Contamana reporta tramitación de obra en tiempo récord

  • Hecho se compara únicamente a la obra del mercado Modelo que salió por “un tubo”.
  • Consejero regional César Humberto Urquía Ramírez, hizo grave denuncia.
  • Será interpuesta ante la Contraloría Regional y el Ministerio Público.
  • Involucrado el actual gerente de la sub región Ucayali-Contamana.

El consejero de Ucayali-Contamana, es técnico administrativo y antes laboró en la sub región, así como en la municipalidad de Ucayali, en el área de logística. Señala que no estuvo envuelto en denuncias por corrupción, lo que le valió para que la población lo elija como su representante.
Muy grave la denuncia que acaba de entregar al área de asesoría jurídica del consejo regional, para luego elevarla a la Contraloría Regional y el Ministerio Público. Gruesa denuncia debidamente sustentada con todos los documentos del caso y testimonios de algunos trabajadores que luego han querido cambiar de versión, empeorando su situación.
El actual gerente de la sub región es el Prof. Mario Alberto Cruz Díaz, y todo apunta a que tendría alguna responsabilidad respecto a 4 cuadras de veredas peatonales por las que se canceló 129,479 soles. Obra que habría sido tramitada y pagada en un solo día. Situación se asemejaría a la obra del mercado Modelo, que llevó a prisión al ex gobernador Robinson Rivadeneyra y generó que otros 4 personajes que tramitaron dicha obra, ahora estén huidos de Loreto.
“En el marco de nuestras actividades programadas en la provincia, me encontré con varios integrantes del Frente Patriótico de allá, que preside Eliseo Inqueltupa Huallas, quienes solicitaban información sobre la construcción de cuatro cuadras de veredas peatonales de la calle “Moisés Rengifo” a un monto de 129 mil 479 soles.
Se revisó el expediente de contratación para esa obra. Cada bolsa de cemento costó 27 soles, se sacó presupuesto en bases a 1,500 bolsas lo que hacía 40 mil 900 soles. Entonces, solo ahí se tiene qué por el monto gastado, ese trabajo debió sacarse mediante un proceso y no ser entregada de manera directa a la empresa: “Constructora y Servicios Múltiples San Martín EIRL”.
El ingeniero de planta, el gerente de infraestructura Jean Carlo Gamarra, solicitan que se adquieran los materiales al 100% y así evitar riesgos en la actividad de construcción. Lo que se hizo el 1 de abril del 2019. Ese mismo día 01 de abril fue derivado a su jefe el gerente a las 12 y 30 de la tarde.
Automáticamente pasó a la oficina de administración y se derivó al área de abastecimiento ese mismo 1 de abril. Todo con un solo estudio de mercado, con una sola proforma de fecha 29 de marzo. Dieron la certificación presupuestal ese mismo día (1 de abril) a la una de la tarde. Todos los trámites se hicieron ese uno de abril en tiempo récord, ni acá en el gobierno regional son tan “efectivos” como allá”, dijo sarcásticamente el consejero.
Agregó que se extendió el cheque para el pago ese mismo uno de abril 2019, sin que haya un informe técnico de la obra donde se señalara la conformidad de la obra o la recepción de los materiales.
“Pese a eso, ya estaba la factura, las guías de remisión, la orden de compra, se hizo los memorándums, comprobantes de pago y, la impresión del cheque ese 1 de abril a nombre de la constructora. Junto al frente patriótico de Contamana, fuimos al almacén a verificar si habían ingresado los materiales.
Estaba Samuel Arancibia Mori, jefe de almacén, quien nos dijo que NO había ingresado los materiales al almacén de la sub región. ¿Por qué firmó entonces la pecosa como almacenero y las guías de remisión? Se le preguntó y respondió que lo hizo porque le obligó a firmar la parte administrativa y el gerente encargado, y que si no firmaba lo retiraban del cargo.
Pagaron 8 mil soles por adquisición de Hormigón para la obra, se ha recorrido todo el almacén y donde harían la obra y nunca hubo hormigón ¿qué pasó se evaporó el hormigón? Yo estoy procediendo a entregar todos los documentos reales para que de inmediato se tomen las acciones correctivas y no solo eso, que los entes encargados investiguen y sanciones a los funcionarios involucrados en estos actos de corrupción”, remarcó Urquía Ramírez.

Cirilo Torres Pinchi en busca de la prescripción de su delito que le llevó a apropiarse de más de 15 millones de soles

  • Desde 1999, año en que se dieron los hechos ilícitos, ex funcionario se encuentra prófugo de la justicia.

Renovación de orden de detención, dictada por Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial de Loreto, motivó a que Cirilo Torres, ex Director Regional de Educación de Loreto, presentara, esta semana, un habeas corpus donde fundamenta que delito que se le imputa prescribió, por lo que tal medida atenta contra su persona.
Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba admitió a trámite habeas corpus de Cirilo Torres, reconociendo que delito de peculado prescribe a los 16 años y no a los 24 como fundamenta la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Loreto.
Actuación en contra de la impunidad. Esta semana, los Jueces Superiores Titulares de la Sala Penal Liquidadora (SPL), Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, Carlos Alberto Amoretti Martínez y Pascual Ceberino del Rosario Cornejo fueron notificados de una demanda de habeas corpus en su contra, interpuesta por Cirilo Torres Pinchi, personaje del ámbito regional que se dio a conocer por la apropiación ilícita de 15’519,722.72 soles de los caudales de la Dirección Regional de Loreto, en los años 1998 y 1999, cuando detentaba el cargo de funcionario público para dicha entidad, cometiendo delito en contra de la administración pública, en la modalidad de peculado, y quien –actualmente- a casi 20 años de los hechos ilícitos continua prófugo de la justicia, y que, paradójicamente, a pesar de tener esa condición de reo contumaz, ha demandado ante la Corte Superior de Justicia de San Martín se respete su derecho a la legítima libertad, alegando que el delito que se le imputa ha prescrito. Pero lo más cuestionable es que la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba haya admitido a trámite el habeas corpus de este ex funcionario público.
La problemática de esta situación radica en que el Poder Judicial si bien es un organismo autónomo, mantiene la aplicación de criterios jurisprudenciales uniformes en distintas materias (civil, penal, constitucional, etc.) que guían su accionar en la aplicación de la justicia. No obstante, en este mismo sistema, cuyos elementos debieran funcionar en coherencia con las normas y leyes, se ha generado una potencial interpretación errónea de las mismas por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de San Martín, que contraviene con la actuación desempeñada por el colegiado de la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Loreto respecto al caso del señor Cirilo Torres sobre quien dictaminaron, para el presente año, la renovación de la orden de detención por el proceso penal que tiene pendiente y que data del año 1999, el cual como señaláramos precedentemente ha supuesto un perjuicio patrimonial en contra del Estado y cuya suma es de varios millones de soles.
De acuerdo a lo consignado en el habeas corpus de Cirilo Torres, el dictamen de dicha detención se basa en “sindicaciones y presunciones no corroboradas con pruebas objetivas hasta la fecha”, indicando además la necesidad de declararse y ordenarse la prescripción penal, toda vez que tal dictamen amenaza y atenta contra sus derechos “regulados en el numeral seis, trece y último párrafo del artículo 25° del Código Procesal Constitucional”, indicando que el plazo de prescripción es de 16 años.
Mientras que, en coherencia con lo que establece el artículo 387° del Código Penal, y que fue también referido por el magistrado Del Piélago Cárdenas en entrevista para esta nota, se indica que: “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le esté confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”; por lo que, tratándose de evaluar la prescripción ordinaria y extraordinaria regulada en el artículo 80° y 83° del Código Penal, respectivamente, se precisa tomar en cuenta el extremo máximo del tipo penal, esto es, ocho años. Al mismo tiempo, a esta suma del plazo de prescripción, se considera el último párrafo del artículo 80° del Código Penal vigente a la comisión del delito, el cual consigna al respecto: “En casos de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado u organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica”; lo cual la SPL de la Corte de Loreto aplicó para párrafo Cirilo Torres; considerando, a su vez, añadirse a este plazo de 16 años, la mitad de tiempo del mismo, es decir ocho años, decisión en apego de lo que establece norma, la cual señala que cuando el Ministerio Público ha realizado actos de postulación que han interrumpido el plazo de prescripción, consecuentemente, aplica la prescripción extraordinaria cuya sumatoria total corresponde a 24 años para que prescriba el delito de peculado.
En tal sentido, lo actuado por la SPL de la Corte de Loreto pondría en evidencia la falta de sustento del habeas corpus de Cirilo Torres, cuya prescripción del delito vence en el 2023. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto)

Se desarrolló jornada por la educación para implementar el Proyecto Educativo Nacional

  • Representantes de diferentes sectores sociales desarrollan jornada por la primera infancia en la IE Simón Bolívar
  • Aportes serán insumos importantes para implementar el PEN al 2036

Profesionales de las distintas instituciones públicas y privadas que alternan con niños de la primera infancia, se dieron cita en la IE Simón Bolívar para participar en la Jornada por la Educación en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036 (PEN al 2036).
Los aportes y las conclusiones a los que arribarán los representantes de estos sectores sociales, van a sumarse al de otras para vislumbrar un renovado PEN al 2036, implementada a partir las necesidades y demandas educativas de la ciudadanía de acuerdo a los diversos contextos y realidades en nuestro país.
Sobre el particular, Josefa Ríos Gil, coordinadora de enlace entre la Gerencia de desarrollo Social/GOREL y la DREL, para la construcción del Proyecto Educativo Nacional -PEN, dijo que los profesionales presentes en el evento son actores que trabajan en la primera infancia que luego tendrán la misión de buscar e identificar las necesidades y características para mejorar el servicio educativo desde el Estado. Agregó que también se desarrollaron eventos similares en Caballo Cocha, Requena, Datem del Marañón, Yurimaguas y Maynas, donde se viene llevando a cabo esta actividad.
El UNICEF en el año 1979, identificó como uno de los problemas de la educación en la primera infancia, a la aplicación de modelos pedagógicos no pertinentes culturalmente, concluyendo además que cualquier currículo no es válido para todos los contextos. A partir de éstas y otras consideraciones, el Concejo Nacional de Educación implementa estrategias para validar un PEN al 2036, cuya fortaleza sea la inclusión, materializada mediante el aporte plural e ideológico de la sociedad en su conjunto.
A través de estas acciones se está logrando la representatividad multisectorial, que fijen los lineamientos de la política educativa en nuestro país y garantice una educación de calidad de acuerdo a nuestra diversidad cultural.
(RR.PP/DREL)

Primer Ministro se reunirá con comunidades indígenas para informar avances sobre compromisos en salud, remediación ambiental y otros

  • Representantes indígenas se reunirán este 12 y 13 de junio en la comunidad achuar San Cristóbal (río Corrientes) con la Presidencia de Consejo de Ministros y diversos ministerios para abordar acuerdos pendientes en salud, ambiente, titulación, vivienda y otros.

Tras una larga espera, la Presidencia del Consejo de Ministros finalmente cumple su compromiso de realizar una reunión multisectorial con los y las representantes de comunidades indígenas afectadas por el Lote 192, lote 8 y Oleoducto Norperuano en Loreto.
El Estado, a través de sus ministerios, deberá dar cuenta del cumplimiento de las actas de Lima (marzo 2015), Teniente López (2015), José Olaya (2015) y Nuevo Andoas (2017), firmada con las federaciones FEDIQUEP (del pueblo quechua del Pastaza), FECONACOR (del pueblo achuar del Corrientes), OPIKAFPE (del pueblo kichwa del Tigre) y ACODECOSPAT (de los pueblos kukama y urarina del Marañón, Chambira y Patoyacu).
La mayor expectativa de la población tiene que ver con la presentación del informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre niveles y rutas de exposición a metales pesados e hidrocarburos en la población de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Los y las representantes esperan una respuesta clara sobre por qué hasta ahora el Ministerio de Salud no lo ha publicado y entregado. Esta institución, por medio del Centro de Salud Ocupacional y Prevención para el Ambiente y la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS), se comprometió a publicar y entregar el informe final para agosto de 2018. Sin embargo, solo hizo entrega de los resultados de las muestras en comunidades, y los resultados preliminares generales sobre los niveles de afectación a las federaciones. La publicación del informe final es importante ya que deberá señalar las rutas de exposición a metales pesados e hidrocarburos, con lo que se podrá diseñar una política multisectorial de atención integral a personas expuestas a dichas sustancias, y frenar la exposición.
Además de ello, el sector salud deberá informar sobre cómo han implementado el Plan de Salud Integral en el territorio, y las coordinaciones que se tiene con la Dirección Regional de Salud de Loreto, ya que se percibe que dicha institución estaría incumpliendo con sus tareas para la buena implementación del plan. A su vez, exigirán que dichas acciones sean diseñadas y planificadas con la participación de las federaciones, como está establecido en el acta de Lima.
Otro de los ofrecimientos pendientes del Estado con la población, es la remediación ambiental integral de los territorios. La ley del presupuesto del sector público para el año 2019 (Ley 30879) establece que el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) debe recibir del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 270 millones de soles para la remediación. El 1 de febrero del 2018, el MINEM, en la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, designó mediante acuerdo en acta, 188.4 millones de soles para implementación de los planes de remediación de 32 sitios contaminados por petróleo priorizados dentro del territorio de las comunidades del ámbito del Lote 192. Sin embargo, la transferencia del dinero está pendiente debido a que dichos sectores aún no firman el convenio que lo viabilice. Con esta dilación, la población percibe que el gobierno no tiene voluntad política para poner en marcha la remediación ambiental, una demanda histórica, con lo que demuestra tener poco o ningún respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Además de ello, la población espera respuestas claras sobre las medidas que tomará el Estado respecto a la responsabilidad de la empresa Pluspetrol, operadora del ex lote 1AB (hoy 192) desde el año 2000 al 2015, acerca de abandonar correctamente el Lote, con un Plan de Abandono que incluya la remediación de los 1199 sitios impactados que señala la Resolución Nº 046-2017-OEFA/TFA-SME del Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental (OEFA). Hasta la fecha se han desaprobado dos planes de abandono de la empresa Pluspetrol Norte, porque, entre otras cosas, solo contemplaban la remediación de 49 sitios y no los 1199. Después de la desaprobación de los planes, la empresa tenía una última oportunidad para presentar otro plan de abandono, hasta el martes 4 de junio. En este nuevo plan, la empresa ha listado solo 35 sitios a remediar, desatendiendo complemente el mandato de MINEM de incluir los 1199 y otros sitios más. Por su parte, la población de las cuencas del Corrientes, Pastaza y Tigre, sobre cuyos territorios se encuentran dichos sitios, necesitan una respuesta clara sobre cuándo y quién se hará responsable de la remediación integral de sus territorios, así como la manera en que se garantizará que, para este objetivo, se seguirán las recomendaciones del Estudio Técnico Independiente para la remediación del Lote 1AB, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A su vez, el Estado deberá dar cuenta de los fondos que debe destinar para la titulación de las comunidades y ampliaciones, así como del estado de los proyectos de sistema de agua permanente para las comunidades, y que son ambos parte de los acuerdos del Acta de Lima del 10 de marzo de 2015.

Consulta Previa con irregularidades y medida de protesta en el Lote 192
Otro de los temas que los dirigentes llevan a la mesa de trabajo con el Estado es la Consulta Previa del Lote 192 que, en su primera etapa informativa, ya viene presentando irregularidades. En efecto, los habitantes kichwa del Alto Tigre, organizados en OPIKAFPE, sostuvieron una reunión los días 5 y 6 de junio, donde reportaron la ausencia de instituciones estatales pertinentes que puedan absolver las dudas e inquietudes de la población respecto a las afectaciones de la actividad petrolera para los siguientes 40 años. A su vez, calificaron la información brindada por el MINEM de insuficiente, sobre todo respecto a los criterios que se usaron para la delimitación del lote y que determina la cantidad de comunidades que serán afectadas, así como las acciones que tomará el Estado para que la larga cadena de impunidad que sostienen las anteriores operadoras del lote se detenga, y las garantías para que la siguiente operadora realice sus trabajos cumpliendo altos estándares ambientales y cumpla con remediar los sitios impactados.
Por otro lado, el pueblo quechua del Pastaza, organizado en FEDIQUEP, tenía programada la primera reunión informativa para los días 7, 8 y 9 de junio; sin embargo esta se suspendió debido a que también había ausencia de autoridades competentes y a que la población percibió actos de mala fe provenientes del MINEM, ya que sus funcionarios no explicaron con claridad y transparencia el procedimiento para la etapa de publicidad.
Ante la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones del Estado que tienen a su cargo el proceso de Consulta Previa del Lote 192, los representantes indígenas exigirán al Primer Ministro garantías para que dicho proceso se realice de forma transparente, de buena fe y sin trampas.
A su vez, la comunidad achuar José Olaya, que se encuentra dentro del lote, ha paralizado desde las primeras horas del domingo tres baterías principales. Ello debido a los incumplimientos de los convenios y mala gestión ambiental de la empresa Frontera Energy. Los comuneras denuncian los malos trabajos de contingencia realizados por la empresa, por lo que exigen que el OEFA supervise estos trabajos, sancione a la empresa y garantice su adecuada remediación. También exigen que Frontera cumpla con los convenios que sostiene con las comunidades del lote antes del término de su contrato a fin de año.
(PUINAMUDT/C. Ampuero)

SALA PENAL

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central
EXPEDIENTE: 00090-2008-0-1903-SP-PE-01
RELATOR: LAULATE LOZANO GAMANIEL GONZALO
MINISTERIO PUBLICO: 1ERA FISCALIA SUPERIOR,
POLICIA NACIONAL DEL PERU    : PROCURADOR A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP,
TERCERO CIVIL: OSCAR IRIGOIN, FLORES
IMPUTADO: MALDONADO LOECHE, VICTOR
DELITO: COHECHO PASIVO PROPIO
MORENO CACERES, CHRISTIAN EDUARDO
DELITO: PECULADO DOLOSO
PROCURADOR ANTICORRUPCION,
DELITO: MALVERSACIÓN DE FONDOS.
SOPLIN NINA, TATIANA
DELITO: COHECHO PASIVO PROPIO
AGRAVIADO: FLORES TORRES, JORGE RAMIRO
EDICTO PENAL
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Iquitos, uno de abril Del año dos mil diecinueve.
AUTOS Y VISTOS; Con la Constancia de la secretaria de Sala y relator 2018 que anteceden: Agréguese a los autos; y, CONSIDERANDO: Se RESUELVE: 1. REPROGRAMAR, en la presente causa, seguida contra AMADOR ZULUETA GUERRERO y CHRISTIAN EDUARDO MORENO CACERES, por los delitos contra la administración pública –COHECHO PROPIO en grado de tentativa, en agravio del Estado. 2. Señálese como nueva fecha para la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral de los acusados CHRISTIAN EDUARDO MORENO CÁCERES y AMADOR ZULUETA GUERRERO, para el día MIÉRCOLES DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, la misma que se realizará en la Sala de audiencias de la Sala Penal Liquidadora, sito en Av. Grau N° 320-3er piso- Iquitos; citándose a: 3. Al acusado (SO PNP) AMADOR ZULUETA GUERRERO, a quien se le deberá notificar en JR. GRAU, CDRA. 2 DE PICOTA, y siendo que existe devolución de cédula de notificación en la referida dirección, se le deberá notificar además por edicto penal y edicto web, exhortándole  al referido procesado, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública; haciéndole recordar al referido acusado que se encuentra bajo el expreso apercibimiento de ser declarado reo contumaz y de variarse su comparecencia por la de detención y disponerse su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 4. Al acusado (SO PNP). CHRISTIAN EDUARDO MORENO CÁCERES, a quien se le deberá notificar en PASAJE PORVENIR N° 19, ALA ALTURA DE LA CDRA. 19 DE LA CALLE PUTUMAYO, y a su domicilio procesal, sito en  CALLE MISTI N° 270-IQUITOS,  exhortándole  al referido procesado, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública; haciéndole recordar al referido acusado que se encuentra bajo el expreso apercibimiento de ser declarado reo contumaz y de variarse su comparecencia por la de de detención y disponerse su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 5. CARLOS ALBERTO VELA RIOS, Abogado del procesado Amador Zulueta Guerrero, en su domicilio brindado en el sistema en SINO-PODER JUDICIAL, la misma que es en la CASILLA ELECTRÓNICA N° 78125, requiriendo al referido abogado que por su intermedio, coadyuve para que su patrocinado concurra a la audiencia en la fecha y hora programada; 6. ALEX J. GOMEZ MONDRAGON, abogado de Christian Eduardo Moreno Cáceres, en la CASILLA ELECTRÓNICA N° 68123, requiriendo al referido abogado que por su intermedio, coadyuve para que su patrocinado concurra a la audiencia en la fecha y hora programada; 7. Asimismo, se tiene que los procesados, ahora acusados, son efectivos policiales: OFICIESE, a la Unidad de Personal de la Región Policial Loreto, SITO EN CALLE Brasil 1Era Cdra.-Iquitos, para que disponga la concurrencia o la autorización de los efectivos policiales CHRISTIAN EDUARDO MORENO CÁCERES y AMADOR ZULUETA GUERRERO¸ concurran a la audiencia programada en autos; y dispóngase la notificación en su oportunidad de los siguientes testigos: testigo Oscar Alexander Gálvez Vásquez. Y testigo Dr. Jorge Ramiro Flores Torres. Notificándose. 
SS. DEL PIELAGO CARDENAS.
DEL ROSARIO CORNEJO.
AMORETTI MARTINEZ.
V-3(12,13 y 14)

SUCESIONES

SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CALLE EDILBERTO VALLES N° 702 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ LA SEÑORA: MIRNA ESTHER GONZALES RENGIFO, QUIEN SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DEL QUE EN VIDA FUERA SU HIJO, DON: DIEGO ARTURO ORTEGA GONZALES, FALLECIDO EL 28 DE ENERO DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE IQUITOS, DISTRITO DE PUNCHANA – MAYNAS – LORETO, QUIEN TUVO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NANAY N° 746, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.- INDICANDO COMO LA ÚNICA Y PRESUNTA HEREDERA A LA SOLICITANTE.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTOS DE QUE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(12)F/4341
S/ 20.00

SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AV. FREYRE Nº 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTÓ: DON PAUL MICHAEL GLASTON SANCHEZ, A FIN DE SOLICITAR LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE JUAN LUIS GLASTON RIOS, FALLECIDO EL 05 DE MARZO DEL 2019, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL III IQUITOS ESSALUD, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SIENDO SU ULTIMO DOMICILIO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CASTILLA N°789, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, PARA SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO SUCESORIO Y SE DECLARE COMO UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS AL SOLICITANTE Y A SU HERMANO: SAULO PAULO GLASTON SANCHEZ.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO Y FORMA QUE LA LEY ESTABLECE.
PUNCHANA, 10 DE JUNIO DEL 2019
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(12)F/4339
S/ 20.00

JUZGADO PENAL

NOTIFICACION VIA EDICTO
NOTIFICAR VIA EDICTO A LA PROCESADA JENNY PANAIFO NOLORBE [REPRESENTANTE DE LA MENOR AGRAVIADA] LA RESOLUCION N° 11
JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I
EXPEDIENTE: 00061-2013-6-1901-JR-PE-01
JUEZ: PELAEZ QUIPUZCO ROSA ESTELA
ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB
MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LORETO NAUTA,
IMPUTADO: SANDI HUALINGA, EDINSON
DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)
AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES, EJAP
RESOLUCION NUMERO 11
Nauta, 23 de abril de 2019
ESTANDO, al Acta de Concurrencia suscrita por e especialista de Audiencia que antecede, y el escrito N° 654-2019, siendo su contenido, Téngase Presente  y REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día 19 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A HORAS DIAZ DE LA MAÑANA, la misma que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria sito en la calle Tarapacá N° 617 Nauta, con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados particulares como del defensor público de los acusados, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 2) Para los Defensores Públicos de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno en la sede de Iquitos y Lima. 3) Para la abogada del CEM – Nauta de remitir las copias certificadas pertinentes a su órgano de control. Notifíquese.
V-3(12,13 y 14)

EDICTO PENAL
JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA-Sede MBJ; EXPEDIENTE: 00205-2017-0-1905-JR-PE-01; JUEZ: ALEJO CRUZ WILLIAM LEOPOLDO; ESPECIALISTA: ROCKY RODAS HORNA; IMPUTADO: RAMIREZ MANIHUARI, FREDI; DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD); AGRAVIADO: G E, RF.- El Juez ha ordenado se notifique mediante edicto judicial al imputado RAMIREZ MANIHUARI FREDI con la RESOLUCION NUMERO: TRES, Requena, veintiocho de mayo del dos mil diecinueve.- DADO CUENTA con el Oficio N° 012-2018-JP-FP, remitido por el Señor Juez de Paz de Flor de Punga, mediante el cual devuelve la cedula de notificación N° 244-2018, adjuntando resolución número uno por cuanto el destinatario FREDI RAMIREZ MANIHUARI ya no radica en la localidad de Flor de Punga por espacio de varios años; y siendo que la cedula de notificación no ha cumplido su propósito, PONGASE A CONOCIMIENTO del Representante del Ministerio Publico, a fin de que precise y/o señale su dirección actual y/o de ser el caso exprese el desconocimiento del actual domicilio del procesado. Sin perjuicio de ello, y a efectos de garantizar el derecho de defensa tomando conocimiento de los actuados, se dispone se notifíquese al imputado FREDI RAMIREZ MANIHUARI mediante Edicto Judicial, adjuntando resolución uno de autos. RESOLUCION NÚMERO: UNO Requena, diecisiete de enero Del año dos mil dieciocho.- DADO CUENTA, con la acusación directa remitida por el Representante del Ministerio Público, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El artículo 336º inciso 4 del Código Procesal Penal, prescribe: “El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”; sin embargo, no regulando el cuerpo legal citado, un procedimiento específico para la tramitación de la acusación directa, a efectos de no generar estados de indefensión, como así lo dispone el artículo IX del título Preliminar del Código Procesal Penal, y en atención a lo solicitado por la Representante del Ministerio Público, corresponde otorgar al caso de autos, el trámite previsto en el artículo 350º del Código Procesal Penal referido a la notificación de la acusación en el proceso común, para que, de ser el caso, en el plazo perentorio de 10 días útiles puedan por escrito: a) observar formalmente la acusación, b) deducir excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de oportunidad, f) ofrecer prueba para el juicio, g) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, h) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio, todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. i) Asimismo se pone en conocimiento que la parte agraviada, tiene diez días hábiles para solicitar su constitución en actor civil a partir del día siguiente de notificada la presente resolución a efectos que pueda solicitar su constitución en actor civil. SEGUNDO: El plazo de absolución de DIEZ días, se computara –sin excusa alguna- a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, con prescindencia de la variación del abogado defensor del acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, por lo que, por ésta vez, se le notificara al acusado en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar. Por éstas consideraciones, SE RESUELVE: CORRASE TRASLADO de la acusación fiscal a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS UTILES, a efectos de que puedan presentar por escrito los medios de defensa antes precisados para su debate en la audiencia preliminar de control de acusación la cual se realizará obligatoriamente con la concurrencia del representante del Ministerio Público y abogado defensor del imputado (de libre elección del imputado o defensor de oficio nombrado por el juzgado). DÉSE cuenta al vencimiento del plazo. NOTIFIQUESE a los sujetos procesales.- Asimismo se recabe la ficha de datos personales del RENIEC y adjuntar en los actuados. Edicto firmado y autorizado por el Especialista Abog. Rocky Rodas Horna y el Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Requena.
V-3(12,13 y 14)

JUZGADO FAMILIA

EDICTO JUDICIAL
Ante el Segundo Juzgado Especializado de Familia de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Juez Betty Magallanes Hernández, Especialista Legal Melissa Valles Fernández, Expediente 02191-2019, en los seguidos por Claudia Lucia Macuyama Pezo contra Manuel Giovanny Sanango Dutan y el Ministerio Público sobre Divorcio por Causal, mediante RESOLUCIÓN UNO, de fecha Seis de Junio del año 2019 se RESUELVE: “ADMITIR a trámite la presente demanda por DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO, interpuesto por CLAUDIA LUCIA MACUYAMA PEZO contra MANUEL GIOVANNY SANANGO DUTAN y el MINISTERIO PÚBLICO, dentro de la vía del Proceso de CONOCIMIENTO; por lo que se ordena conferir traslado de la demanda a los demandados por el plazo de TREINTA DÍAS, a fin de que absuelvan la presente acción, bajo apercibimiento de ser declarados en REBELDÍA; asimismo, téngase por ofrecidos los medios probatorios y agréguese a los autos los anexos que se adjuntan”. Adicionalmente, “CUMPLA esta parte con realizar los EDICTOS en forma física en el Diario “El Peruano” y “La Región”, por el plazo de tres días consecutivos, bajo apercibimiento de declararse curador procesal conforme al artículo 435° del Código Procesal Civil”.- Lo que se comunica para fines de Ley, conforme lo dispuesto en el artículo 167° del Código adjetivo.- Iquitos, 10 de junio del 2019.- Jorge Miguel Antonio Arenas Valencia – Abogado – CAL 24804.- Melissa Valles Fernández.- Especialista Legal.- Segundo Juzgado de Familia de Maynas.- Corte Superior de Justicia de Loreto.
MELIZA VALLES FERNANDEZ
Secretaria Judicial
2° Juzgado Especializado de Familia de Maynas
V-3(12,13 y 14)B/2922
S/ 108.90