Contraloría detecta presunto perjuicio por casi 2 millones de soles en proyecto de agua potable y alcantarillado en Alto Amazonas

  • Funcionarios del Gobierno Regional de Loreto habrían favorecido al contratista con desembolso de recursos
  • Se identificaron presuntas irregularidades en la conformidad del expediente técnico de la obra y en la aprobación de adicionales y ampliaciones de plazo.

 

La Contraloría General detectó que se habría ocasionado un perjuicio económico por más de 1 millón 770 mil soles al Estado, debido a presuntas irregularidades en el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pampa Hermosa – Yurimaguas” en la provincia de Alto Amazonas, durante el período agosto de 2009 a febrero de 2013 (gobierno de Iván Vásquez Valera).

Como resultado de la auditoría al Gobierno Regional de Loreto, se identificó que el expediente técnico de la obra no consignó los estudios técnicos ni las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto; sin embargo, obtuvo la conformidad de la entidad incluso fuera del plazo establecido.

Asimismo, se evidenció que los funcionarios del gobierno regional omitieron el cobro de penalidad a la empresa contratista encargada de elaborar el expediente técnico, contraviniendo lo dispuesto en la normativa de contrataciones vigente.

De otro lado, la Contraloría detectó indicios de irregularidades en la entrega del adelanto directo, lo que generó el reconocimiento de daños y perjuicios a favor de la empresa contratista, así como la demora en la absolución de consultas lo que ocasionó la aprobación de adicionales de obra y la autorización de ampliaciones de plazo sin el sustento técnico.

Cabe señalar que, a pesar que la obra de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pampa Hermosa se encontraba inconclusa por partidas no ejecutadas, el Gobierno Regional de Loreto efectuó la recepción de la misma.

Los resultados de la auditoría de cumplimiento se remitieron a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie las acciones legales correspondientes. (Gonzalo López)

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