Nuestro diario “La Región” es y fue siempre respetuoso de los poderes del Estado, basado en el principio del respeto al modelo democrático que todos los peruanos y peruanas tratamos de consolidar en nuestra región y país, por lo que el día a día de nuestras informaciones se basan en documentos probatorios, sean estos escritos, orales o en fotos y vídeos.
Lo que debemos entender es que ese respeto a los poderes del Estado, en el ejercicio de la comunicación y del periodismo, también significa fiscalizarlos, y fiscalizarlos como medio, así como informar de sus actividades competentes en bien de nuestra sociedad, es esa nuestra forma de contribuir al bien común, además de tratarse de un deber cívico.
Uno de los poderes del Estado que es el Judicial, es testigo de nuestra profusa forma de apoyo en sus actividades y de sus resultados productivos en la correcta administración de justicia, y en ese punto queremos ratificar nuestra vocación de apoyar las acciones legales que se sustenten en los criterios de justicia y respeto a las leyes vigentes con sus reglamentos.
Es importante resaltar que el sistema judicial debe actuar sin dejarse presionar ni por órganos internos mucho menos externos, lo decimos porque justamente hemos visto acciones legales que llenaron la tapa de los periódicos, más con criterio mediático político que con criterio jurídico.
La defensa del estado de derecho y de la legalidad, cuando se trata de justicia, hay que hacer honor a ello, puesto que la justicia como bien lo saben los abogados, es una dama con los ojos vendados, y cualquier prejuicio o agente externo que pretenda torcer su línea afecta a la sociedad a partir de una mala decisión.
Afecta porque se trata de libertad y la dignidad de una persona, que es lo más sagrado que tiene un ser humano después de la vida. Delitos como la difamación, injuria, y otros deben ser debidamente procesados y sancionados al amparo de la normativa, sentando precedentes que contribuyan a la paz social y al correcto desempeño en la urbe, en las instituciones, y en todo espacio.
Así también la lucha contra la corrupción no debe significar el linchamiento legal de una o de un ciudadano, esta lucha contra la corrupción debe basarse siempre en pruebas que acrediten buenas sentencias, caso contrario se estaría cometiendo delitos graves como la calumnia, que también se tipifica como grave delito en nuestro estado de derecho.
Nuestro país como muchos tiene el escollo de la corrupción, pero la lucha contra ese mal no debe llevarnos a la criminalización de la política. En este medio siempre apoyaremos aquello que se sustenta en el equilibrio y la justicia, así los jueces que actúen sin temores a la presión sea mediática o interna tendrán nuestro apoyo. Solo así construiremos un país verdaderamente democrático.
Apoyamos la legalidad
