Estamos en un escenario donde se podría decir que no solamente las autoridades en ejercicio, sino todos los ciudadanos estamos siendo advertidos, en el sentido de no permitir situaciones que luego nos puedan llevar a parar tras las rejas.
Esto a propósito del primer desenlace del caso del alcalde de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo Pinedo, quien mientras se profundice las investigaciones sobre la acusación fiscal del presunto delito de cohecho pasivo propio, permanecerá 9 meses en el Penal de Varones de Iquitos, salvo alguna variación tras resolverse la apelación anunciada por su abogado defensor.
El punto es que mientras su defensa pudo mostrar por actitudes recientes del burgomaestre, la poca probabilidad de huir de la ciudad de Iquitos al tener domicilio fijo, familia y trabajo, aparte de su función municipal; pesó el sustento fiscal de peligro de obstaculización de la justicia refiriendo la declaración del co-imputado Omar Godoy, de haber sido coaccionado (obligado), para dar declaraciones falsas y que llegó a la sede fiscal en el auto de una funcionaria edil de confianza.
Otro aspecto, que si bien no fue parte del debate, pensamos habría jugado en contra de Arévalo Pinedo, es el hecho de haber delegado a una regidora el Despacho de Alcaldía a pesar de ir contra ley. Le correspondía al primer regidor Ángel López, que ahora ya está asumiendo el vacío. Esta actitud de vulnerar la normativa debilitaría su credibilidad. Y ojo, que esto ocurre en varios niveles de gobierno donde el titular deja a quien mejor le parece el encargo del Despacho, mas no a quien por ley corresponde.
El fiscal que investiga el caso, Christian Manuel Navarro Arévalo, también hizo referencia a audios (diálogos) de cuyos contenidos, tenían conocimiento tanto el juez José Chumbe Silva, como Arévalo y el co-imputado Omar Godoy. También algo fuerte que dijo el magistrado Navarro es que pudieron llegar a un grado de certeza para poder plantear la prisión preventiva. Como que también se han preocupado por ser garantistas del derecho a la defensa.
Este caso habla del presunto delito de cohecho pasivo propio, y serán las investigaciones que determinen finalmente la inocencia, culpabilidad o grado de responsabilidad de los implicados. Aparte, lo que escucha de otras entidades municipales es que se vienen denuncias de presunta colusión en procesos de licitación de obras. Solo queda decir que cada quien es responsable de sus actos, nosotros informamos y se espera que los jueces tengan los suficientes elementos para realizar bien su trabajo.
Cohecho, colusión y otros
