CASO DE SUPUESTA COMERCIALIZACIÓN DE MADERA: UN ATROPELLO QUE SE DEBE ABSOLVER DE UNA VEZ POR TODAS

• Desde que inició el proceso fue un atropello total en contra de la empresa TAMSHI y los imputados.

• Nunca hubo comercialización de madera en Tamshiyacu, así lo afirman todas las autoridades, la población, expertos, peritos, notarios y profesionales del sector.

El día de mañana, la Sala Penal de Apelaciones se va a pronunciar dictandosentencia en el caso de presunto tráfico ilegal de productos forestales maderables que se le imputa a ex funcionarios de la empresa Cacao del Peru Norte. Esta sentencia es doblemente importante no solo para los inocentes quienes vieron sus vidas destruidas por parte de funcionarios públicos preocupados por su avance personal a cualquier costo, sino también para todo un pueblo de 10,000 loretanos que dependen económicamente de la permanencia de la empresa.

La injusta sentencia de primera instancia, fue emitida porel juez Benavente Chorres quien fue removido por haber sentenciado sin pruebas en otros casos. Además, el casoestuvo a cargo del fiscal Caraza Atoche, actualmente investigado por el delito de patrocinio ilegal y quien, sin ninguna prueba, trató de inducir al ex gobernador de Tamshiyacu a que dé un falso testimonio en contra de la empresa. Es claro que desde que inició el proceso fue un atropello total contra la empresa y los imputados.

A la empresa se le acusa de presunto tráfico ilegal de productos maderables forestales, es decir comercialización de madera. Lo más flagrante en este caso para alguien que ha podido seguir todas las audiencias es la falta desustento legal de la imputación del Fiscal y del Ministerio Público. Después de 7 años de acoso sin fin y gasto de dinero público, la Fiscalía no pudo presentar ni una sola prueba de sus imputaciones. En efecto, la flagrante falta de sustento del caso de la Fiscalía se ha podido advertir a lo largo del recurso de apelación formulado por la citada empresa y se justifica en cada una de las pruebas actuadaspor la defensa durante el juicio de apelación que desmienten las falsas acusaciones de la Fiscalía y la injusta sentencia condenatoria.

El juez Benavente Chorres fue removido de su cargo tras filtrarse en los medios de prensa un audio, dónde se le escucha decir que “sentenció sin pruebas” en un caso emblemático, y luego de esto, el juez Benavente Chorres fue removido de su cargo y expulsado en plena sesión. ¿Habría la posibilidad de que el juez Benavente Chorres haya realizado lo mismo en distintos casos como el atropello de supuesta comercialización de madera en Tamshiyacu? 

El juez Benavente Chorres setenció en primera instancia a inocentes por presuntos actos de comercialización de madera sin haber obtenido ni una sola prueba de lafiscalía. ¿Cómo es esto posible en un estado de derecho que respeta los derechos y las leyes? 

El caso del Fiscal Caraza Atoche es igual de impresionante. El fiscal actualmente es investigado por patrocinio ilegal, por haber ejercido el rol de abogado de dos personas en un proceso penal  por el delito de “Malversación Fraudulenta de Bienes del Estado” en agravio de Petroperú, cuando trabajaba como abogado de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República. Lo que es prohibido por ley.

Eso no es todo, el Fiscal Caraza Atoche intentó inducir el testimonio del ex gobernado de Tamshiyacu, Jorge Rengifo Shipiama, en contra de TAMSHI. El ex gobernador Jorge Rengifo reveló que el fiscal provincial de Iquitos Alberto Yusen Caraza Atoche, hoy a cargo de la Fiscalía Especializada de Materia Ambiental, sostuvo conversaciones no adecuadas con su función con la entonces autoridad del distrito Jorge Rengifo.

El ex gobernador Jorge Renfigo, comenta: “Mira ve, me dijo el fiscal, estoy armando el expediente y me faltan testigos, para certificar que efectivamente la empresa Cacao del Perú Norte SAC ha sacado la madera para comercializarla. Entonces yo le dije no, no puedo ser tu testigo porque no he visto, no he visto que han sacado una madera, no he visto que han comercializado la madera, no he visto que han talado madera. Al principio el fiscal me insistió en el tema, que debería hablar en contra de la empresa, luego de mi reiterada posición, de decir la verdad, simplemente el fiscal me dijo: Tu no me sirves como testigo, y el Fiscal prescindió de mi declaración para el expediente del caso”.

Actualmente, la Sala Penal de Apelaciones debe emitir una sentencia. A diferencia de primera instancia, la Corte Superior de Justicia de Loreto está integrada por magistrados que a todas luces puede verse que son serios y profesionales por lo que confiamos en que harán justicia, por el bien de la población de Fernando Lores. 

Cabe resaltar que la misma Sala en el 2015 resolvió mediante la Resolución Nº18, que ostenta condición de cosa juzgada, que nunca hubo tala ilegal de madera, ni tampoco había bosques primarios en las parcelas que integran el Fundo TAMSHI. Los jueces ratificaron que las tierras que componen el Fundo TAMSHI son de uso y aptitud agrícola ya que fueron otorgadas a sus propietarios primogénitos mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años, y por lo tanto, no es exigible la autorización de cambio de uso de suelo y consecuente desbosque.

En conclusión, nunca hubo comercialización de madera en el Fundo TAMSHI, la fiscalía no tiene ningún sustento para sostener una imputación por este delito.  Es tiempo de parar con casos frívolos que solo sirven al avance personal de unos funcionarios públicos, pero que hinchan el poder judicial ya sumergido por el trabajo y destruye la vida y la carrera de inocentes.  Claramente no es necesario un nuevo juicio puesto que no solo la Fiscalia pudo aportar una sola prueba en 7 años, pero también nunca se podrá probar el origen ilícito al existir, ya sentencias firmes con condición de cosa juzgada que ratificaron que nunca hubo tala ilegal, ni es materialmente factible de decir que la madera fue comercializada cuando es visible al dia de hoy en el Fundo. 

Entonces queda claro que la única conclusion lógica y jurídica es que se emita una sentencia absolutoria para que finalmente se haga justicia, y que la empresa pueda enfocarse a la creación de más puestos de trabajo, capacitación a miles de pequeños agricultores que están a la espera que se puedan integrar al programa social PAPEC y parar con los gastos incesantes de casos frívolos orquestados por la Fiscalía y funcionarios públicos de Lima a quiénes no les importa el desarrollo económico de Loreto.NP

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