Reza un viejo dicho que, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A ese estado llega finalmente quien sea, hasta el mismo Estado, o cualquier otro organismo público sobre quien pesa alguna carga económica no cumplida en el plazo establecido.
En esta misma edición se informa que las cuentas del Gobierno Regional de Loreto han sido embargadas por orden judicial, que es el resultado de un proceso arbitral entre la administración regional anterior y una empresa constructora, que se perdió.
Estas son las consecuencias que acarrean decisiones que se toman a la ligera, tan solo para saciar apetitos políticos en busca de simpatías electoreras, sin tener en cuenta las derivaciones que a la larga van a darse inevitablemente en perjuicio de la economía de la región.
No hay peor decisión que abocarse a una obra que, si bien es cierto es importante para el desarrollo de un pueblo, no tiene seguridad en que va a ser ejecutada en su totalidad o si va a paralizar porque no hay dinero para pagar al contratista, quien se va a ver obligado a poner el caso ante la justicia.
La presente gestión regional está de malas, cargando rémoras del pasado. A un nulo ingreso de lo que le corresponde, se suman estas cosas que no son más que el fruto de la irresponsabilidad con que se toma el gobierno de una región.
Y eso, a tan solo diez meses de haber asumido el mando, no es un presente grato ni un futuro alentador.
El gobernador va a tener que hilar muy fino y asesorarse mejor para que no vaya a caer en este tipo de cosas, que no solo hacen daño a quien las propicia, sino a todos, que tenemos que sufrir esos desenlaces.
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