad de esta licitación.
“Esto es muy grave en sí mismo, porque los miembros del Directorio no tienen ninguna función ejecutiva”. Aunque los miembros del Directorio pueden destituir al Gerente. Consideran que “Si el miembro del directorio le dice eso al Gerente es claramente una presión, una coacción”, opinaron.
Segundo: existe el hecho reciente de destituir a varios funcionarios, entre ellos al gerente de Administración y al asesor Legal, al Logístico, que en su momento le han dicho al Gerente que anular ese concurso es un delito. “No le ha importado, igual los han destituido a todos y ha declarado la nulidad del contrato”.
Evidencia hay un delito y podría haber otros que se pueden ir configurando, “pero un delito clarísimo es el de la negociación incompatible, que se produce cuando un funcionario público interviene en un proceso indebidamente, para favorecer a alguien o para causar daño o perjuicio a alguien”.
La característica de este delito es que no se requiere que ese favorecido todavía sea identificado, basta con que hayan intervenido para favorecer a alguien. “Esta claro que a lo largo de este proceso el Gerente de Electro Oriente ha actuado con la clara intención de favorecer a alguien indebidamente violando la ley”.
A la contratista se le notificó para que firmara el contrato. “La empresa fue, firmó el contrato y el Gerente dijo que lo iba a firmar. Al día siguiente sin embargo y hasta el día de hoy no ha firmado el contrato. Por el contrario, inició un proceso de nulidad sin ningún fundamento”.
La defensa reiteró: “Nosotros sostenemos que estamos ante negociación incompatible, porque esta nulidad es absolutamente ilegal, pero además, se ha realizado un serie de actos que demuestran la intención de declarar la nulidad contra viento y marea, seguramente para dárselo a otro proveedor y nosotros también actuaremos inmediatamente cuando aparezca”.
Existe también el informe del Abogado de Asesoría Legal que le dice al Gerente que no puede anular, que la nulidad es ilegal, y sin embargo aun así la anula.
Acentúa la defensa que “Los funcionarios públicos no pueden actuar arbitrariamente porque se les antoje, perjudicando a la gente. Además, aquí no solamente es perjudicado evidentemente el proveedor, aquí está perjudicando a la ciudadanía, porque esta es una empresa que brinda seguridad”.
Indicaron que “van a iniciar una acción penal contra el Gerente y los que resulten responsables, que son varios, entre ellos miembros del Directorio, así como el nuevo asesor que ha hecho un informe claramente contrario a la ley, solo para facilitar la decisión que ha tomado el Gerente. También han designado un nuevo miembro de Logística solo para declarar la nulidad de un contrato”.
Finalmente señalan que “todo esto demuestra que estamos, por lo menos, ante un delito de negociación incompatible, que esperamos que la Fiscalía actúe rápido porque el delito tiene que perseguirse y este es un delito de corrupción. Y vamos a exigir al Ministerio Público actúe velozmente para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Loreto”. (DL)
