Plazas de Punchana en abandono

Lucen descuidadas y sucias

En estas fechas de fin de año, muchos ciudadanos buscan distraerse junto a su familia de todo el trajín del año yendo a pasear a las plazas de sus distritos debido a no contar con muchos recursos económicos para organizar viajes, más aún en estos tiempos de difícil situación económico, pero, en el distrito de Punchana los pobladores se encuentran bastante mortificados por el pésimo estado de sus plazas.
Solo por mencionar algunas de las plazas principales de este pujan-te distrito iquiteño, se puede detallar que, por ejemplo, la plaza Grau de Punchana (Plaza principal del distrito) está en pésimas condiciones, pese a haber sido renovada hace no mucho tiempo, ya que, actualmente luces con los tachos malogrados, el techo de los asientos destruidos, las canaletas obstruidas con basura, entre otras deficiencias.


Mismo o peor panorama se repite en la Plaza San Pedro y San Pablo en el sector de Bellavista, donde la pileta que está en medio de la plaza no posee agua, pero, si una gran cantidad de basura, también se puede encontrar desperdicios en todo el perímetro de la plaza, los asientos están malogrados y muchos de ellos tienen fierros expuestos, los postes de alumbrado público tienen muchos de sus cables expuestos y representan un peligro para los más pequeños.
La situación de abandono es aún más complicada en los demás vecindarios alejados del centro del distrito, demostrando así una falta de principio de autoridad y capacidad de gestión. (R. Graicht)

“Cohetón” le explota en la mano

Un niño de solo nueve años de edad, que jugaba con pirotecnia sin la supervisión de un adulto responsable, perdió dos dedos de su mano izquierda luego que uno de los “cohetones” que estaba manipulando explotará en su mano.
El hecho se produjo en la comunidad de San Juan de Cacao, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, cuando los padres del menor decidieron regalarle a su hijo unos cohetes tipo granada (cohetón) para que jugará con sus amigos, sin imaginar lo que sucedería poco tiempo después.
El menor no supo manipular adecuadamente el artefacto pirotécnico y este término explotando en su mano izquierda, causándole graves quemaduras y heridas. Los familiares del menor lo tuvieron que trasladar de emergencia al centro de salud del pueblo para que sea atendido, pero, por falta de equipos y personal termino siendo evacuado a la ciudad de Caballocha.
En el nosocomio de la ciudad fronteriza, los médicos tuvieron que amputarle dos de sus dedos al menor, el índice y el pulgar, ahora viene recuperándose de manera satisfactoria. No obstante, aún quedas muchos gastos médicos por cubrir y la familia manifestó no tener los recursos económicos para hacerlo, por lo cual, hacen un llamado a las personas que deseen ayudarles a contactarse con ellos a través de la línea telefónica 926 259 782. (R. Graicht)

Pagaron valorizaciones a favor de supervisor de obra con recursos ajenos al proyecto ejecutado

Lo que se evidenció en el informe de control 033-2020 de OCI/municipalidad provincial de Contamana.

Auditoría realizada a la obra: rehabilitación y construcción de pistas y veredas de la calle Malecón Vargas Guerra entre la calle Buenaventura Márquez- calle Samuel Barsesath y avenida Petroperú entre la calle Primavera-calle Alfonso Ugarte, en Contamana.
Monto de la materia de control: s/ 1´998,713.80. Situaciones adversas: la ejecución de las partidas de movimiento de tierra en el frente de trabajo malecón Vargas Guerra, no se vienen ejecutando en forma continua por causas imputables al contratista, generando retrasos en el avance mensual programado.
En el cronograma de ejecución de obra actualizado o diagrama de barras con ruta crítica, los avances programados de las partidas de movimiento de tierras se encuentran en la ruta crítica de cada frente de trabajo, razón por lo cual se debían ejecutar en el plazo señalado en dicho cronograma para no afectar el término programado de la obra; y ejecutar en forma continua, dejando las áreas trabajadas protegidas con toldos, para evitar daños a la compactación por las lluvias de la sub-rasante o de la base granular.
La supervisión de obra viene incumpliendo funciones que afectan el buen desarrollo de la ejecución de obra. De la revisión a la documentación relacionada a los expedientes de valorizaciones de obra n.° 2 y n.° 3, la visita de inspección física a la obra de la comisión de control y otros documentos relacionados a la misma, se advierte que la supervisión de obra ha incumplido funciones propias de su competencia.
Se han construido losas de concreto en la avenida Petroperú sin colocar el refuerzo de acero por temperatura especificado en la memoria de cálculo de pavimento del expediente técnico en detrimento de la calidad de obra a entregar. De acuerdo al expediente técnico de la obra: se indica la colocación de una malla de fierro corrugado de diámetro 3/8” espaciado a 0.30 m en cada sentido, a una profundidad de .05 m del nivel de la superficie de rodadura o nivel de rasante; sin que se haya presupuestado una partida de acero fy= 4200 kg/ cm2, similar a la considerada en las partidas de canaletas pluviales.
Los pagos de las valorizaciones 1, 2 y 3, a favor del ejecutor y supervisor de obra se ejecutaron en parte con recursos ajenos al proyecto al haberse ejecutado la totalidad de los recursos transferidos, generando el riesgo de afectar recursos programados para otros proyectos y actividades.
Al respecto, de la revisión a la información analizada, se ha determinado que según decreto supremo n.° 021-2020-ef de 3 de febrero de 2020, el gobierno nacional autorizó la transferencia de partida presupuestal por s/2´ 215 617,00 a la municipalidad provincial de Ucayali, destinada para la ejecución del proyecto.

Recibieron grupos electrógenos sin aplicación de penalidades

Hubo ampliación de plazo sin sustento comprobado.

Se aprobó ampliación de plazo, sin sustento comprobado, permitiendo que se reciban grupos electrógenos sin aplicar penalidades, ocasionando perjuicio económico a la entidad por s/296, 900, 20.

ermitieron que reciban grupos electrógenos para los servicios eléctricos de Nauta, Requena y Caballo Cocha, sin aplicación de penalidades. El objetivo general de la auditoría fue para determinar si el proceso de contratación directa de adquisición de nuevos grupos electrógenos para los servicios eléctricos de Nauta, Requena y Caballo Cocha se ha realizado de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Entidad sujeta a control: empresa regional de servicio público de electricidad del oriente s.a. Electro Oriente, monto objeto del servicio s/ 296,900.20.
Argumentos de hecho, irregularidades advertidas: Se aprobó ampliación de plazo sin sustento comprobado, permitiendo que se reciban grupos electrógenos sin aplicar penalidades, ocasionando perjuicio económico a la entidad por s/296, 900, 20.
De la revisión y análisis de la documentación relacionada al proceso de contratación directa n.° 004-2018- eo-l, se comprobó que el contratista entregó el grupo electrógeno en el servicio eléctrico de Caballo Cocha después de trece (13) días calendario de vencido el plazo de entrega contractual, situación que conllevaba a la aplicación de penalidades.
Las cuales no pudieron ser aplicadas, debido a que, los propios funcionarios de la entidad aprobaron una ampliación de plazo contractual de quince (15) días calendario a favor del contratista, pese a que, el hecho generador del atraso (demora por el bajo caudal de los ríos en la ruta Pucallpa – Iquitos) carecía de sustento debidamente comprobado, al no haberse acreditado que las causas que generaron la demora hayan sido ajenas a la voluntad del contratista.
Recomendaciones al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la empresa regional de servicio público de electricidad del oriente s.a. comprendidos en el hecho irregular.
Disponer el inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico. Personas comprendidas en los hechos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas: Billy Jackson Arévalo Sánchez y Ángel Rohan Vásquez Pinedo.

Con sentencia justa el Poder Judicial devuelve la esperanza al pueblo de Tamshiyacu.

Sala Superior de Apelaciones de Loreto ABSOLVIÓ a TAMSHI en el caso sin ningún sustento de supuesto tráfico ilegal de madera.

Después de 7 años de difamación y acoso, finalmente se caen las falsas acusaciones de la Fiscalía, Procurador del MINAM y ONGs que perjudicaron a todo un pueblo loretano.

El viernes 18 de diciembre, la Sala Superior de Apelaciones de Loreto, a través de su Ponente, el Juez Guillermo Bendezú Cigarán, dio lectura de la sentencia en la cual se absolvió a los ex funcionarios de la empresa Cacao del Peru Norte y a TAMSHI SAC en el caso sin sustento, de una supuesta comercialización ilegal de productos maderables. Con esta Sentencia en Segunda Instancia la empresa, y las 2,500 personas que dependen económicamente de ella, están absueltas de las falsas acusaciones planteadas por el Fiscal Caraza Atoche y el Procurador del MINAM Julio Cesar Guzmán Mendoza. Se impartió justicia para Tamshiyacu tras varios años de acusaciones sin fundamento que destruyeron las vidas de inocentes y el desarrollo socio-económico de Loreto.
Luego de 7 años de proceso, campañas de desprestigio financiadas por ONGs millonarias, y acoso judicial por parte de la Fiscalía y del MINAM, la justicia llegó para Tamshiyacu, tras el buen trabajo de fondo de los tres eminentes jueces que conforman la ilustre Sala Superior de Justicia de Loreto. Sin dejarse influenciar por indebida presión mediática y solo enfocados a descubrir la verdad para impartir justicia, ellos valoraron el marco legal, revisaron todas las pruebas y llegaron a la única conclusión lógica y jurídica que era posible en este caso: la absolución de los imputados.
La absolución es justa y verdadera porque ni siquiera hubo una sola prueba aportada por la Fiscalía en 7 años de proceso sobre el delito acusado, y porque además la sentencia está en línea con ya 2 resoluciones judiciales firmes del mismo Poder Judicial, en 2015 y 2017, que ostentan condición de cosa juzgada, que ratificaron en este caso que: (i) NUNCA HUBO TALA ILEGAL, (ii) resultaba imposible que las áreas de los predios tengan características de bosques primarios y más aún, se trate de una deforestación en el Fundo Tamshiyacu, (iii) las tierras que componen el Fundo son de uso y aptitud agrícola ya que fueron adjudicados como tales mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años, y por lo tanto, no es exigible la autorización de cambio de uso de suelo y consecuente desbosque.
Con esta sentencia, son ya 3 resoluciones judiciales consecutivas (2015, 2017 y 2020) que descartaron las falsas acusaciones del Procurador del MINAM. Es ahora tiempo que la Fiscalía y el Procurador paren el acoso incesante con recursos públicos con el solo objetivo de avanzar sus intereses personales y perjudicar a miles de loretanos que dependen directa e indirectamente de la empresa. Lo más increíble, es que el Fiscal y el Procurador están preparando un “caso 2” con exactamente las mismas imputaciones. Su actuar, cada vez más cuestionable a la luz de esta tercera resolución judicial ratificando que nunca hubo tala ilegal en Tamshiyacu, está matando una de las más importantes fuentes de trabajo formal en Loreto, destruye el potencial del cacao Loretano, y hacen que los pequeños cacaoteros no venden al precio que podrían lograr en los mercados internacionales por el desprestigio que causan las acusaciones maliciosas del Fiscal y Procurador.
A pesar del marco legal, de 3 resoluciones judiciales y de actos administrativos firmes, el MINAGRI y MINAM (OEFA) continúan intentando desconocer el régimen legal de los terrenos agrícolas adjudicados por el Estado, que ratificó la adjudicación de terrenos de uso y aptitud agrícola hace 20-25 años en la región Loreto y en otras regiones deprimidas del país. El propósito es “expropiar” indirectamente estas tierras dejando a miles de personas desprotegidas y sin la posibilidad de explotar económicamente sus propiedades, desconociendo sus propios actos legislativos y administrativos de titulación de tierras agrícolas, al sostener ahora que esas tierras son de repente “forestales”.
Funcionarios del MINAGRI y MINAM, sin mayor reparo con las consecuencias para la gente quien aspira a una vida mejor con su trabajo, iniciaron gradualmente cambios de criterio ilícitos para avanzar su agenda ideológica en este tema que afecta no solo a miles de personas o empresas agrícolas, sino que también tiene un impacto tremendo sobre el futuro desarrollo socio económico en el sector que emplea más personas en el país y la seguridad jurídica que Perú quiere demostrar para la inversión privada tan necesaria.
El Poder Judicial a través de una resolución firme que ostenta condición de cosa juzgada, reconoció que el Procurador del MINAGRI ejerció abuso de poder para cambiar criterios de interpretación del DL 838, y los informes resultantes fueron declarados ILÍCITOS, INCONSTITUCIONALES Y INDIGNOS DE UN ESTADO DE DERECHO.
Los terrenos que conforman el fundo Tamshiyacu, donde se cultiva uno de los mejores cacaos de fino aroma del mundo en sistemas agroforestales, fueron adjudicados en 1997 por el mismo Estado, ratificando su uso y aptitud agrícola desde 1987. Por ley, el Estado nunca hubiera podido adjudicar estos terrenos si hubieran sido terrenos de aptitud forestal.
La región Loreto, sus autoridades y representantes deben reflexionar sobre quiénes promueven procesos judiciales sin sustento con el dinero público contra las pocas empresas que quieren invertir en la región de manera responsable, con convicción social y ambientalmente sostenibles. ¿Por qué se busca mantener a Loreto en la pobreza extrema y en el subdesarrollo?
Finalmente, los hechos son claros: Nunca hubo comercialización de madera en el Fundo TAMSHI, la Sala Superior de Apelaciones absolvió a TAMSHI SAC e impartió justicia para el pueblo de Tamshiyacu. La empresa intentará seguir adelante, pese a todas las trabas e injusticias impuestas por el MINAGRI, MINAM, OEFA y Fiscalía, velando por el futuro de los más de 2,500 loretanos que forman parte de TAMSHI y la empresa está comprometida a contribuir en el desarrollo de la región Loreto con el cultivo de cacao de fino aroma.
Esperamos que los niños de Tamshiyacu y de las comunidades que integran el programa PAPEC de apoyo a los pequeños agricultores van a poder ver un rayo de esperanza y disfrutar de su Navidad que fue dañada por el actuar brutal del OEFA y de la Fiscalía.(NP)

Contratista GEPSI SELVA SAC inicia denuncia penal contra gerente de Electro Oriente

Abogados de empresa ganadora develan escandalosa decisión de funcionarios.

Revelan que solo para declarar nulidad del contrato designaron un nuevo asesor legal, nuevo miembro de Logística y han destituido al gerente de Administración.
Hacen caso omiso a informe de OSCE supervisora del Estado, donde dice que no hay ningún vicio que acarree nulidad del proceso.

Sin tener en cuenta la reciente respuesta técnica de OSCE, de cuya exposición se deriva a que no existe razón para anular el proceso de licitación, este fin de semana, declararon la nulidad del contrato a la empresa GEPSI SELVA SAC, que de forma inmediata inició denuncia penal contra el gerente de Electro Oriente, Martín Salazar Rojas.
Los abogados defensores de la empresa contratista se han referido a los hechos concretos de lo que han calificado como una escandalosa irregularidad, entre ellos el abogado David Perea Sánchez.
En tanto que la versión oficial de la empresa Electro Oriente sobre este caso, no se ha podido conseguir hasta la fecha. Solo el compromiso del presidente del Directorio de que informarán en su “momento”, pero eso no se ha ocurrido todavía, en aras de la transparencia de la información.
De su parte, la empresa contratista precisa sobre ciertos hechos con los que argumentan sus acusaciones. Primero: hay un correo de un miembro del Directorio que le manda al Gerente, donde le da su opinión en el sentido de que debe declarar la nulidad de esta licitación.
“Esto es muy grave en sí mismo, porque los miembros del Directorio no tienen ninguna función ejecutiva”. Aunque los miembros del Directorio pueden destituir al Gerente. Consideran que “Si el miembro del directorio le dice eso al Gerente es claramente una presión, una coacción”, opinaron.
Segundo: existe el hecho reciente de destituir a varios funcionarios, entre ellos al gerente de Administración y al asesor Legal, al Logístico, que en su momento le han dicho al Gerente que anular ese concurso es un delito. “No le ha importado, igual los han destituido a todos y ha declarado la nulidad del contrato”.
Evidencia hay un delito y podría haber otros que se pueden ir configurando, “pero un delito clarísimo es el de la negociación incompatible, que se produce cuando un funcionario público interviene en un proceso indebidamente, para favorecer a alguien o para causar daño o perjuicio a alguien”.
La característica de este delito es que no se requiere que ese favorecido todavía sea identificado, basta con que hayan intervenido para favorecer a alguien. “Esta claro que a lo largo de este proceso el Gerente de Electro Oriente ha actuado con la clara intención de favorecer a alguien indebidamente violando la ley”.
A la contratista se le notificó para que firmara el contrato. “La empresa fue, firmó el contrato y el Gerente dijo que lo iba a firmar. Al día siguiente sin embargo y hasta el día de hoy no ha firmado el contrato. Por el contrario, inició un proceso de nulidad sin ningún fundamento”.
La defensa reiteró: “Nosotros sostenemos que estamos ante negociación incompatible, porque esta nulidad es absolutamente ilegal, pero además, se ha realizado un serie de actos que demuestran la intención de declarar la nulidad contra viento y marea, seguramente para dárselo a otro proveedor y nosotros también actuaremos inmediatamente cuando aparezca”.


Existe también el informe del Abogado de Asesoría Legal que le dice al Gerente que no puede anular, que la nulidad es ilegal, y sin embargo aun así la anula.
Acentúa la defensa que “Los funcionarios públicos no pueden actuar arbitrariamente porque se les antoje, perjudicando a la gente. Además, aquí no solamente es perjudicado evidentemente el proveedor, aquí está perjudicando a la ciudadanía, porque esta es una empresa que brinda seguridad”.
Indicaron que “van a iniciar una acción penal contra el Gerente y los que resulten responsables, que son varios, entre ellos miembros del Directorio, así como el nuevo asesor que ha hecho un informe claramente contrario a la ley, solo para facilitar la decisión que ha tomado el Gerente. También han designado un nuevo miembro de Logística solo para declarar la nulidad de un contrato”.
Finalmente señalan que “todo esto demuestra que estamos, por lo menos, ante un delito de negociación incompatible, que esperamos que la Fiscalía actúe rápido porque el delito tiene que perseguirse y este es un delito de corrupción. Y vamos a exigir al Ministerio Público actúe velozmente para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Loreto”. (DL)

Interpondrán otra denuncia contra el gobernador de Loreto y gerente de infraestructura

Tema de las cartas fianza entregadas por entidad financiera no autorizada, también fue dado a conocer por la Contraloría de la República.

Carta fianza fue emitida por cooperativa NO autorizada para emitir garantías, pero les valió a las empresas constructoras a fin de firmar contratos millonarios, por lo que interpondrían denuncia penal contra el gobernador Elisbán Ochoa, así como contra el gerente de infraestructura, funcionarios de tesorería, contratistas y los que resulten responsables.
Puntualmente, la fuente se refiere al contrato hecho para la obra “Mejoramiento del Colegio Melvin Jones”, cuyo Buena Pro fue entregada al “Consorcio Alianza Perú”, con su representante legal Miguel Ángel Avilés García. Costo de la obra: 7 millones 482 mil soles.


El contrato incluye necesariamente lo señalado en el Art. 32. 32.3 Garantías, en ese orden, el artículo 33. 33.11, remarca las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos (adelanto directo, adelanto de materiales).
Según el SEACE el Consorcio Alianza Perú, conformada por la empresa AVIPEL Cont. Y Const. Gen.Sac. –JBC Contratistas Generales y L y M Constructores Sac; representado por Miguel Ángel Avilés García, para la firma de contrato y acreditar la garantía de fiel cumplimiento, presentó la Carta Fianza 034-09-2019/CACF emitida aparentemente por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. FINANCOOP por 748 mil 214.70 soles (10% del monto total de la obra).
Indicando que la carta mencionada no reunía los requisitos señalados en la ley de contrataciones del Estado, ya que la cooperativa que emitió la misma no estaba autorizada para emitir fianza en el marco de contrataciones públicas con el Estado, toda vez que dicha entidad financiera que no se encuentra autorizada por la SBS y AFP para emitir cartas fianzas al No acreditar la clasificación B superior, indispensable para dicho fin.
Así ha sido el pronunciamiento de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ante la consulta efectuada, mediante oficios 9844-2020-SBS y Oficio 20812-2020-SBS. Además, el contratista solicitó el adelanto de 711, 071 soles presentando carta fianza 000277-2019-CACF, y para materiales por 1´373 mil 326 soles, presentando carta fianza 000044-2019-CACF, ambas emitidas por la misma cooperativa de ahorro y crédito Ltda. FINANCOOP con Ruc 20479102776.
El responsable de interponer la denuncia penal, mencionó que ante las irregularidades presentadas la entidad debió devolver las cartas fianza presentadas por el consorcio, por haber sido emitidas por una cooperativa que no estaba autorizada por la SBS. Por lo que finalmente denunciará al gobernador, al gerente de infraestructura, tesorero, contratistas y los que resulten responsables, ante el ministerio público.