A cambio de qué

La aplicación de las normas legales peruanas en materia de gobernabilidad no deberían resultar traumáticas ni causarnos inmenso temor, si es que los gobernantes aplicarían en la práctica que las políticas de Estado no tienen por qué variar de una gestión a otra, o con el cambio de un gobernante a otro, por equis razones.
Lo que viene ocurriendo en el país y lo que se presume ocurrirá el jueves no tendría por qué alarmarnos siempre y cuando los procesos estén bien sustentados. Lo que sí preocupa es que esta coyuntura lleve a la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular a concretar lo que se presume lograr que su lideresa no siga siendo investigada en temas de corrupción y menos sea detenida preventivamente.
Los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, tienen que hacer su trabajo, como lo queremos los millones de peruanos de a pie, los que no estamos en temas político partidarios, los que aspiramos a que en nuestra patria se mida a todos con la misma vara, más sin dn tema de corrupción se trate. Eso de no hay corona para nadie, esperamos que se cumpla.
Sin embargo, se respetan esfuerzos porque el presente Kuczynski no sea finalmente vacado, como se conoció en las últimas horas que el grupo parlamentario del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK) se reunirá con el resto de bancadas del Congreso peruano para intentar evitar que el pleno del Parlamento destituya el jueves 21 al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
Así anunció ayer el congresista Gilbert Violeta. Indicó a la agencia oficial Andina que tratarán de concienciar a los congresistas de la oposición, que son amplia mayoría, del daño que ocasionarían al país si aprueban la inhabilitación del mandatario.
Kuczynski afrontará la presente semana, este jueves 21 un proceso de destitución abierto por el Congreso por haber negado vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, empresa que esta semana reveló haber pagado más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007 a la consultora Westfield Capital, propiedad del mandatario peruano.
En esa época, el presidente de Perú ejercía como ministro de Economía y luego como primer ministro del Gobierno del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006). Violeta exhortó al resto de grupos parlamentarios del hemiciclo a «reflexionar con madurez y no sentenciar al presidente sin escuchar antes sus argumentos». Pero, la gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿A cambio de qué? Lo sabremos?
La figura de la incapacidad moral permanente está contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.