Policía inaugura III Curso en Técnicas y Manejo de Vehículos

  • Serán preparados 50 agentes policiales de las diversas unidades

Uno de los factores preponderantes para que los efectivos policiales logren cumplir una destacada labor en bien de la seguridad ciudadana, es sin lugar a duda su permanente capacitación y especialización en materias propias de su función.

Es por ello que el Comando de la Región Policial Loreto, a través de la Unidad de Educación y Doctrina, ha iniciado la ejecución de cursos de capacitación orientados a nuestros custodios del orden con la finalidad de tenerlos debidamente preparados; todo ello, en busca de efectivizar la operatividad policial en su inagotable búsqueda por reducir considerablemente el índice delincuencial en esta parte de nuestro país.

Uno de estos medios educativos policiales es el III Curso de Capacitación en Técnicas y Manejo de Vehículos, inaugurado el día de ayer en horas de la tarde en la Sala de Conferencias de la IV Macro Región Policial Loreto, el cual estuvo presidido por el coronel Juan Silva Bocanegra.

En su oportunidad, el alto oficial de la PNP en Loreto, al declarar inaugurado el curso, dijo que los suboficiales participantes en este evento académico, al concluir su proceso, verán fortalecidas sus condiciones profesionales, quienes ejecutarán sus labores funcionales con un enorme potencial en la unidad que les toque trabajar.

“Las congratulaciones a los 50 efectivos PNP que participarán en esta importante gestión académica mediante una destacada gama de docentes que serán los que desarrollen el Plan Curricular establecido para efectos de este curso de capacitación”, sostuvo el oficial.

(C. Ampuero)

El principio de proporcionalidad – Las penas y La casación  Nº 335-2015 del Santa

Por:  Aldo Nervo Atarama Lonzoy

 

 

  • Contra las penas draconianas del Código Penal.

Esta sentencia de Casación emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema de la República, está referida a la aplicación de una pena concreta a partir de la aplicación del Principio de Proporcionalidad que es un mandato constitucional, pero sobre todo es una sentencia que, siendo para ser aplicable a un caso concreto, sin embargo, cuestiona todo el sistema de penas del Código Penal actualmente vigente como lo evaluaremos más adelante.

Se trata de una supuesta violación sexual a una menor agraviada de trece años y veinticinco días de edad, en relaciones sexuales “consentidas” con un sujeto de diecinueve años de edad, es decir con responsabilidad restringida de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Penal; sin embargo, en dicho artículo prohíbe esta supuesta responsabilidad restringida a los involucrados en delitos de violación de la libertad sexual, pero la Suprema Corte a través de la Sala Permanente haciendo control de Constitucionalidad, establece que no puede dejar de aplicarse este criterio de responsabilidad restringida a este infractor. Asimismo, inaplica la pena tasada del Artículo 173 Inciso 3º del mismo cuerpo de leyes, cuya sanción es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años de pena privativa de libertad y le impone cinco años de pena privativa de libertad.

Tácitamente cuestiona el sistema de tercios de la pena que se ha convertido en una “Novedad del Derecho Penal”, como si el derecho fuera matemática, que no lo es, aunque siempre requiramos de ellas, pues el derecho es razonamiento, el derecho es sistema de control social, el derecho es diferente a las ciencias sociales, es diferente a las ciencias abstractas es una ciencia muy sui géneris, que tiene que ver con personas, con seres humanos a quienes debe poner por delante por los mandatos no solo de las normas internacionales de derechos humanos, sino por las mismas normas nacionales como la Constitución Política del Estado, cuando en su artículo primero establece que la persona humana, está por encima de la sociedad y del Estado, es decir que  el principio “Pro Hominis” que se desarrolla desde que se promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha ido concretizando en las diversas disposiciones legales internacionales del ámbito regional como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sobre el caso concreto diremos muy poco, pues como lo mencionamos se trata de una relación consentida entre una pareja de enamorados que con su voluntad y consentimiento tiene relaciones sexuales, ella de trece años y veinticinco días y el de diecinueve años de edad, su edades etarias permite hacer el razonamiento a la Sala Suprema de que no ha existido violencia, que no ha existido daño psicológico a la menor agraviada puesto que estas relaciones sexuales no han sido casuales, ni de momento, sino por el contrario producto de un sentimiento de afectividad, de una relaciones que se proyectaba al futuro como pareja como unión de personas hacia una familia, y por supuesto que se evalúa que la menor no estaba en capacidad de prestar consentimiento de estas relaciones, pero se evalúa lo volitivo y los valores que están en juego en situaciones de esta naturaleza. No hay la intención de relaciones sexuales fugaces, sino unas estables, pero la prohibición legal es aplicable, incluso la tipicidad del delito lo confirma la Sala Suprema, pero solo confirma la pena de cinco años de privación de libertad al infractor haciendo valoración del principio de proporcionalidad contenido en la Constitución Política del Estado en la Segunda parte del artículo 200 y dispone que estos principios aplicados son de obligatorio cumplimiento para los jueces de la República, es decir no se deje de aplicar la no prohibición de la responsabilidad restringida a los involucrados en delito que cuenten entre dieciocho y veintiún años de edad, así como la necesidad de hacer un  control de la penas que están previstas en el Código Penal a partir del principio de oportunidad, que debe aplicarse lo que está en nuestra norma sustantiva. la pena debe corresponder a la responsabilidad del delito, esto es que las penas abstractas que están contenidas en nuestro Código Penal están inflacionadas, que no son las que corresponden proporcionalmente a la protección de bienes jurídicos de acuerdo a lo que la propia sociedad valora como importantes, pues hace una comparación con el bien jurídico más importante como es la vida cuya penalidad es entre seis y treinta años de pena privativa de libertad, y sin embargo, bienes jurídicos de menor valor, jurídico tal vez, en esta comparación tiene penas mayores, indudablemente producto de la coyuntura de violencia social.

Por si acaso, y vale la aclaración, esta Casación no pretende despenalizar, ni propiciar las relaciones sexuales con menores de catorce años de edad, pues manifiesta que si es un delito tener relaciones sexuales con personas incapaces, y por ello es que sí lo sanciona al infractor, pero lo hace con una pena que le permite resocializarse, reincorporarse a la sociedad sin malograrle su proyecto de vida, pues la Sala Suprema considera que la finalidad de la pena es  la resocialización, la venganza, como algunos creen, sino que el que ha infringido la ley, sea sancionado pero con una pena proporcional al delito, proporcional al hecho cometido y no con una pena simbólica como en la mayoría de casos que tiene penas altísimas y que hacen perder la perspectiva de la reforma que es el fin de la sanción.

Establece la Casación en su numeral décimo Tercero, que estamos frente a la colisión de dos principios, el principio de legalidad, previsto en el artículo 2º, inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Estado que señala “Que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, con la infracción punible; ni sancionado con penas no prevista en la ley”, y el Principio de Proporcionalidad, contenido como ya lo hemos dicho en el artículo 200 de nuestra Constitución y en artículo VIII del Código Penal que señala : “la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho” y de Resocialización del reo, prevista en el artículo 139º, inciso 22º, de la Constitución Política del Estado, así como el principio convencional de prohibición de penas (o tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizados en el artículo 5.2 de la convención Americana de Derechos Humanos (en adelante  CADH). Cita textual de la misma casación).

Asimismo, continúa dicha Casación. El principio de resocialización del penado, consagrado en el artículo 139.22 de la Constitución, exigen que las penas se orienten a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Si bien el precepto constitucional se refiere al régimen penitenciario; sin embargo, no puede pasar desapercibido que también es un mandato dirigido al legislador penal, respecto a la creación de delitos y penas, en especial a las clases de penas y sus magnitudes, ya que solo el régimen penitenciario cuente con penas desocializadoras podrá alcanzar su fin resocializador. El régimen penitenciario no puede considerase al margen del sistema penal ni de la actividad legislativa en materia penal, dado que para que haya “reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado”, debe haber primero leyes que permitan y promuevan la resocialización…. Justamente, el artículo 5.6 de la convención Americana de Derechos humanos prescribe “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”, por lo que el mandato constitucional referido al régimen penitenciario, deberá ser interpretado sistemáticamente con este precepto convencional a fin de dotarlo de pleno sentido y valor. Lo que nos está diciendo la Casación es que las penas tienen por finalidad la resocialización, la Reeducación y la reincorporación del penado a la sociedad, es evidente que este fin se pierde de vista cuando las penas no son proporcionales o racionales en cuanto a su relación con el bien jurídico protegido y la sanción que abstractamente está contenido en el tipo penal, esto es y lo traduzco en cuanto a lo que dice la casación en palabras entendibles las penas que aparecen en el Código Penal están súper inflacionadas, es decir se están sobre protegiendo los bienes jurídicos con penas altísimas, como si ello fuera la alternativa para controlar  el estado de emergencia que se ha generado producto de una creciente criminalidad en determinados sectores sociales; pero una vez más el sistema pretende que el derecho penal solucione problemas sociales. Situación que ya ha sido debatida analizada y establecida por criminólogos, expertos en Derecho penal y procesal penal, la elevación (inflación de penas), no soluciona los problemas de naturaleza social, sino que por el contrario lo que debería es buscarse las causas y resolver éstas, no al revés pretender resolver el fenómeno y no la causa, lo que nos lleva a que se deslegitime el sistema penal que debería servir como sistema de control social para los delitos más graves y de mayor intensidad.

Por ello, se hace necesario e indispensable que los que dicen el derecho apliquen los principios generales del Derecho, del Derecho penal y del derecho procesal en general a fin de controlar esta desnaturalización del sistema, por supuesto que de manera racional, y sobre todo fundamentando su aplicación como lo hizo en su oportunidad la Sala Superior de apelaciones del Santa que aplicó el principio de proporcionalidad para “buscar lograr una concordancia razonable entre la entidad del injusto (lesión al bien jurídico, gravedad o no de las modalidades de ataque, etc.); la culpabilidad (accesibilidad normativa, imputabilidad, etc.) y la entidad de la consecuencia jurídica aplicable, incluyendo, en su ámbito de influencia, la prohibición del exceso. La proporcionalidad implica un equilibrio ideal o valorativo entre el delito y la pena, o de manera más amplia entre el ilícito y la sanción; la cual se asienta en la ponderación fijada por el legislador en una ley (proporcionalidad abstracta), y en la valoración que el juez realiza en el caso concreto (proporcionalidad concreta). Si bien la proporcionalidad abstracta es prima facie complementaria a la proporcionalidad concreta; sin embargo, puede ser contrapuesta en un caso concreto; bien porque el análisis del caso determine la necesidad de imponer una pena menor que la prevista por la ley, o bien sea conveniente imponer una pena por encima del marco penal establecido en la ley; con la particularidad hermenéutica que esta última posibilidad se encuentra excluida en un Estado Constitucional, por mandato del principio de legalidad penal y el principio pro homine (art. 29. De la Convención Americana de Derechos Humanos.

Se reconoce que el principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho sancionador, limita el ejercicio adecuado del iuspuniendi estatal y refuerza el principio de proscripción de la arbitrariedad estatal. Transcripción de la Casación.

En este parágrafo los supremos plantean y manifiestan que es más importante evaluar el principio de proporcionalidad de la pena en relación con el delito cometido, por lo que hace hincapié en la necesidad de que sean los jueces los que controlen esta situación concreta ante un delito, pero de ninguna manera acudir en primera solo a la pena conminada, lo que evidentemente no hacemos porque solo tenemos en nuestra cabeza el principio de legalidad y los demás principios los dejamos de lado.

Y en el próximo párrafo nos plantea que “corresponde al legislador diseñar típicamente los comportamientos antijurídicos y la fijación de los marcos penales abstractos estipulados para cada delito en la ley penal (criminalización primaria), mientras que la labor jurisdiccional se torna significativa y de carácter sumamente delicado, pues sobre ella recae la responsabilidad de la imposición final de la sanción punitiva (criminalización secundaria). Los jueces Penales, en sus diversas jerarquías, deben orientar su actuación funcional justamente a mantener un equilibrio óptimo entre legalidad, el respeto de los derechos fundamentales y la vigencia de los principios constitucionales, entre los que se cuenta el principio de proporcionalidad.”

Es evidente que responsabiliza a los jueces de deslindar entre los principios fundamentales en rigor que se contraponen al momento de evaluar la abstracción de las penas conminadas y las penas concretas que deben estar basadas en la proporcionalidad y razonabilidad pero, basadas en el hecho en concreto, no de manera abstracta, sino en la evaluación que debe hacer el juzgador en el momento de imponer la sanción que no debe ser exclusivamente que la pena que tiene el tipo penal debe ser la que se aplique al sujeto infractor, gran lección de la Sala Suprema, que muchas veces está lejos de ser cumplida por cuanto los jueces siguen pensando en que la pena es lo más importante del tipo penal, y como bien lo ha deslindado la Sala Permanente esta debe ser controlada por los jueces y evidentemente no superar a la responsabilidad del injusto penal, gran responsabilidad para la Judicatura, a la que insta a aplicar la ponderación al momento de sentenciar e imponer la sanción, pues ese es el gran compromiso dentro de un Estado Democrático de Derecho, que se refleja en los compromisos internacionales y que están signados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Entonces, dice la propia casación, “al haber surgido un conflicto entre disposiciones legales y principios constitucionales, así como principios de rango convencional; éstos serán objeto de ponderación… sin embargo, se debe analizar si existe en el caso concreto una sobre criminalización, que redunda en una sobreprotección, en cuanto a la pena establecida para dicho bien jurídico, y si se respeta el test de proporcionalidad, con sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente en sentido estricto”. Es reiterativa la Casación en establecer que se hace necesario e indispensable que el juzgador haga la ponderación de las penas a fin de aplicar realmente la sanción que corresponde por el hecho concreto a partir del injusto penal cometido por el sujeto infractor.

Continua la Casación y por último, para mí, y para efectos de este artículo, vale la pena mencionar lo que reitera la Casación, un derecho humano, como es la libertad puede y debe ser restringido, pues no hemos inventado algo diferente y alternativo a la detención, pero no puede ni debe ser de manera arbitraria y abusiva, sino que debe ser restringido bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, pues es importante reiterar que la Corte Interamericana de Derechos humanos ha sostenido que la restricción (de un derecho humano) debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que lo torne necesario para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Sentencia Yatama C. Nicarahua. 23 de junio 2005 Párr. 206). Esto es que la Sala Suprema emplea mucho los parámetros que nos imponen las sentencias del organismo supra nacional con la finalidad de entender los parámetros que implican los controles de convencionalidad que deben regir nuestro sistema punitivo nacional.

 

Gore Loreto trabaja por los pueblos del interior de la región

  • Importantes proyectos en San Regis y San Joaquín de Omaguas

 

Siempre trabajando por el desarrollo de los pueblos del interior de la región, el gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, se reunió con los alcaldes delgados de San Regis y San Joaquín de Omaguas, a quienes reiteró su compromiso del acta firmada el jueves 02 de marzo del 2017 en todos sus acuerdos, añadiendo cuatro puntos más a una nueva acta que se firmó el 17 de abril.

En el acta firmada ayer, el GORE Loreto se compromete a terminar los estudios de impacto ambiental el 20 de abril del 2017, además gestionar ante la dirección desconcentrada de Cultura de Loreto el certificado CIRA del proyecto. Asimismo, reiteró su compromiso a convocar la licitación de la carretera San Joaquín de Omaguas y la carretera Iquitos Nauta para el segundo semestre del 2017.

El tercer punto es priorizar los estudios definitivos y expediente técnico para la construcción del embarcadero de San Joaquín para lo cual se solicitará los servicios de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para que proporcionen los datos hidrológicos de la zona del embarcadero de San Joaquín.

Asimismo, se ha dado la Buena Pro del proyecto PAFE III Nauta, que se iniciará a fines de abril y culminará en 120 días.

Es preciso recordar que en la anterior reunión se acordó gestionar el terreno ante la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta para iniciar los estudios del estadio de fútbol; así como culminar los estudios del expediente técnico de la carretera San Regis hasta el Kilómetro 75 de la carretera Iquitos Nauta, con presupuesto de inversión, quedando anulada la resolución de ejecución con dinero de gastos corrientes; se elaborará los estudios bajo la modalidad del nuevo sistema de inversión invierte-Pe, para proyectos de puentes Zaragoza-Nuevo Paraíso, Darwin Grández, puente Jirón Lima, AH Loreto en la ciudad de Nauta, con una dimensión de 6 metros de ancho incluyendo veredas de 1 metro; entre otros importantes pedidos y acuerdos.

Fernando Meléndez está interesado en la conectividad y en especial cuando se trata de los agricultores, quienes son los que exigen mayor carreteras que les permita sacar sus productos al mercado local.

 

UNAP elabora instrumentos de planificación efectiva para la acreditación y autoevaluación de programas de estudio

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) viene desarrollando el taller “Elaboración de instrumentos de planificación efectiva para la acreditación y autoevaluación de programas de estudio” que se inauguró el lunes 17 de abril y concluirá el viernes 21, con participación de destacados expositores del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

El vicerrector de investigación, doctor Alberto García Ruíz, inauguró el evento que se inició a las 9:30 de la mañana, y que tiene lugar en el auditorio del CRISAP-UNAP, sito en calle Putumayo 381, organizado por la Oficina Central de Calidad, Acreditación y Certificación Universitaria, cuyo jefe es el ingeniero Ronald Tello Fernández. Contó con la presencia de docentes de las distintas facultades de la UNAP.

El expositor en el primer día de trabajo fue el doctor Eddy Jesús Montañez Muñoz, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), doctor en ciencias e ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en autoevaluación universitaria, en gestión de proyectos basados en PMBOK-PMI, especialista en implementación de Sistemas de aseguramiento de la calidad bajo la metodología Lean Six Sigma, y especialista en gestión y rediseño de proyectos, docente principal de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, evaluador externo del SINEACE, evaluador senior de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), consultor pro calidad para asistencia técnica en procesos de autoevaluación, etc.

El lunes se trataron los temas “Presentación contextual del modelo de acreditación”, “Aplicación de instrumentos para planificar los procesos de autoevaluación, matriz operativa y matriz de requerimientos”; “Evaluación de los factores de gestión estratégica: planificación del programa de estudios, gestión del perfil de egreso, aseguramiento de calidad”.

Hoy martes se tratarán los temas “Evaluación de factores de forma integral: proceso de enseñanza aprendizaje, gestión de docentes y seguimiento a estudiantes”; “Investigación y Responsabilidad social”. Los días siguientes “Evaluación de factores de soporte institucional: servicios de bienestar, infraestructura y soporte, recursos humanos”; “Evaluación de factores de la dimensión de resultados: logros de competencia, seguimiento a egresados y objetivos educacionales”; “Consolidación de instrumentos de diagnóstico”; “Formulación del plan de autoevaluación”; “Especificación de requerimientos, identificación de unidades orgánicas claves”, y finalmente “Formulación del plan de autoevaluación”.

Ministerio Público realiza descargo ante información propalada en medio de comunicación escrita

  • Noticia fue dada a conocer el 10 de marzo

 

La Fiscalía Especializada de Materia Ambiente de Loreto, sede Nauta del Ministerio Público, realiza descargo sobre la publicación en nuestro diario de fecha 10 de marzo del 2017, cuyo título literalmente señala “Denuncian por Inacción e Inoperatividad a Fiscales de la Fiscalía del Medio Ambiente de Nauta”.

En el cual se nombra a la fiscal provincial Paola Tatiana Mendoza del Río y fiscal adjunta Karina Carpio Córdova, a quienes se les indica la presunta omisión de funciones por presunta inoperatividad e inactividad en la denuncia presentada por el ciudadano José Huaycamari Manuyama ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno (OCI) del Ministerio Público de Loreto, jefaturado por la doctora Mery Aliaga.

Según se indica, desde el Ministerio Público, estas afirmaciones son totalmente desatinadas y no concuerdan con la verdad, porque luego de recibir la denuncia desde la Fiscalía Penal Corporativa de Loreto-Nauta, se evaluó dicha acta fiscal y anexos (tomas fotográficas) aperturándose la denuncia y, asimismo, se solicitó a la Oficina Desconcentrada Provincial de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto-Nauta, que actúe.

El informe presentado por la jefa provincial del ODPARA Loreto-Nauta, Kathia Janet García Ayach, concluye que hubo actividad ilícita de quema, encontrándose hornos de carbón, el área afectada de 4.5 hectáreas en dos parcelas (Km 15 y 16).

La Dra. Karina Carpio Córdova, fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Loreto-Nauta, abrió investigación preliminar contra Rafael Ricopa y contra los que resulten responsables al encontrarse el delito Contra los Bosques o Formaciones Boscosas, el cual está siguiendo su curso.

Hay que indicar que ha pasado más de un mes de publicada la información y el descargo se pudo haber hecho en su momento, ya que la denuncia presentada ante la OCI sí existe, tal y como se dio cuenta oportunamente. (Gonzalo López)

Docentes de pedagógicos y tecnológicos de Loreto conocerán nuevo modelo de acreditación

  • Participarán en taller macrorregional de capacitación organizado por el Sineace

 

Cerca de un centenar de docentes de institutos tecnológicos y pedagógicos de las regiones de San Martín, Amazonas y Loreto participarán en el taller macrorregional de capacitación y presentación del modelo de acreditación organizado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), en la ciudad de Tarapoto.

La directora de Evaluación y Acreditación para Institutos y Escuelas de Educación Superior del Sineace (DEA IEES), Pilar Saavedra Paredes, explicó que este encuentro, que se realizará hoy  martes 18 de abril, permitirá dar a conocer cuáles son las fases y procedimientos que deben seguir las instituciones educativas mencionadas para alcanzar la más alta distinción en calidad educativa.

“Lo que buscamos es impulsar una educación de calidad en los institutos tecnológicos y pedagógicos de estas regiones, pero en general de todo el país, en beneficio de los estudiantes que serán los profesionales que participarán en el desarrollo del país. Ese es uno de los objetivos que el Sineace se ha trazado”, dijo.

Asimismo, indicó que se tiene previsto resaltar la importancia del proceso de autoevaluación con fines de acreditación, como un mecanismo que permita encaminar a los institutos hacia la mejora continua, e invitar a los comités de calidad ya conformados a actualizar datos para continuar el proceso con el nuevo modelo.

Por su parte, su par de la dirección de Evaluación y Certificación de Institutos y Escuelas de Educación Superior, Luisa Ramos Yllescas, dará a conocer la importancia de la certificación de profesionales técnicos, proceso que tiene una vinculación directa con la educación, ya que una buena formación tiene una vinculación directa con el desempeño. (Gonzalo López)

Encuentran a bebé muerto en un basural

  • Al parecer, sería de una mujer que se dedicaría al consumo de drogas

No era un feto.  Era un bebé que minutos antes había nacido pero fue arrojado por una persona en medio del basural ubicado en las esquinas de las calles José Gálvez  con 16 de Julio en el distrito de Belén.

Según los vendedores de la zona, la criatura  aún lloraba cuando vieron que un sujeto, al parecer, una persona de mal vivir, le dejó dentro de una caja de cartón cerca de la una de la madrugada de ayer.

Unas madres de familia que se dedican a la venta de productos de pan llevar de esta zona, pensaron que se trataba de los maullidos de un gatito, pero al acercarse se dieron con la ingrata sorpresa que era un niño recién nacido que lamentablemente  ya estaba muerto.

Las personas del lugar dieron aviso a los agentes policiales, quienes llamaron al fiscal de turno para que él ordene a los médicos forenses el levantamiento del cadáver  y su traslado a la morgue central.

Según algunas versiones de los mismos vendedores de la zona, el niño habría sido parido por una mujer conocida con el apelativo de “Shakira”, quien lo trajo al mundo la madrugada de ayer por inmediaciones de la plazuela de Sachachorro, tras cortarle el cordón umbilical, la mujer le entregó al hombre para que luego éste lo llevara a arrojar en el basural. Toda esta versión se dio luego que las señoras preguntaran al mismo sujeto que dejó al niño aún con vida en este lugar.

En lo que va de estas dos últimas semanas, se han registrado hechos que han indignado a la colectividad, tratándose de un feto y una criatura que fueron arrojados en lugares donde se acopia basura sin remordimiento alguno.

Alcaldesa de Pebas inaugura proyecto de electrificación rural y puente peatonal en las comunidades de Palometillo y Cochiquinas

Cumpliendo con su compromiso de ejecutar los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pebas, Sonia Ruth Almeida Vásquez inauguró el proyecto de electrificación rural “Instalación de paneles solares en la localidad de Palometillo”, con una inversión de S/. 146,406.86 Soles, el cual beneficiará a 14 familias, quienes tendrán energía eléctrica no convencional las 24 horas del día. Este sistema de electrificación rural, también llamado sistema de energía solar fotovoltaica, tiene entre sus ventajas que su producción no produce ningún ruido ni contamina el medio ambiente, el periodo de vida útil es de 20 años y su costo de mantenimiento es muy bajo.

Asimismo, y en compañía de las diferentes autoridades del distrito y de la comunidad, se inauguró la obra: “Mejoramiento de Puente Peatonal en la Comunidad de Cochiquinas”, con un monto de inversión de S/. 363,624.75 soles, y que comprende la construcción de un puente de concreto de 76 metros de longitud con techo de calamina y una vereda peatonal de 30 metros lineales.

“Estoy muy contenta porque poco a poco estoy cumpliendo mi compromiso con cada de una de las comunidades del Distrito de Pebas, lastimosamente hemos tenido muchas dificultades al inicio de mi gestión por la caída de los ingresos provenientes del canon petrolero, pero creo que estamos en el camino correcto, hoy vinimos a inaugurar estas obras en Palometillo y Cochiquinas, próximamente haremos lo mismo en Shishitillo, Alan García, Pobre Alegre, Atahualpa y Puerto Rico de Barranquilla, mi compromiso fue cumplir al 100 % con los proyectos priorizados en el presupuesto participativo y así será, les pido un poco de paciencia a todos los pobladores y autoridades de las comunidades, estamos trabajando arduamente para hacer realidad las obras que se necesitan en el Distrito, para eso me eligieron, para trabajar por ellos”, expresó la alcaldesa de Pebas.

Policía fiscal incauta más mil unidades de prendas de vestir

  • Propietario será investigado por la presunta comisión del Delito Contra los Derechos Intelectuales

Agentes de la Policía Fiscal de la Región Policial Loreto, vienen efectuando diversos operativos con la finalidad de combatir diferentes delitos aduaneros, tributarios y demás delitos conexos en la que sujetos inescrupulosos tratan de evitar los controles de ley y evitar el pago arancelario, así como introducir mercadería de dudosa procedencia sin contar con la documentación correspondiente, ocasionando pérdidas al Estado peruano y confusión al público consumidor.

Estas acciones policiales permitieron ayer en horas de la mañana, cuando realizaban patrullaje motorizado en la jurisdicción del distrito Punchana por inmediaciones de la Av. 28 de Julio con calle Piura en plena vía pública, lograron intervenir el vehículo mayor (camión) con placa de rodaje C2F-820, marca JMC, color blanco, rojo, negro y crema; conducido por Robín Lozano Tello (39), en el cual trasportaba diversos bultos (costales de polietileno), in situ verificándose que contenía gran cantidad de prendas de vestir (blusas para damas y biviríes biviríes para niños) de diferentes colores y modelos, varias de ellas llevaban estampados imágenes de las series animadas MINNIE, DOKI, SPIDERMAN, entre otros, y de clubes deportivos de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, los cuales no contaban con autorización para su comercialización; por lo que de inmediato toda la mercadería fue trasladada hasta las instalaciones de la Policía Fiscal a fin de continuar con las diligencias.

A la Unidad Policial se presentó Rodolfo David Huachca Ramírez (50) quien refirió ser el propietario de los tres  bultos encontrados de acuerdo a la guía de remisión de Transporte N° 33195, por lo que en su presencia y con su autorización, los agentes policiales procedieron a la verificación de cada uno de los sacos, los cuales contenía prendas de vestir para damas y niños de diferentes tamaños, colores y modelos, procediendo a la incautación de 827 unidades de blusas estampadas para damas de la serie animada MINNIE.

Asimismo, se logró incautar 148 Unidades de biviríes estampados para niños con la insignia del club deportivo ALIANZA LIMA. 95 unidades de biviríes estampados para niños con la insignia del club deportivo SPORTING CRISTAL y 70 unidades de biviríes estampados para niños con la insignia del club deportivo UNIVERSITARIO DE DEPORTES, así como 60 unidades de polos estampados para niños de la serie animada DOKI y SPIDERMAN CARS, haciendo un total de mil 200 prendas incautadas por presentar logos, signos distintivos de marcas debidamente registradas por terceros, induciendo al error al público consumidor, confundiendo por un original; por lo que el propietario estaría incurriendo en el presunto Delito contra los Derechos Intelectuales – modalidad contra la Propiedad Industrial, lo cual asciende a un monto aproximado de 6 mil 500 soles.

(C. Ampuero)

Profesionales dieron examen para postular a 58 plazas

  • Se realizó concurso CAS 2017 en el Hospital Regional de Loreto

Postulantes a las plazas de CAS 2017 Hospital Regional de Loreto dieron examen, entre médicos, enfermeras, técnicas en enfermería, abogados, tecnológos Médicos, técnicos estadísticos, psicólogos, nutricionistas y técnicos en equipos médicos.

Estos profesionales aspiran mediante exámenes transparentes con presencia de representantes de los sindicatos, ganar una de las 58 plazas ofertadas por el Hospital Regional de Loreto que hasta la fecha ha realizado ya tres concursos CAS.

Por otro lado, se desarrolló el simulacro de sismo en el mencionado nosocomio, donde el personal de salud puso en práctica las recomendaciones de cómo evacuar el local hospitalario durante la presentación de un evento de esa magnitud.

Brigadistas de Emergencias del hospital regional, en todo momento dirigieron al personal de salud y a los familiares de los pacientes  para realizar una correcta y segura evacuación hacia las zonas de seguridad. (Gonzalo López)